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Una señora carga una imagen de Cristo crucificado durante la última procesión de la vía sacra en Managua el Viernes Santo de 2022. El jueves 23 de febrero de este año la dictadura ordenó cancelar todas las procesiones de Semana Santa y de festividades patronales en todo el país. Esta medida obligó a que muchas procesiones se celebren dentro de los templos católicos y otras sean robadas por el orteguismo por medio de sus alcaldías y del Instituto de Turismo, convirtiendo las fiestas religiosas en carnavales folclóricos a su medida. Foto por: Óscar Navarrete/ La Prensa

Amenazas de arresto, el nuevo método en contra de quienes participen en actividades religiosas

La nueva manifestación de hostigamiento a los feligreses católicos se trata de impedirles participar en festividades religiosas públicas, bajo amenazas de arresto de la Policía

Una nueva forma de persecución religiosa por parte del régimen Ortega-Murillo, dirigida a laicos católicos de Nicaragua, es reportada por líderes opositores.

El ex preso político, Félix Maradiaga, manifestó que se “trata de un método perverso de intimidación que viola los derechos humanos más básicos. Se han documentado más de 20 casos en todo el país, pero es probable que el número real sea de cientos”, agregó.

Maradiaga dijo a LA PRENSA que varias personas han puesto la denuncia pidiendo que se les resguarde su identidad, por razones obvias de seguridad.

“En este mes, en el contexto de las celebraciones de la Purísima y con la celebración de la Virgen de Guadalupe, nos llamó la atención de que quienes han hecho la denuncia, el patrón en los departamentos como Madriz, Nueva Segovia, Matagalpa, Masaya y Managua, la Policía les ha pedido no participar en esas festividades públicas”, especificó.

Según Maradiaga, la nueva manifestación de hostigamiento se trata de impedirles participar en festividades religiosas públicas, bajo amenazas de arresto.

“Un gran número de personas se ven obligadas a presentarse diariamente, ‘voluntariamente’, en la comisaría de Policía más cercana”, escribió el líder opositor en redes sociales.

El opositor describe que los citados en las comisarías deben firmar un registro y responder a las preguntas de la Policía para confirmar que “no están en contacto con nadie del movimiento ‘Azul y Blanco’ (a quienes la Policía tacha de golpistas). Una vez en la estación, se les advierte que no participen en ninguna actividad pública de la Iglesia católica”.

La actual denuncia hace recordar la ola de secuestros efectuada por la Policía orteguista en mayo del presente año, donde detuvieron a más de 50 personas opositoras, les realizaron juicios exprés, luego los liberaron y procedieron a exigirles presentarse diariamente a las estaciones policiales para firmar un documento de conducta.

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Muchos de los afectados, para evitar mayores represalias contra ellos y un futuro encarcelamiento permanente, decidieron salir del país.

Prudencia

LA PRENSA consultó a un laico de la ciudad de Matagalpa, quien bajo anonimato dijo que esta medida la han vivido desde hace más de dos meses, sin embargo, el silencio es el apremiante de dicha situación.

“Yo no he sido citado, pero sé del caso de varios de mis hermanos (en la fe) que van diario y eso pasa con los que están más comprometidos con las actividades de las parroquias”, manifestó.

Además, dijo que a los feligreses lo que les queda es “llegar, firmar y obedecer a la Policía; no se comete nada malo. Si van con Dios nada les va a pasar, solo que hay que tener prudencia, así como nos manda nuestra Iglesia”.

La cuarta entrega del informe “Nicaragua: una iglesia perseguida”, a cargo de la abogada penalista Martha Patricia Molina, estima que el régimen de Daniel Ortega ha prohibido un total de 3,224 actividades religiosas en todo el país, desde abril de 2018, y 667 agresiones contra la Iglesia católica.

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Respecto al tipo de ataques, el informe detalló que se reportaron 117 ataques, asedios, impedimentos a templos, 39 cierres de organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación, proyectos y obras; 214 represiones a religiosos, 71 pintas y mensaje de odio, 80 robos y profanaciones, 82 represiones a laicos y 64 prohibiciones de procesiones y actividades campales religiosas.

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