Por medio de un comunicado leído en medios oficialistas por la primera dama, Rosario Murillo, el régimen de Daniel Ortega demandó al Fondo Verde para el Clima (GCF) destrabar la cancelación del fondo para el proyecto BioClima, del cual pretendía recibir US$116.6 millones.
“Demandamos, exigimos del Fondo Verde del Clima garantizar la movilización de los recursos comprometidos por la comunidad internacional y que han sido arrebatados a los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra Nicaragua”, leyó Murillo.
Además dijo que movilizar esos recursos aportaría para atender los desafíos que enfrenta la humanidad por el cambio climático “provocado por los países más ricos que agreden a nuestros pueblos originarios”.
El comunicado textualmente dicta que “el Gobierno de Nicaragua repudia y rechaza la decisión del secretariado del Fondo Verde del Clima, quien a través de procesos y procedimientos no transparentes, no éticas, han cancelado el financiamiento del proyecto BioClima construido para contribuir a la reserva de Biosfera de Bosawas e Indio Maíz a través de la reducción de la deforestación, el aumento de la reforestación y el fortalecimiento de la resiliencia de las importantes reservas”.
La dictadura afirma que la acción del Fondo Verde contra Nicaragua son medidas “agresivas, coercitivas y unilaterales de esta institución con la que han violentado los principios y acuerdos suscritos ante la comunidad internacional, acuerdos suscritos para velar por la transformación de la vida de los pueblos afrodescendientes sin dejar a nadie atrás”.
Ejemplares
Según el comunicado, las instituciones ejecutoras han sido ejemplares en la misión del cuido de la madre tierra.
“Nicaragua fue el primer país suscriptor de la Declaración Universal de los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, siendo consecuentes con los derechos de propiedad de las comunidades indígenas y afrodescendientes”, indican.
El jueves 7 de marzo el Fondo Verde anunció que daba paso atrás con el proyecto, porque el régimen habría incumplido con las políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales.
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El comunicado oficial del Fondo Verde determinaba que “la decisión fue tomada por la Secretaría del GCF luego de un exhaustivo proceso de investigación y evaluación, así como de las acciones tomadas por la Secretaría para abordar los casos de incumplimiento, que constituían violaciones legales de los acuerdos legales pertinentes entre el GCF y la entidad acreditada”.