En la víspera de este 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, la Policía orteguista visitó a los sacerdotes para advertirles que no pueden realizar misas en los cementerios del país, algo que se acostumbra en esta fecha.
«Algunos policías fueron ofensivos y entraron abusivamente como ‘Pedro por su casa’ a las parroquias y casas curales que ya estaban cerrando su jornada de atención. Otros policías dijeron de forma intimidante que llegaban representando al jefe de la delegación. El mensaje que dejaron fue que ninguno tenía permiso para celebrar misa en cualquier cementerio del país sea público o privado, sino habrían consecuencias de alteración al orden público y posterior encarcelamiento», denunció en sus redes sociales la abogada e investigadora, Martha Molina.
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Molina, quien como investigadora lleva un registro documentado de 667 ataques a la Iglesia católica desde 2018, relató que varias parroquias habían anunciado los horarios de las misas en los cementerios, pero este jueves «esas publicaciones amanecieron eliminadas de las redes sociales como la que había realizado la Diócesis de León, donde informaba la misa y rosario que celebraría monseñor Sócrates René Sándigo en el Cementerio de Guadalupe.
Prohibido pintar tumbas de azul y blanco
También se supo que en el cementerio de Camoapa, unos jóvenes se encontraban pintando unas tumbas de azul y blanco. Llegó la Policía y «les dijeron que cambiaran el color de la pintura, porque de lo contrario se los llevarían presos», dijo una fuente a LA PRENSA.
En Nicaragua, la dictadura de Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, persigue a los sacerdotes que piden oración por los presos políticos, entre ellos, el obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, bajo acusación de «traición a la patria», «menoscabo a la integridad nacional», «propagación de noticias falsas» y «desobediencia o desacato a la autoridad”.
Monseñor Álvarez es uno de los sacerdotes más críticos contra la dictadura y había resistido a los ataques de Ortega dentro del país hasta que fue encarcelado en agosto de 2022.
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En el contexto de represión contra la Iglesia católica, el régimen orteguista se ha apropiado de las tradiciones religiosas y no permite que los feligreses y los sacerdotes las realicen por su cuenta, sino que son presididas por las alcaldías en todos los municipios.
Las acciones de la dictadura también han implicado el cierre de organizaciones caritativas, el cierre de decenas de radios y otros medios de comunicación de línea católica; la confiscación y cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) fundada por la orden religiosa Compañía de Jesús, así como más de 20 sacerdotes detenidos que luego han sido desterrados del país y otros más exiliados.
La guerra de Ortega contra la Iglesia católica lo llevó a suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano, tras una crítica del papa Francisco por la detención de sacerdotes en Nicaragua.
