LA PRENSA presenta una nueva entrega de la serie de artículos que irán retratando a fondo la persecución de la dictadura contra la Iglesia católica. Los artículos no se publicarán consecutivamente, pero recogen para la posteridad este negro período de nuestra historia.
“A la Iglesia la han descabezado”, dice lacónico el sacerdote que como muchos del clero nicaragüense ha sido forzado al exilio. El presbítero, que accedió a hablar con LA PRENSA bajo condiciones estrictas de confidencialidad, siente que Daniel Ortega y Rosario Murillo están empeñados en, si no destruir, reducir a la insignificancia a Iglesia católica de Nicaragua.
Más de 140 religiosos, desde un nuncio apostólico y pasando por tres obispos, monseñores y sacerdotes de humildes parroquias, han sido obligados a salir del país desde abril de 2018, cuando estalló la rebelión ciudadana que la dictadura aplastó de manera sangrienta, asesinando a más de 325 nicaragüenses, según organismos internacionales y expertos en derechos humanos comisionados por la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas.
La Iglesia denunció los asesinatos, los arrestos ilegales, los juicios sumarios, la represión generalizada, en fin, la violencia con la que actuó el régimen; una violencia que hoy, es consenso de la comunidad democrática de naciones, la dictadura ejecutó cometiendo crímenes de lesa humanidad.
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“Por esa denuncia la Iglesia les estorba”, dice el sacerdote.
Un recuento realizado por LA PRENSA proyecta que en Nicaragua hay al menos 611 clérigos. Los 143 sacerdotes representan aproximadamente el 23 por ciento de todo el clero en la provincia eclesiástica de Nicaragua, compuesta por una arquidiócesis y ocho diócesis.
Todas las diócesis han sido afectadas por la venganza del régimen que se deshace de sacerdotes de diferentes maneras: a algunos los obliga a salir al exilio mediante presiones, a otros, cuando salen del país, no les permite regresar, a pesar de ser nicaragüenses de nacimiento, y en los casos más extremos están los 30 clérigos que fueron encarcelados durante meses para después desterrarlos al Vaticano. La dictadura expulsó en octubre de 2023 a 12 religiosos, y luego, en enero 2024 a 18. En este último grupo estuvieron los obispos Isidoro Mora, de la Diócesis de Siuna, y Rolando Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa.
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Precisamente Matagalpa es una de las Diócesis más golpeadas. “Esta ausencia golpea a toda la provincia. Hay diócesis como la de Matagalpa donde casi la mitad del clero está exiliado. Otras diócesis en problemas son la de Estelí y la Arquidiócesis de Managua. Los curas que quedan son jóvenes, pero están haciendo lo que pueden”, dice el sacerdote.
La operación de la dictadura en contra del clero ha sido quirúrgica. No solo ha expulsado a los más críticos desde el púlpito o desde los medios de comunicación independientes —que están trabajando desde el exilio—, sino que también fueron expulsados los sacerdotes más preparados. Esto fue más evidente en diciembre de 2023, cuando la dictadura realizó una redada de padres en puestos clave, como monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, o monseñor Silvio Fonseca, vicario de Familia y Vida. Matagalpa y Estelí, que son otros ejemplos extremadamente dramáticos, no tienen obispos, tampoco vicarios a nivel de Diócesis.
“La mayoría de los que estamos fuera somos preparados, estudiamos en universidades pontificias en Roma o en España. Monseñor Miguel Mántica, por ejemplo, tiene un doctorado”, explicó el sacerdote.
Otro caso emblemático fue el arresto y posterior expulsión del padre Raúl Zamora, párroco de la Divina Misericordia en Villa Fontana, Managua. Entra la noche de 13 y madrugada del 14 de julio de 2018 su iglesia fue atacada por paramilitares durante 12 horas porque el sacerdote había acogido en ella a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Managua (UNAN) que huían de las balas. El estudiante Gerald Vásquez López murió dentro de la iglesia, después de haber recibido un disparo en la cabeza en las afueras del templo. El padre Zamora dejó sin reparar los agujeros de los impactos de balas en las paredes de la iglesia, como testigos de la brutal agresión.
El régimen también está truncando el relevo generacional
Aunque en la actualidad ya no hay sacerdotes en las cárceles, y la Iglesia ya no se pronuncia sobre temas que puedan molestar a la dictadura, las denuncias de acoso continúan, y la represión parece haber iniciado una nueva etapa, esta vez apuntando a afectar el relevo generacional.
El pasado sábado 27 de julio, el administrador “Ad Omnia” (máxima autoridad en ausencia de un obispo) de la Diócesis de Estelí, padre Frutos Valle, recibió orden de la Policía del régimen para no realizar la ordenación sacerdotal de tres diáconos. Debido a que la cancelación se filtró a los medios de comunicación, la Policía trasladó al padre Valle, de 80 años, al Seminario de Fátima en Managua donde lo dejaron ilegalmente bajo “arresto domiciliar,” ya que no puede salir del recinto aunque no le han formulado ningún cargo ni investigación.
