La dictadura de Daniel Ortega, en su afán por conseguir los 116.6 millones de dólares que el Fondo Verde del Clima (FVC), estableció para el proyecto BioClima en Bosawás y Río San Juan en Nicaragua, presentó el 4 de octubre el informe de la simulación de consultas que realizó a 6,746 personas— de las cuales 4,462 son indígenas y 1,099 no indígenas— que solo representa, indicó el ambientalista Amaru Ruiz, el 3 por ciento de la población indígena y el 0.5 por ciento de la población de toda la región del Caribe.
Cabe mencionar que, la Secretaría del FVC a partir de la fecha de entrega tiene 120 días para revisar y emitir una decisión al respecto. Ruiz, presidente de la Fundación del Río —a quien el régimen canceló su personería jurídica en diciembre de 2018—, en declaraciones al diario LA PRENSA detalló que espera que la Secretaría actué en correspondencia con la evidencia presentada por el Mecanismo Independiente de Reparación (MIR) y las comunicaciones que se han enviado desde los gobiernos territoriales y comunales donde se cuestionaban el proceso de consultas.
“Deben tomar en cuenta que cuando ese proyecto nace con acción de violación y por ese motivo no debería de continuar el proyecto, porque expone al FVC”, apuntó Ruiz.
Lea detalles en: Dictadura desesperada por “completar” proyecto de BioClima. Realiza simulacro de consultas plagado de irregularidades
Y en esa línea, destacó que “la Secretaría está en proceso de revisión. La dictadura en el informe presenta una serie de ‘evidencias’ de las consultas, y el rol que jugó la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), donde a pesar de lo que aparece en las observaciones que recopilaron cuando acompañaron el proceso, avaló el proceso de consultas”.
Extraoficialmente Ruiz dijo que la Secretaría del FVC mandó a un enviado especial para acompañar el proceso de consultas “esa persona contratada por la secretaría llegó en las últimas consultas que se realizaron en territorios no indígenas”.
De 2 a 3 consultas por día
El informe y sus anexos —donde se incluyen las observaciones de la UNOPS— fueron publicados en el sitio web del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el órgano acreditado para recibir los fondos ante el FVC.
En la web aparece que durante los meses de agosto y septiembre de 2023, se desarrolló un proceso de Participación y Consulta Informada en dos niveles, en el primero, dicen, que se dio con 58 eventos de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) con la población indígena; y el segundo con 11 eventos de Consulta Significativa con actores clave, convocados de manera pública.
“Las comunidades señalaron toda una serie de irregularidades que, en algunos casos UNOPS los señala dentro de sus observaciones, pero no evalúa mal la consulta. Hubo muy poco tiempo, dilataron máximo un mes en hacer 69 consultas, a dos por día, y de eso hablan de preconsultas, consultas y consentimiento, sin embargo, en el territorio le decían a la gente que era preconsulta, que estaban a penas discutiendo el proyecto que no se había aprobado”, denunció Ruiz
Lo publicado en el sitio web del BCIE, recalcó Ruiz, fue otro de los requisitos que impuso el FVC en julio de 2023, cuando su Junta Directiva decidió congelar el proyecto tras concluir que ni el régimen Ortega-Murillo ni el BCIE cumplieron con las políticas y procedimientos establecidos.
“No es porque el BCIE es buena gente, y transparente, que expusieron la información sino que eso se mandata porque es un caso que se está evaluando”, indicó Ruiz.
UNOPS detectó irregularidades, pero avaló el simulacro
El ambientalista y presidente de la Fundación del Río reprochó y lamentó que la UNOPS haya avalado la simulación como “un proceso de buena fe, participativo, amplio y con suficiente información” cuando según conoció de los propios pobladores indígenas que “ni siquiera se presentó la información en el idioma de su etnia”.
A pesar de lo anterior, dice Ruiz, la UNOPS “lo avala y dice que la consulta se adaptó a las condiciones de las comunidades, y eso es mentira porque el reporte señala que se presentó en español”.
