Ante el anuncio del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) que suspendió el financiamiento para el proyecto “BioClima, Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawas y Río San Juan”, líderes ambientalistas y afrodescendientes celebraron la decisión y expresaron que crea un precedente histórico para Nicaragua y para el mismo fondo de cooperación.
Amaru Ruiz, ambientalista y presidente de la Fundación del Río, dijo a LA PRENSA que lo que denota dicha decisión es que evidentemente “ha habido suficiente información que demuestra el incumplimiento a las políticas y procedimientos del fondo por parte de estas entidades (del régimen), lo que ha conllevado a la retención de ese contrato”.
Con el fondo de cooperación el régimen Ortega Murillo pretendía acceder a 116.6 millones de dólares.
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Para Ruiz, el rescindir del proyecto significa un referente histórico para el mecanismo, “sobre todo partiendo de que ningún proyecto de cambio climático puede violar derechos a las comunidades y territorios donde se implementan. Creo que ese precepto está generando un precedente importante, porque se ha convertido en el fondo que mayores recursos financieros para la lucha contra el cambio climático se está gestionando”, subrayó.
El especialista consideró que la decisión es un reconocimiento para las comunidades indígenas y afrodescendientes “que valientemente ha denunciado la situación en sus territorios, ya denunciaron todas las anomalías de este proyecto y sobre todo la falta de consulta libre”.
Celebran decisión
Anexa Alfred Cunningham, defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes del país, concuerda con Ruiz, afirmando que la incidencia ha sido clave para la decisión.
“Estamos muy contentos con la decisión porque en primer lugar es importante seguir manteniendo los procesos de lucha a través de los métodos no violentos y usando los mecanismos de defensa de derechos humanos en Nicaragua”, explicó.
La defensora afirmó que era un precedente negativo para los pueblos indígenas y para el mismo Fondo Verde el haber otorgado un proyecto sin la consulta de los pueblos indígenas. “Es un revés que no se podía permitir”, agrega.
El Fondo Verde anunció que declinó del proyecto debido al incumplimiento de políticas y procedimientos “sobre salvaguardias ambientales y sociales”.
Este proyecto, dijo Alfred, “venía a legalizar las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Nicaragua. Ese fue uno de los argumentos que nosotros desde la Plataforma de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes denunciamos ante los diferentes mecanismos de derecho humanos”.
Incidencia dio resultado
La defensora expresó que hicieron incidencia ante el mismo Fondo Verde, “presentamos una comunicación al relator especial de los derechos de los pueblos indígenas, quien mandó la comunicación a la Secretaría del Fondo Verde, así como grupos de la sociedad civil”.
Amaru Ruiz apuntó que la decisión del Fondo Verde es gracias a la intervención de las organizaciones de la sociedad civil “que acompañaron durante más de 4 años este esfuerzo de poder demostrar el incumplimiento a los procedimientos por parte del régimen Ortega-Murillo, y de la situación que viven las comunidades indígenas en esos territorios”.
La decisión fue tomada por la Secretaría del Fondo Verde luego de un exhaustivo proceso de investigación y evaluación. No se habían desembolsado fondos para el proyecto y este no había iniciado su implementación.
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