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Pero según el sacerdote y la investigadora Martha Patricia Molina, los seminaristas enfrentan un problema más generalizado, y es que se han quedado sin poder validar y complementar sus estudios del Seminario porque ahora en Nicaragua no tienen una universidad que se los reconozca ni les amplíe la oferta académica. Esto es un desincentivo más para los jóvenes que desean entrar al Seminario en un país donde la Iglesia está bajo asedio.
“No es lo mismo un cura que lo prepara también la academia, con una visión distinta, que viene a complementar la preparación que le dan en el Seminario,” explicó Molina.
Los seminaristas complementaban sus estudios teológicos con estudios en Filosofía y Humanidades en la Universidad Juan Pablo II y en la Universidad Inmaculada Concepción en Managua.
“Los seminaristas tenían la oportunidad de realizar estudios universitarios en las universidades Juan Pablo II que el régimen confiscó y la convirtió en la Universidad Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, y la universidad de la Arquidiócesis de Managua que fue cerrada por lo que llaman disolución voluntaria, una figura que el régimen le ha permitido usar a algunas organizaciones y así evitar la confiscación de sus bienes”, explicó Molina.
El sacerdote exiliado amplió sobre el tema: “La Universidad Juan Pablo II la confiscaron, entonces lo que era la Facultad de Filosofía y Teología del Seminario Nacional de Fátima pertenecía a la Universidad Juan Pablo II, cuando uno terminaba sus estudios, la universidad extendía los títulos, pero como ya no existen, pues sus cursos no los registra ninguna universidad y pues, a la hora de salir a estudiar al exterior se hace más difícil”.
“En el caso del Seminario La Purísima estaba la Universidad Inmaculada Concepción que voluntariamente se disolvió antes que le confiscaran sus bienes, porque un Seminario como ese sería un gran botín para la dictadura”, explicó el padre.
Esos golpes también parecen ser quirúrgicos para causar daños específicos a la Iglesia católica nicaragüense en momentos en que las autoridades eclesiales están alcanzando su edad de jubilación.
La Conferencia Episcopal está diezmada
De los 10 obispos que conforman la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), tres están en el exilio: monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua; monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y monseñor Isidoro Mora, obispo de Siuna.
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Monseñor Abelardo Mata, exobispo de Estelí, fue jubilado por edad en 2021, y el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, así como el obispo de Jinotega, monseñor Carlos Herrera, ya cumplieron 75 años y por límite de edad deben poner su renuncia, aunque el papa puede dejarlos en sus puestos por años, sobre todo si continúan en pleno ejercicio de sus facultades para el cargo.
Esto indica que en un plazo relativamente corto y debido a que se da por un hecho que la dictadura no aceptará el regreso de los desterrados, en Nicaragua se tendrán que nombrar, de seguro, tres nuevos obispos —los retirados por edad— y el Vaticano deberá encontrar la manera de “esperar” a los tres obispos exiliados.
La situación es compleja precisamente por tantos sacerdotes que han sido obligados a salir. “En este momento candidatos no hay, seguramente el papa les va a prorrogar el tiempo al cardenal y al obispo Herrera, pero todo se complica, sobre todo porque no hay nuncio”, manifestó el religioso.
“No vemos en este momento de los presbíteros que están adentro personas que tengan capacidad para ser obispo. Aunque sí hay algunos que quieren ser obispos”, admitió el sacerdote, entre los que mencionó al padre Julio Arana, párroco de la iglesia de San Judas Tadeo, en San Judas, Managua, y al padre Boanerges Carballo, de la iglesia de Santo Domingo en Las Sierritas de Managua. Ambos son señalados como cercanos a la dictadura.
“Ellos quieren, pero yo lo dudo”, consideró el sacerdote. “De todas formas, eso es decisión de la Santa Sede”, agregó.
El cierre de Radio María, único en el mundo
El caso de la represión de la dictadura Ortega Murillo contra la Iglesia católica de Nicaragua se está convirtiendo en emblemático en el mundo.
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Luego del cierre injustificado de Radio María en Nicaragua, a raíz de que el régimen le canceló la personería jurídica el pasado 9 de julio, Vittorio Viccardi, el presidente de World Family —la organización a cargo de la cadena mundial de radios María— dijo desde Argentina que, aunque no es la primera vez que sufren presiones de un gobierno, estas han sido superadas aún en regiones en conflicto como en África o Medio Oriente, donde han podido resolver impasses y seguir operando. Lo que no se logró con la dictadura en Nicaragua que cada vez está más cercana a los regímenes más cerrados del mundo.