Lea aquí: Comunidades indígenas rechazan las consultas hechas por el régimen para el proyecto BioClima
Los indigenas señalaron que hay inconsistencias en los procesos de consultas que la UNOPS retoma pero aún así avala el proceso de consultas. “Lo que veo es que los observadores de campo apuntaron lo que vieron, y de ahí pasa a nivel más político de la UNOPS y avalan el simulacro. Yo siento que fue una decisión política de decir a todo que sí, pero en las observaciones aparecen varias inconsistencias”.
Los observadores de la UNOPS en las anotaciones detectaron una serie de anomalías, por ejemplo que la votación que se realizó por mano alzada y no por voto secreto, la falta de participación en el diálogo, y la presencia de fuerzas de seguridad de la Policía y el Ejército en las discusiones y votaciones.
Sobre la primera irregularidad, detallaron que hubo casos en que antes de hacer la votación a favor del proyecto, se le leyó el acta y en esta se decía que había sido aprobada por unanimidad. “Luego de eso, se procedió a que las personas se pusieran de pie y levantaran su mano en señal de aprobación para la toma de una fotografía”, dijeron.
Con lo anterior se indica que “no hubo un momento propiamente de votación, para aprobar, rechazar o
abstenerse, tal como se estipuló en el acta”, y como otra debilidad, subrayan que al convocar a la votación de la propuesta se comenzó a utilizar la palabra “aprobación”; y en otras asambleas se limitó a “revisar sólo los votos a favor, sin considerar los votos en contra o abstenciones, hasta llegar a indicar en un acta una votación que no se realizó”.
En cuanto a la segunda irregularidad, los observadores apuntaron que durante el espacio de diálogo abierto que una persona, que previo a la Asamblea había manifestado verbalmente preocupaciones con el proyecto, a pesar de pedir la palabra, “el Presidente del Gobierno Territorial Indígena (GTI), quién se encontraba como moderador, no le brindó la palabra y la posibilidad de intervención”.
También mencionaron que “es importante que las fuerzas de seguridad (Policía y Ejército) no se encuentren en el recinto de discusión y votación (para un consentimiento) durante una consulta indígena”.
Veinte organizaciones nicaragüenses
Un total de veinte organizaciones nicaragüenses este sábado dirigieron una carta a Mafalda Duarte, directora ejecutiva del FVC, en la que lamentan y deploran que la UNOPS haya dado luz verde a las “consultas” que realizó la dictadura sobre el proyecto BioClima.
“El régimen sandinista desarrolló un proceso anómalo en el marco del cierre de los espacios cívicos, la consolidación del autoritarismo político en Nicaragua mediante la represión, persecución, criminalización y exilio forzoso a líderes y defensores indígenas que acompañan a las comunidades, a la que se suma un control político militar a las autoridades tradicionales que ha alcanzado a todos los niveles en los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de manera progresiva y sistemática”, le indicaron a Duarte.
En la misiva, que también fue enviada con copiada al Secretario General de la ONU, y a la Alta Comisionada de la UNOPS, las organizaciones destacan que “la pantomima de consulta y consentimiento invasivo y forzoso desarrollada en las comunidades indígenas, no cumplen con los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, desarrollada de buena fe, adecuada culturalmente y mediante sus instituciones representativas, para que el proceso sea adecuado y válido”.
Particularmente apuntan que el informe presentado por el régimen “no recogen la opinión ni las preocupaciones de la población de la zona, ni reflejan sus intereses ni la grave situación de represión y persecución que están sufriendo, propia de un Estado policial, en particular con sus líderes apresados, en el exilio o en la clandestinidad, con sus organizaciones canceladas y sus medios de comunicación cerrados”.
Por lo anterior, hacen un llamado al FVC, a los Estados donantes de este mismo y al BCIE para que suspenda todo plan de financiamiento actual y futuro a la dictadura. “La comunidad internacional no puede consentir que los recursos de la cooperación se utilicen para fortalecer un régimen que persigue y reprime a sus ciudadanos y que desconoce los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, indicaron.
Entre las organizaciones firmantes figuran la Plataforma de Pueblos Indigenas y Afrodescendientes (INANA), la Coalición Nacional, la Iniciativa por el Cambio, Conexión Nica-USA, el Consejo Nacional de Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía.