En los primeros días de marzo, la dictadura que encabeza Daniel Ortega sufrió un revés en sus planes para acceder a financiamiento externo. El Fondo Verde del Clima (GCF por su sigla en inglés o FVC en español), canceló un acuerdo que le permitiría recibir más de 100 millones de dólares para ejecutar el Proyecto Bio-Clima, para reducir la deforestación en la reserva de Bosawas. El régimen gestionaba esos recursos desde 2019 y según el FVC, las violaciones a las políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales provocaron la cancelación del proyecto.
Pero qué es el FVC, cómo y para que surgió, cómo funciona, por qué afectó tanto al régimen la cancelación de este crédito, que incluso lo llevó a acusar al organismo de actuar sin transparencia ni ética; por qué los recursos se recibirían a través el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y qué rol desempeñaría el BCIE en la ejecución del proyecto. Estas son algunas dudas que surgieron tras el anuncio y aquí lo aclaramos.
Según la información publicada en el sitio web del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 2010 los 194 países que forman la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), crearon el FVC para que funcionara como la entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención. En 2013 abrió las puertas de su sede la ciudad inteligente de Songdo, en Corea del Sur. Sin embargo, comenzó a operar hasta 2015 y lo dirige una junta de 24 miembros que representan equitativamente a países desarrollados y en desarrollo.
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¿Cómo funciona el FVC?
El objetivo del FVC es fomentar el diseño e implementación de medidas climáticas por parte de países en desarrollo, que permitan mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2°C, ya que esto reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático, dice la descripción del organismo publicada en su sitio web.
Aunque es la entidad operativa del mecanismo financiero de la CMNUCC y depende del Acuerdo de París, opera como una institución jurídicamente independiente y el Banco Mundial es su depositario. Canaliza recursos económicos que recauda entre los países desarrollados para que países en desarrollo ejecuten proyectos de mitigación y adaptación a la crisis climática. Por este rol, la consideran la principal entidad multilateral de financiamiento climático global.
El informe de la cartera crediticia detalla que desde el inicio de sus operaciones en 2015, el FVC ha aprobado 13.9 mil millones de dólares para financiar 252 proyectos. Del monto comprometido ha desembolsado 4.1 mil millones de dólares.
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¿Cómo acceder a los recursos del FVC?
Para acceder a estos recursos hay que cumplir los estándares financieros, ambientales, sociales y de inclusión de género del FVC y acreditarse ante él, y luego elegir uno de los tres mecanismos de acceso que son:
1. Directo: este funciona para organizaciones nacionales y subnacionales previamente nominadas por los países receptores.
2. Internacional: a través de organizaciones internacionales, entre ellas las agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), bancos multilaterales de desarrollo, instituciones financieras internacionales e instituciones regionales.
3. Acreditación rápida: esta vía la pueden usar entidades públicas y privadas que están acreditadas ante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo de Adaptación y/o el Servicio de Cooperación EuropeAid.
Para financiar el Proyecto Bio-Clima: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas Bosawas y Río San Juan, Nicaragua eligió el mecanismo Internacional, de ahí el rol del BCIE que es uno de los bancos de desarrollo acreditado para intermediar estos recursos y en algunos casos completar los montos del financiamiento que requieren los proyectos.
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Lo que se perdió
Pero qué perdió Nicaragua con la cancelación del proyecto, especialmente las comunidades indígenas, debido a los incumplimientos del régimen de Daniel Ortega.
Cuando se informó de la aprobación del proyecto, el BCIE informó que el mismo iba a permitir aumentar la capacidad de Nicaragua en la absorción de carbono, en un 14 por ciento en relación con el escenario de referencia para 2030. Se planeaba lograr esto mediante el fomento de la producción agroecológica de cultivos permanentes bajo la sombra de los árboles y con variedades más resistentes a los impactos del cambio climático.
También se iba a impulsar la reducción del pastoreo extensivo e introducir sistemas silvopastoriles y de agroforestería de cacao, estableciendo bosques plantados en tierras forestales ociosas o degradadas; priorizando el uso de la regeneración natural de especies arbóreas nativas; restaurando y conservando los ecosistemas y los servicios ecosistémicos, aprovechando las sinergias de adaptación y mitigación, con especial énfasis en el manejo de cuencas y la reducción de riesgos, como la conservación de la diversidad biológica y las áreas protegidas.
Con los recursos se atendería a 8,417 unidades productivas donde iban a establecer modelos de producción sostenible y de gestión y reforestación de bosques en un área que abarcaría un estimado de 603,035 hectáreas.
¿Por qué era importante?
El proyecto iba a permitir la reducción de 47.3 millones de toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y reduciría de la exposición a los riesgos climáticos a 614,721 personas, principalmente indígenas y afrodescendientes en situación de marginación y pobreza.
