Del 10 al 13 de julio se llevará a cabo en Corea del Sur la próxima reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima, en la que de nuevo se valorará el desembolso de 115.7 millones de dólares para el proyecto BioClima, lo que para los críticos significaría oxigenar a la dictadura de Daniel Ortega.
El proyecto BioClima es un plan presentado por el gobierno de Ortega para reducir la deforestación en Bosawas y la biosfera de Río San Juan de Nicaragua.
En 2020, el Fondo Verde para el Clima avaló este proyecto y en consecuencia aprobó ese monto para llevarlo a cabo. Sin embargo, las denuncias de violaciones de derechos humanos en los territorios indígenas, la invasión de colonos en las reservas protegidas y la falta de atención gubernamental ante estas problemáticas, frenaron el desembolso. Además, el Fondo Verde recibió un reclamo oficial por parte de representantes de la población de Bosawas, en que señalaban que ni ellos ni sus representantes legítimos habían sido consultados durante la redacción del proyecto.
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El Fondo Verde realizó una investigación a través del Mecanismo Independiente de Reparación (MIR) e incluso un grupo visitó de manera independiente el país. Según un borrador del informe de la investigación, se confirmó que el proyecto de BioClima no fue consultado con los indígenas. El documento final con los resultados no se ha hecho público.
Tercera vez que se discute el desembolso a Nicaragua
El tema sobre el proyecto de BioClima de Nicaragua será la tercera vez que se discuta en una reunión del Fondo Verde, con el informe del MIR en mano. Dos reuniones anteriores sobre lo mismo fueron pospuestas.
El biólogo Amaru Ruiz manifestó que en esta próxima reunión del Fondo Verde «está en juego tomar una decisión con respecto a la continuidad o no del proyecto», pero también dijo que está en juego la credibilidad del Fondo Verde y sus mecanismos de atención de quejas y reclamos.
«Esperemos que esta vez haya una decisión con respecto al proyecto de BioClima en Nicaragua y que sea apegada a los estándares ambientales y sociales que se debieron de seguir en el proyecto», manifestó Ruiz.
Ortega quiere los fondos para reprimir
La abogada y experta del Mecanismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Anexa Alfred Cunningham, hizo un llamado a seguir incidiendo para evitar que esos fondos caigan en manos de Ortega, quien —según ella— los usaría para seguir reprimiendo y desplazando a los pueblos indígenas.
Alfred, originaria del Caribe Norte de Nicaragua, denunció que los colonos han cometido masacres completas en las comunidades indígenas, mientras el Gobierno actúa con indiferencia ante esa situación.
«Con este proyecto lo que busca el régimen es venir a legalizar todas las violaciones de derechos humanos que se han cometido a través de la invasión de los colonos, legalizar la existencia de estos en los territorios; financiar a estas mismas poblaciones de colonos y, por otra parte, dejar en total impunidad todos los delitos que se han cometido en los territorios. También viene a oxigenar el quehacer del régimen y la represión contra los indígenas», manifestó Alfred, quien vive en el exilio porque el régimen de Ortega no le permitió regresar al país en 2022.
En noviembre de 2020, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció que Nicaragua tendría disponibles 115.7 millones de dólares para ser invertidos en el proyecto BioClima.
Los reclamos
Particularmente el Grupo Cocibolca, que aglutina a varias organizaciones ambientales del país, envió a la directiva del Fondo Verde una carta exponiendo la falta de voluntad del régimen para atender los problemas medioambientales del país, a la que se suman la aprobación de leyes que vulneran los derechos de los nicaragüenses, así como la cancelación de las personalidades jurídicas de nueve organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que trabajan en pro del medioambiente.
«Solicitamos al Fondo Verde no aprobar al Gobierno de Nicaragua ningún proyecto por no haber sido elaborados y por la imposibilidad de ejecución en observancia de las salvaguardas o estándares ambientales y sociales que mandatan los Fondos y sus entidades financieras», menciona la misiva del Grupo Cocibolca.
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Todo estos reclamos significaron que la regla del Fondo Verde, que consiste en emplear un «procedimiento para el consentimiento libre, previo e informado» no había sido aplicada, desde entonces los fondos han estado congelados.
Por su parte, el régimen de Ortega participa de manera activa en las reuniones del Fondo Verde. El secretario de Cambio Climático de la Presidencia y viceministro del Marena (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales), Javier Gutiérrez, participó en la primera reunión global con el Fondo Verde del Clima para actualizar el Plan Estratégico y los Recursos Financieros para el Período 2024-2027, que se desarrolló del 15 al 17 de mayo de 2023, en Berlín, Alemania.
¿Cuál es el origen del Fondo?
El Fondo Verde para el Clima aporta 64.1 millones de dólares, de los cuales 26.1 millones de dólares ingresarán al Gobierno en calidad de donación y otros 37.9 millones de dólares en concepto de préstamo.
Luego el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se compromete a financiar, como cooperación reembolsable, 18.9 millones de dólares, los que serán canalizados a través del Programa de Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social (PRPEES). Otros 24.3 millones de dólares serán donados por el Fondo de Colaboración para el Carbono Forestal del Banco Mundial (FCPF, por sus siglas en inglés).
El Fondo Mundial para el Medio Ambiente aportará un donativo de 8.3 millones de dólares. Todo esto totaliza los más de 115.7 millones de dólares. Las condiciones: todo lo que entre en concepto de préstamo tendrá una tasa de interés fija anual de 0.50 por ciento, a un plazo de 40 años, incluido un periodo de gracia de 10 años.
