La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Instituto Nacional de Información para el Desarrollo (Inide), inicia este martes 30 de abril el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, enviando a más ocho mil encuestadores casa a casa por todo el país para recoger información relacionada —según el orteguismo— a la “cantidad de habitantes por vivienda, sexo, estrato, cómo vivimos, cómo son nuestras viviendas y todo lo que llamamos establecimientos comerciales”.
El último censo de población en Nicaragua se realizó en 2005 y a partir de ese año, una década después, debía ser renovado. Es decir, ya lleva ocho años de retraso.
Ante la presencia de encuestadores en las viviendas, surge el temor de que esta se convierta en una herramienta más del orteguismo para mantener el control y reforzar la represión contra los nicaragüenses.
Preguntas que harán
La Alcaldía de Managua, a través de sus redes sociales, adelantó previo al inicio de este IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, que algunas de las preguntas que realizarán los encuestadores serán: ¿Cuántos años de antigüedad tiene tu vivienda? ¿El alumbrado que tiene tu vivienda es luz eléctrica, planta eléctrica o generador, panel solar u otro? ¿Tu vivienda tiene iluminaria de tipo incandescente, led o ahorrativas o ambas? ¿Dónde atendieron el parto de tu último hijo o hija nacido vivo? ¿Tus hijos fueron inscritos en el Registro Civil? y ¿Alguna persona que era miembro de tu hogar vive actualmente en otro país?
En redes sociales, la comuna orteguista y el Inide han lanzado una fuerte campaña, retomada por los medios oficialistas, en la que animan a la población a “brindar su información con confianza” y “abrir las puertas al Censo Población y Vivienda 2024”.
Censo es necesario, pero debería hacerse en un contexto democrático
El economista y excarcelado político, Juan Sebastián Chamorro, desnacionalizado por la dictadura orteguista, resaltó que los censos poblacionales son una “herramienta fundamental para el diseño y elaboración de políticas públicas, no solo de orden social sino también económicas y políticas. Incluso porque es una contabilidad exhaustiva de la distribución poblacional de todo el país y ayuda al diseño de la política social, salud y educación”.
Apuntó que el orteguismo, al tener un retraso de más de ocho años desde la fecha en que le tocaba realizar un censo posterior al que se efectuó en 2005, ha mostrado “menosprecio” a este tipo de herramientas, que además son un “instrumento costoso, pero es una inversión que la hacen todos los países para saber la cantidad de población que existe y no hay cuestionamiento de la importancia del censo como herramienta pública”.
Sin embargo, el economista aseguró que el problema de la aplicación del censo en Nicaragua radica en que se está realizando en un contexto de dictadura, de represión y estado policial.
La investigadora Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, también valoró que en el país es importante que se haga un censo a la altura “puesto que las estadísticas y los datos demográficos son importantes para el diseño de políticas públicas y el desarrollo de programas de bienestar de la ciudadanía”.
Hasta ahora no se sabe cuánto costará el Censo Nacional y, pese al énfasis que los medios de propaganda han puesto en generar “confianza” para que las personas abran las puertas de sus casas, hay recelo en la población.
Atender a los encuestadores con “cautela”
“Llama poderosamente la atención que Ortega, cuando le tocaba (en 2015 después de 10 años del último censo), en los primeros años de gestión no lo hizo, presumiblemente, por asuntos presupuestarios o porque simplemente no le veía utilidad, porque ellos creen que sus políticas son las adecuadas, independientemente de las herramientas de información. Ahora resulta que hay que hacer un censo. Lo veo altamente sospechoso, encaminado a tener más información de los nicaragüenses, de sus hogares, y creo que los nicaragüenses tienen que ser sumamente cuidadosos al atender a estos encuestadores”, afirmó Chamorro.
La abogada y defensora de derechos humanos, Martha Patricia Molina, advirtió que el Censo puede ser utilizado como “espionaje político”, que incluso podría traer afectaciones económicas.
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“Se están preparando para hacer un mega robo, principalmente en el tema de la propiedad privada. La dictadura no está preocupada en conocer cifras para implementar políticas públicas, sino para causar más daño a la población”, advirtió Molina.
La investigadora Valle concuerda asegurando que dicho censo se está desarrollando en un “ambiente de terror” y que “hay dudas sobre la rigurosidad y calidad técnica que pueda tener”, advirtiendo que “hay bastante interés de parte del Gobierno en saber quiénes se han ido del país”.
Señaló además que tienen información que “el que el año pasado las estructuras partidarias del FSLN en cada barrio realizaron una especie de censo preliminar sobre la cantidad de personas que vivían en los hogares y la orientación política de la familia”.
“Es probable que ya con este censo formal quieran saber más sobre los flujos migratorios familiares, pero no hay claridad con que objetivo, dado que el Gobierno ha promovido de alguna manera la migración de miles de nicaragüenses como una estrategia perversa de sustentarse con las remesas que los migrantes envían a sus familiares dentro del país”, agregó.
La abogada Molina además consideró que si la población no abre las puertas de sus viviendas a los encuestadores podría sufrir represalias de la dictadura, por lo que recomendó “atender a los encuestadores en el exterior de la vivienda, sin proporcionar información que consideren que puede ser perjudicial para ellos y su entorno familiar, y prepararse psicológicamente para las consecuencias futuras, principalmente las financieras”.
En este sentido, el economista afirmó que quienes decidan, por temor incluso, “abrir las puertas de su vivienda, que se centren en responder únicamente la cantidad de gente que vive en el hogar, pues al final es información fundamental que se requiere en un censo”.
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Chamorro valoró que “habiendo pasado tanto tiempo sin un censo poblacional” y en un contexto de dictadura, donde se ha visto “cómo se oculta, disfraza y maquilla la información pública”, en el país “vamos a tener que esperar a que se dé una democracia para hacer un censo”.