La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su afán de descongelar los 116.6 millones de dólares que el Fondo Verde del Clima (FVC) estableció para el proyecto BioClima en Bosawas y Río San Juan en Nicaragua, está realizando un simulacro de consultas en territorios indígenas y no indígenas para «completar» la cuota de 6,746 personas fijada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), denunció el ambientalista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz.
La junta directiva del FVC decidió el 24 de julio mantener congelado el millonario fondo que le aprobó para financiar el proyecto BioClima, Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawas y Río San Juan. En ese momento, se le otorgó otro plazo al régimen de 120 días para cumplir con algunos requisitos, entre ellos el proceso de consultas.
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El ambientalista Ruiz dijo a LA PRENSA que la dictadura está desesperada en buscar cómo presentar algún resultado en la próxima reunión del FVC prevista en octubre.
«Desde la última decisión del FVC hemos visto acciones del régimen que tratan de dar una apariencia de cumplimiento, pero no es más que una simulación porque no cumple con los estándares internacionales de consulta de pueblos indígenas ni las del FVC», apuntó Ruiz.
Ruiz reprochó el planteamiento del BCIE realizado el 28 de agosto pasado, donde hablan de la implementación del proceso de consultas de 6,476 personas entre indígenas y no indígenas, que habitan en 338 comunidades en el Caribe Sur y Norte, y la Zona de Régimen Especial Alto Wangki y Bocay.
«Si yo solo cuento la población indígena que hay en 23 territorios suman 140,716, es decir que solo se estaría consultando al 4.6 por ciento de la población indígena que vive en esos territorios», explicó.
Cabe mencionar que el proyecto BioClima había sido declarado inviable por el Mecanismo Independiente de Reparación (MIR), por la falta de consultas previas, libres e informadas en las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Consultas no son previas, libres ni informadas
El presidente de la Fundación del Río señaló que las supuestas consultas no son previas, libres ni informadas debido a que el proyecto ya está aprobado y han podido constatar que las consultas han sido militarizadas y partidarias en algunos territorios, a tal punto que a los participantes no les informan sobre las consecuencias sino que les entregan una cartilla de 32 páginas llenas de «beneficios».
«Nosotros hemos documentado que el proceso de consultas no es previo, porque el proyecto ya está aprobado y no se pueden modificar los documentos legales del proyecto BioClima, tampoco ha sido libre porque han militarizado algunos territorios, y menos ha sido informado porque no les entregan el documento del proyecto a los participantes, sino que les entregan una cartilla de 32 páginas donde solo hablan de ‘beneficios'», denunció Ruiz.
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Mencionó que el proceso de consulta tiene una duración de 2 a 3 horas y a los participantes se les exige llevar sus cédulas, donde solo «se han presentado los beneficios, no hablan de impactos severos adversos, eso te demuestra que no te están diciendo la verdad». Mientras, el régimen sigue guardando silencio ante la queja presentada ante el FVC sobre los hallazgos del informe y del acuerdo de convivencia pacífica con colonos.
El presidente de la Fundación del Río también denunció que el régimen ha ordenado hacer consultas significativas fuera del territorio de influencia del proyecto para «cumplir con la lista planificada de personas o utilizar esas firmas para presentar otro proyecto del FVC que está en proceso».
Las consultas significativas en Nueva Guinea y El Rama con territorio no indígena «es una clara acción para obtener mayor respaldo», porque las comunidades indígenas a través del Consejo de Anciano de la Moskitia han rechazado el proceso.
De hecho, indicó Ruiz, en el territorio mayangna Sauni As, a pesar de estar militarizado y la detención de sus guardabosques, recogieron más de 700 firmas para enviar una carta al FVC «donde le dicen que prefieren que se dejen congelados los fondos antes que se desembolsen al régimen porque están claro de que no les van a llegar nada».
Criminalización de guardabosques
Ruiz señaló que el simulacro de consultas también ha ocasionado una estela de impactos en los territorios indígenas que comprende la criminalización de los guardabosques comunitarios con la detenciones y condenas.
«Esto ha generado impactos en comunidades indígenas, el régimen Ortega Murillo ha criminalizado la labor de guardabosques comunitarios, han detenido a 7 y anda persiguiendo a 12 más del territorio mayangna Sauni As para que dejen de denunciar la invasión de colonos», dijo Ruiz.
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Destacó que Arguello Celsio Lino e Ignacio Celsio Lino «fueron entrenados y capacitados por la Policía y les entregaron avituallamientos, ellos son guardabosques que no andan armados» y en el caso de la detención de Rodrigo Bruno «la Oolicía utilizó granadas aturdidoras que posiblemente son fabricadas por la empresa venezolana Cavim».
«Ahí se ve toda la saña que ellos han tratado de imponer y criminalizar la labor de los guardabosques comunitarios que son los que han denunciado el proceso de invasión, eso fue para tener todo bajo control previo a la simulación de consultas», sostuvo Ruiz.
Agencias de Naciones Unidas proveen insumos técnicos
El ambientalista lamentó que agencias de Naciones Unidas como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) se «han prestado para instrumentalizar esas consultas».
El 22 de agosto de 2023, Ruiz envió una carta al director de América Latina y el Caribe, Fabrizio Feliciani, y al representante de país en Nicaragua de la Unops, Nazario Esposito. Cinco días después, recibió respuestas en las que confirman «su involucramiento en el proceso de las consultas, y eso nos preocupa porque es una manera de instrumentalizar y de respaldo al proceso que es violatorio a las comunidades indígenas».
En la carta de respuesta enviada a Ruiz, la Unops indicó que ante la solicitud del BCIE «proveerá insumos técnicos y logísticos con motivo de las acciones de remediación requeridas por el Fondo Verde del Clima (FVC), para lo cual brindará una Asistencia Técnica que incluirá observar,
registrar y sistematizar de manera independiente los procesos de consulta previstos en las políticas del FVC».
Ruiz rechazó la participación de ambas agencias debido a que «son de corte humanitaria y su llamamiento es humanitario y no es posible que estén actuando con el régimen en contra de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes».