A través de Bio-Clima se financiarían actividades de conservación y restauración de las zonas protegidas, involucrando a las comunidades y a los pueblos indígenas, a través de la implementación de planes de negocio para la creación y consolidación de empresas comunitarias y planes de manejo forestal sostenibles. Estas acciones estarían acompañadas de un fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales a nivel local, que facilitaría la formulación y ejecución de estos planes.
El desarrollo de todas estas acciones era fundamental para proteger a los habitantes de la zona que se beneficiaría con el proyecto, ya que por su ubicación geográfica Nicaragua es muy vulnerable a los efectos de eventos climáticos extremos entre ellos los huracanes, pues está ubicada en el camino de los que se forman en el océano Atlántico. También, sus sistemas de producción agropecuario y pesquero son altamente dependientes de los recursos naturales, y muy susceptibles a inundaciones, sequías, deslizamientos de tierras, y otros eventos cuya frecuencia es cada vez más recurrente y grave debido a la crisis climática.
A esto hay que sumar que Nicaragua es de los países más pobres de la región y la reconstrucción después de los desastres naturales agrava los retos y las brechas existentes.
FVC recibió denuncia de pueblos indígenas
Según la ficha técnica publicada en el sitio web del FVC, la solicitud de financiamiento para el Bio-Clima se presentó en marzo de 2019, el proyecto tendría un costo total de 116.6 millones de dólares y Nicaragua solicitó 37.7 millones en concepto de donación y 42.2 millones de dólares en préstamo, es decir un total de 79.9 millones de dólares. Pero el BCIE, según datos de la ficha técnica del banco, aprobó 108.36 millones de dólares y velaría por la ejecución del proyecto.
Además, de completar los recursos en septiembre de 2023 el BCIE invirtió 45 mil dólares en una consultoría para la Asistencia Especializada al BCIE, en el marco del plan de remediación de Bio-Clima; y en noviembre de ese año amplió por segunda ocasión el plazo para el primer desembolso del crédito,
Estos atrasos surgieron porque a pesar de que el FVC aprobó el crédito en noviembre del 2020, en junio de 2021 recibió una denuncia sobre la falta de consulta adecuada con las comunidades indígenas y afrodescendientes e incumplimiento de la entidad acreditada, en este caso el BCIE, con políticas y procedimientos del FVC.
La denuncia surgió de las comunidades indígenas y afrodescendientes que advirtieron que el Proyecto Bio-Clima provocaría una degradación del medioambiente e incrementaría los ataques de colonos armados que estas comunidades han enfrentado en la última década y provocado el desplazamiento forzado de algunos de sus habitantes y el asesinato de otros a manos de colonos que ante la impunidad con la que operan se presume cuentan con el respaldo del régimen.
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Exigen al FVC que entreguen los recursos
En un primer momento el FVC pidió subsanar estas fallas, pero finalmente el 7 de marzo de 2024 y tras un largo proceso de investigación, el organismo determinó que la propuesta de financiación del proyecto no cumple con las políticas y procedimientos del organismo.
«La decisión fue tomada por la Secretaría del FVC luego de un exhaustivo proceso de investigación y evaluación, así como de las acciones tomadas por la Secretaría para abordar los casos de incumplimiento, que constituían violaciones legales de los acuerdos pertinentes entre el FVC la Entidad Acreditada (BCIE)», dice el anuncio de cancelación del proyecto.
La decisión del FVC desató la ira del régimen, que en medio del control y del estado de represión en que mantiene sumido al país desde el estallido de la crisis sociopolítica de 2018, perdió una batalla por una denuncia surgida en una de las zonas más remotas y abandonadas del país, donde incluso las ONG que operaban en estas zonas, entre ellas Fundación del Río, habían sido cerradas.
Ortega dice que decisión del FVC no fue ética
A través de una nota de prensa el régimen acusó al Secretariado del FVC de cancelar el proyecto a través de procesos y procedimientos no transparentes ni éticos y de prácticas no éticas. También exigió al organismo que garantice la movilización de los recursos que la comunidad internacional comprometió; fondos que asegura fueron arrebatados a los pueblos originarios y afrodescendientes.
«Movilizar esos recursos para atender los desafíos y las múltiples crisis que enfrenta la humanidad, como el cambio climático provocado por los países más ricos, que son los mismos que agreden a nuestros pueblos originarios, misquitos, mayangnas, creoles, garífunas, ramas, ulwas, sumos y mestizos».
Por su parte, la Secretaría del FVC dijo que sigue colaborando con el BCIE y está comprometida a trabajar con el banco para que el proyecto concluya de manera ordenada y responsable. Por ello apoyarían el desarrollo «de una estrategia clara», que incluya informar en el territorio a todas las partes interesadas relevantes y gestionar las expectativas de quienes habrían sido los beneficiarios si el proyecto se hubiera implementado.


