El embajador general para la libertad religiosa internacional de Estados Unidos, Rashad Hussain, demandó la “liberación inmediata e incondicional” de los religiosos de la organización evangélica Puerta de la Montaña que fueron encarcelados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde finales de 2023.
“El régimen Ortega Murillo ha detenido injustamente a 11 miembros de Puerta de la Montaña, una organización cristiana evangélica, y a dos abogados durante más de 6 meses. Exhorto a su liberación inmediata e incondicional y al respeto de la libertad religiosa en Nicaragua”, escribió Hussain en su cuenta de X.
En diversas ocasiones, funcionarios del gobierno de Estados Unidos han señalado al régimen de no respetar la libertad religiosa en Nicaragua debido a la persecución desatada en contra de miembros de la Iglesia católica y también a miembros de las Iglesia evangélica.
En el caso de los 11 religiosos de Puerta de la Montaña, el régimen los acusó de realizar movimientos de dinero para “supuestos fines altruistas” y el 19 de marzo de 2024 fueron condenados entre de 12 y 15 años de prisión, además de recibir una multa de 80 millones de dólares por persona.
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En una entrevista con LA PRENSA, John Britton Hancock, presidente internacional de Puerta de la Montaña, rechazó las acusaciones contra los miembros de su organización y reveló que ha conocido de fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos, que en Nicaragua hay casi cien pastores evangélicos detenidos por la dictadura de Daniel Ortega y de los cuáles casi no se tiene información.
Acoso económico a iglesias evangélicas
La abogada Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, ¿una iglesia perseguida?, denunció en días anteriores que pastores y miembros de varias iglesias evangélicas han sido objeto de presiones por parte de funcionarios del Ministerio del Interior (Mint) para pagar multas que ascienden desde los 20 mil córdobas.
“Ni saben por qué los están multando, porque los miembros les preguntaron y la respuesta fue una amenaza, de que si no pagaban ese mismo día, les iban a quitar las propiedades, que es una confiscación y que también se podrían enfrentar a procesos penales. Que pagaran el mismo día o se atenían a las consecuencias”, explicó Molina a LA PRENSA.
El pasado martes 11 de junio, más de veinte pastores tuvieron que ir a las oficinas de la Dirección General de Ingresos (DGI) para pagar estas multas, pues si se negaban, las iglesias podían terminar cerradas y sus bienes confiscados.
