En los días más difíciles de la ola de represión del 2018, el régimen de Daniel Ortega aseguró haber encontrado armas en distintas iglesias católicas. Han transcurrido cinco años y nunca presentaron las supuestas armas. Más recientemente, en mayo pasado, la Policía sandinista aseguró haber sido informada de “actos ilícitos en el manejo de fondos y recursos de cuentas bancarias” de varias diócesis del país.
Hablaron de “cientos de miles de dólares” guardados en bolsas y que habrían sido encontradas en “instalaciones pertenecientes a diócesis del país,” sin especificar cuáles. Hablaron de “lavado de dinero,” sin señalar a nadie.
Han transcurrido seis meses y no se ha presentado el dinero, ni precisado la cantidad, ni informado de ningún avance en las supuestas investigaciones. El sistema judicial no tiene ningún expediente relacionado con el ruidoso anuncio de la Policía orteguista. Lo único concreto que permanece es el congelamiento de las cuentas bancarias de diócesis y diferentes parroquias y aunque estas siguen en su labor, hay muchas limitaciones.
“Hermano, toda Nicaragua sabe que esta gente es especialista en calumniar y en intentar manchar la reputación de todos aquellos que no son sus fieles seguidores, y especialmente de la Iglesia católica”, dijo un sacerdote quien habló bajo condición de permanecer en el anonimato por temor a represalias. “Esta gente no ha parado de conspirar contra la Iglesia católica”.
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El congelamiento de las cuentas bancarias es parte de la amplia campaña sandinista contra la Iglesia, que ha incluido el arresto de varios sacerdotes, incluyendo al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien está recluido en la cárcel La Modelo tras ser condenado a 26 años de cárcel por cargos de “incitación al odio” y “traición a la patria”. Álvarez fue condenado sin juicio, luego que se negó a exiliarse junto con otros 222 prisioneros políticos que fueron enviados a Estados Unidos despojados de su nacionalidad nicaragüense.
El pasado miércoles 20 se supo de la detención, de parte de la Policía del régimen, del obispo de Siuna, monseñor Isidoro Mora Ortega, este sería el segundo obispo, después de Állvarez, preso de un total de 10. Además, la diócesis de Estelí es actualmente “sede vacante” desde la jubilación del obispo Abelardo Mata; y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez se encuentra en el exilio desde abril de 2019. Al momento de publicación de este artículo, ni la Policía ni la Fiscalía habían formulado acusación en contra de monseñor Mora aún no habían presentado acusación en su contra. Lo único que se sabe es que en la misa del martes 19, monseñor Mora dijo que la Conferencia Episcopal estaba unida, rezando por monseñor Álvarez.
Un comunicado sobre “actividad ilícita” y “lavado” que no llevó a nada
El 27 de mayo de 2023, la Policía emitió un comunicado sobre supuesta “actividad ilícita en el manejo de fondos de cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la patria”.
“El resultado de las investigaciones confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por ley congelar, así como otros ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en diócesis de distintos departamentos” del país, rezaba el comunicado.
“La Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero han confirmado movimientos delictivos con fondos que, para la diócesis, han ingresado irregularmente al país y se investigan y se han abierto procesos por todos estos delitos”, señalaba.
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A pesar de la gravedad de los señalamientos, el caso ha quedado paralizado desde entonces y no se realizó acusación específica ni contra sacerdotes, ni contra los funcionarios bancarios que, según el comunicado, habrían ayudado a movilizar los fondos de “las cuentas previamente congeladas”.
Sin embargo, los ataques contra la Iglesia sí continuaron, incluyendo arrestos de sacerdotes a los que no se les señalaba de ningún delito en específico, entre los arrestados estaba el padre Osmán José Amador Guillén, encargado de Cáritas de Estelí.
La Diócesis de Estelí estaba en aquel momento bajo la administración apostólica del obispo Álvarez por orden del papa, tras haberle aceptado la renuncia por edad al obispo Abelardo Mata.
Sin cuentas y cada vez con menos sacerdotes
Ni la Policía ni la Iglesia han precisado el monto total congelado en sus cuentas bancarias. La mayoría de esas cuentas pertenecen a las parroquias, en las cuales se deposita lo recaudado en las ofrendas que los feligreses hacen durante las misas. Otras fuentes de financiamiento de las parroquias incluyen la realización de kermeses, rifas y otros eventos de recaudación de donaciones.
Pero hay al menos dos cuentas que podrían contener más de medio millón de dólares. Una es propiedad de la Diócesis de Estelí, la cual en el año 2012 recibió una donación de 563,206.54 dólares de parte de la fundación caritativa estadounidense Catholic Relief Services, aunque no está claro cuánto dinero del monto original tenía aún en su poder dicha diócesis.
El sacerdote Amador Guillén fue quien recibió la donación. El sacerdote fue arrestado por antimotines el 8 de septiembre, tres meses después del comunicado, cuando irrumpieron en la Catedral Nuestra Señora del Rosario y se lo llevaron. El 18 de octubre, él y otros 11 sacerdotes encarcelados previamente fueron desterrados y acogidos por el Vaticano.
