Después de aproximadamente un mes de haber finalizado el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría instruido al Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) iniciar una tercera etapa enfocada en la verificación de información, según reportes de medios oficialistas. Para las sociólogas consultadas por LA PRENSA esto evidencia las grandes deficiencias del proceso y la improvisación que marcó el mismo.
La directora del observatorio de investigación y fiscalización ciudadana Urnas Abiertas, Olga Valle, dijo a este Diario que según reportes que han recibido «el censo se extenderá hasta la primera quincena de agosto».
Cabe destacar que, inicialmente el Censo Nacional —con cerca de 10 años de retraso porque debió realizarse en el 2015— había sido anunciado en julio del 2023 por el régimen y aunque aparentemente estaba previsto a iniciar el 28 de abril, empezó el 30 de ese mes y estaba previsto que concluyera a finales de mayo pasado, sin embargo, se extendió en todo junio, según confirmó el organismo Urnas Abiertas.
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A pesar de que el Inide no ha oficializado la etapa, los medios oficialistas en redes sociales señalan que en la tercera fase se espera «completar la información de aquellos hogares donde los habitantes no se encontraban durante las visitas anteriores».
El último Censo Nacional que se realizó en Nicaragua fue bajo la Administración del expresidente Enrique Bolaños (q.e.p.d.), en 2005. Tuvo un costo de 14 millones de dólares, provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el cofinanciamiento en calidad de donación de Japón y el sistema de Naciones Unidas, entre otras instancias de cooperación.
La proyección era que 10 años después debía realizarse nuevamente, es decir en 2015. Sin embargo fue hasta 2018 que el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) empezó a organizar algunas actividades para ponerlo en marcha. Cuando inició la crisis sociopolítica derivada de la brutal represión estatal el censo se canceló, y fue en agosto de 2023 que se declaró el censo de interés nacional y se ordenó crear una comisión nacional para la organización de dichas actividades
Demuestra graves deficiencias e improvisación
Valle mencionó que aunque si bien es cierto que volver a visitar hogares donde las familias no se encontraban «es parte de este tipo de metodologías, esto tuvo que estar contemplado desde el inicio del proceso», por lo anterior no duda en asegurar que «esto evidencia, una vez más, las graves deficiencias en la planificación de un proceso tan relevante».
A su vez, comentó que se suman nuevas interrogantes sobre la ejecución financiera: «¿Cómo se están pagando los gastos asociados al trabajo de campo que tuvo que haber finalizado en mayo y ahora se extiende hasta agosto?»
Una opinión similar comparte la socióloga María Teresa Blandón, quien asegura que la improvisación es una marca que define a la dictadura Ortega-Murillo.
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«Hacen cosas para salir del paso, o para hacerle frente a las demandas de instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional que le sigue dando recursos y le exige que tenga información más o menos cercana para definir políticas públicas, porque tienen claro que ni siquiera saben cómo están los nicaragüenses, los indicadores de pobreza, la conformación de las familias, no saben porque así han actuado durante estos 18 años, casi dos décadas», cuestionó Blandón.
Por su parte, la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra calificó como «inusual» que el censo de población en el país se realice en varias etapas.
«En la mayoría de los países y de acuerdo a la metodología, los censos se levantan de una sola vez porque se requiere que la población pueda dar información veraz y actualizada. Además, para evitar que la movilidad de personas afecte el levantamiento de la información. En ese sentido, es extraño que este censo de Nicaragua se esté levantando por etapas», afirmó.
A lectura de Cuadra, la dictadura recurre a volver a censar porque «seguro la brecha de información es bastante grande, de tal manera que se han visto obligados a regresar a levantar los cuestionarios en el terreno».
Desconfianza influyó para información imprecisa
Las consultadas afirman sin lugar a dudas que la desconfianza de la población marcó el desarrollo del IX Censo Nacional en medio de un ambiente de represión y persecución por el orteguismo.
«En su momento, cuando estaban recopilando la información, se supo que los encuestadores estaban encontrando desconfianza en la gente, que no siempre hacían todas las preguntas del cuestionario y que a algunos lugares, sencillamente no llegaron», compartió Cuadra.
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Por su parte, Valle mencionó que «la desconfianza de la ciudadanía fue definitivamente una constante, los reportes que recibimos señalan que la ciudadanía permanentemente dio información imprecisa por temor a represalias. Esto es responsabilidad del régimen por el clima de persecución y represión que ha instalado en el país».
Enseguida aseveró que también «se ha reportado que en efecto han tenido inconvenientes importantes para poder recabar la información».
Blandón agregó que la dictadura se enfrentó «a dificultades debido a que lo convirtieron en un ejercicio de vigilancia policial, porque los encuestadores andaban acompañados de la Policía, claro la gente iba a tener miedo. En una sociedad normal, eso no es así, recordemos que la imagen que tiene la Policía es de persecución, vigilancia y represión, es obvio que la gente se iba a esconder, iba a dar información parcial o se iba a negar a hablar, y eso pasó».