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Aunque nunca hubo un informe detallado del dinero supuestamente incautado por la Policía, el 4 junio de 2023, ocho días después del comunicado, el sitio oficial de régimen, El 19 Digital —que es celosamente supervisado por la vicepresidenta Rosario Murillo—, publicó el artículo “El dinero bajo la sotana”. En una parte el articulista alega:
“En cuanto a los 500 mil dólares encontrados en los sacos: ¿para qué sirve una suma de esa magnitud, teniendo en cuenta la escasa actividad pastoral y los mínimos costes de su funcionamiento? Es difícil convencerse de que estaban destinados a la compra de velas para los fieles; inverosímil imaginar tales sumas para la compra de hostias y vino malo; ridículo, por último, pretender que estaban destinados a la caridad”. Desde entonces, nada más se ha hablado del tema. El congelamiento de las cuentas era otro intento de diezmar a la Iglesia católica.
Además de tener las cuentas congeladas, con esa expulsión de sacerdotes en octubre pasado, el régimen restaba 12 presbíteros más a la Iglesia católica. En total, según Martha Patricia Molina —una abogada nicaragüense que se ha dado a la tarea de publicar un detallado informe de cada uno de los actos del régimen contra la Iglesia—, son 176 los religiosos y religiosas que han sido obligados a dejar de ejercer su ministerio en Nicaragua.
El fondo de jubilación sacerdotal, un golpe a los sacerdotes ancianos
Otra cuenta congelada es el Fondo de Jubilación Sacerdotal, con la cual durante los últimos 22 años se ha venido dando una ayuda de 300 dólares mensuales a los sacerdotes ya retirados de sus funciones.
“Olvídate, ese dinero se lo robaron”, advirtió Molina. “¿Y ahora quién le va a dar esa ayuda a todos esos sacerdotes ancianos?”
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Dicho fondo era alimentado por contribuciones anuales de los sacerdotes y representa una cantidad importante porque cada sacerdote aporta de su bolsillo 150 dólares al año. Los otros 150 dólares provienen de lo recaudado por las iglesias. Solo en la Arquidiócesis de Managua, que incluye Managua, Masaya y Carazo, hay alrededor de 140 sacerdotes. Dicho fondo fue creado hace 22 años.
Otra fuente de financiamiento de dicho fondo es una colecta nacional que para ese fin se realiza cada año durante el Miércoles de Ceniza. De ese dinero se ha ayudado a los jubilados y no se conoce cuánto ha sido pagado o cuánto aún estaba en su cuenta bancaria al momento del congelamiento. LA PRENSA no logró que ninguna fuente eclesiástica precisara el monto congelado al Fondo de Jubilación, debido a su férrea política de guardar silencio.
La feligresía hace mayores sacrificios para apoyar a sus párrocos
Pero si bien es cierto que el congelamiento del Fondo Sacerdotal está dejando sin recursos a decenas de sacerdotes ancianos, ninguna retención de fondos ha logrado disminuir la labor pastoral de la Iglesia en todas sus diócesis, las cuales subsisten con las ofrendas de sus feligreses.
Cada parroquia cuenta con un Consejo Económico integrado por laicos que ayudan en la recaudación de fondos. Al perder el acceso a sus cuentas bancarias, las parroquias han tenido que suspender o posponer nuevos proyectos de infraestructura y en algunos casos prescindir de algunos empleados. Con frecuencia, esos empleados han continuado haciendo sus labores como voluntarios.
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“La verdad es que las comunidades han respondido muy bien y han estado haciendo grandes sacrificios para hacer aportes mayores a lo normal a la Iglesia”, dijo otro sacerdote, quien también habló bajo condición de anonimato. “Dios es grande y nunca nos abandona. De una manera u otra, el dinero siempre aparece”, dice.
Explicó que en su mayoría las contribuciones de los feligreses se han mantenido y en algunos casos han aumentado, por lo que lo único en que se han visto afectadas muchas parroquias es con la pérdida de los servicios financieros de los bancos, tales como la facilidad de hacer pagos con tarjetas de débito, recibir donaciones de nicaragüenses en el extranjero o de feligreses en Nicaragua que optaban por hacer traslados electrónicos a las cuentas de la Iglesia. Ahora todo es en efectivo.
Sin embargo, en las parroquias más pobres, sí hay casos de sacerdotes que afrontan situaciones para las que no disponen de fondos y hacen desesperados llamados a laicos comprometidos con la Iglesia.
“De hecho, ahorita hay curas que me han pedido ayuda financiera”, explicó Molina, la abogada que publica el informe Nicaragua: una Iglesia perseguida. “Un sacerdote tenía casi todo el dinero para cambiar el techo de la casa cural que se le está cayendo encima y ese dinero se lo congelaron”, agrega.
Otro duro golpe ocasionado por el estrangulamiento financiero del régimen de Ortega Murillo fue el cierre en junio pasado del Seminario Propedéutico Nacional Juan Pablo II, el cual operaba en Bluefields. Dicho seminario tenía menos de un año de haber iniciado la preparación de futuros sacerdotes. Fue cerrado por falta de fondos.
En días recientes se informó del cierre de la Escuela Técnica Vocacional San José Obrero, en León “por asfixia económica”; y este lunes 18 de diciembre LA PRENSA confirmó que la casa pastoral en San Pedro del Norte, perteneciente a la Diócesis de León, fue confiscada por las autoridades chinandeganas conteniendo grandes artículos de valor en su interior.
“En el caso de esta propiedad, dice que tenían muchos objetos adentro y todos se los robaron. Ahí se utilizaba para hacer la formación de los delegados de la palabra. Y se tiene información que van a confiscar más propiedades”, detalló la abogada Molina consultada por LA PRENSA.
Los que no han cerrado sus puertas han sido los templos católicos. Contra viento y marea han continuado su labor pastoral. Han persistido bajo ataques y amenazas constantes del régimen, su policía, sus paramilitares y sus simpatizantes. Molina ha documentado 667 ataques del régimen contra la Iglesia, entre abril del 2018 y agosto pasado.
Murillo sigue atacando, “representantes del demonio” llama al clero
En pleno diciembre, cuando se celebra la novena a la Inmaculada Concepción de María y la Navidad, la Iglesia sigue arrinconada y en silencio, pero los furiosos ataques de Murillo contra el clero no se detienen, son constantes y obsesivos.
El pasado 12 de diciembre, en un supuesto saludo al día de la Virgen de Guadalupe, Murillo de nuevo atacó de manera furibunda a los sacerdotes.
“Cuánto la hemos implorado en los momentos duros, cuando nos azotaba el golpismo, el terrorismo, la criminalidad, el odio, cómo la invocamos (a la Virgen) …es que realmente hubo perversión, malignidad, aquí estuvo la caldera del diablo, y sabemos dónde estaba y luego el cinismo, había que hacer exorcismo. ¿Cómo podemos creerles nada a los representantes del demonio y cómo se atrevieron a blasfemar, una blasfemia, un sacrilegio, alterar el orden de las cosas y hacerlo en nombre de Dios”, espetó Murillo es su monólogo de mediodía en sus medios de comunicación.
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La Inmaculada Concepción de María, una advocación azul y blanco
Ortega y Murillo no dudaron este año en prohibir una de las procesiones de mayor tradición mariana en el país: la “Procesión de la Conchita” en Granada. Se trata de una procesión que es parte de las celebraciones de inicios de diciembre en honor a la Inmaculada Concepción de María, la patrona de los católicos nicaragüenses.
Los nicaragüenses sienten tan cercana a la Inmaculada Concepción de María que desde hace décadas presentan a la imagen y engalanan sus altares con los colores azul y blanco. Sin embargo, desde 2018 enarbolar la bandera y sus colores es equivalente a cometer un delito ante los ojos de la dictadura.
Es por eso por lo que el régimen solo autorizó actos religiosos multitudinarios a sacerdotes y obispos que se han plegado totalmente al régimen, como el caso del obispo Sócrates René Sándigo, a cargo de la Diócesis de León, y quien pudo realizar la tradicional Lavada de la Plata, en El Viejo, sin restricción alguna.
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Y aunque muchas actividades religiosas, especialmente procesiones, han sido prohibidas por la Policía de la dictadura, mientras convocan a la población a celebrar “cantatas” a la Virgen en la que no aparecen los colores tradicionales, hay una celebración contra la cual no se han atrevido a lanzarse: la tradicional Gritería, del 7 de diciembre que se celebra al concluir el rezo de la novena.
Esa celebración la realizan incluso Murillo y Ortega, con sus hijos y nietos, asegurándose que sus medios de comunicación cubren la celebración que realiza la familia detrás de las murallas y los torreones de vigilancia del complejo donde viven y trabajan, que los nicaragüenses llaman El Carmen, por la zona de Managua donde se encuentra.
Un día Murillo y Ortega le cantan a la Virgen, y casi a renglón seguido insultan, encarcelan y estrangulan económicamente a la Iglesia y sus sacerdotes.
Mientras tanto, los cientos de miles de nicaragüenses que hoy viven en el exilio mantienen su devoción a la Inmaculada Concepción de María. El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, exiliado desde abril de 2019 por enfrentarse al régimen, dijo sentirse emocionado al ver en una parroquia de Palm Beach, en Florida, una imagen de la Virgen adornada con una bandera azul y blanco de Nicaragua.
El obispo recomendó a los nicaragüenses nunca perder la fe y la esperanza.
“No se acostumbren a situaciones que no debemos nunca aceptar y no dejen de soñar y hacer todos los esfuerzos posibles por tener una sociedad nueva, basada en la justicia, la libertad, la paz”, dijo Báez. “El pueblo de Nicaragua tiene la capacidad de lograr un cambio de ese tipo”.