El dictador Daniel Ortega se burló de los nicaragüenses apátridas que se han nacionalizado como españoles tras el ofrecimiento del Gobierno español.
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Ortega presidió este miércoles 21 de febrero el acto por el 90 aniversario del asesinato del general Augusto C. Sandino, personaje que le da nombre al partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La burla
Como ya es habitual, Ortega habló sobre hechos pasados, remontándose a la época de Sandino. El dictador leyó el histórico manifiesto de Sandino en la que se refiere a Adolfo Díaz y a Emiliano Chamorro, políticos conservadores de la época, de quienes el escrito manifiesta que “dejaron de ser nicaragüenses”, lo que llevó a Ortega a mencionar a los opositores que él desterró y desnacionalizó.
“Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro dejaron de ser nicaragüenses, como esos que han dejado de ser nicaragüenses y están ahora en Estados Unidos y ahora son yanquis y se deben sentir muy contentos de ser yanquis. Otros están en España, se sienten españoles, muy contentos de ser españoles, ya deben de hablar hasta como españoles”, dijo Ortega imitando burlescamente el acento español.
La esposa de Ortega, vocera y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, dijo al terminar el acto que son “insignificantes realmente el número de apátridas” y los descalificó como ya es característico en sus alocuciones.
Desterrados y desnacionalizados
El 9 de febrero de 2023, Ortega desterró y desnacionalizó a un grupo de 222 presos políticos, a quienes envió a Estados Unidos. Días después hizo lo mismo con otra lista de 94 opositores, la mayoría en el exilio. Tras esto, España ofreció nacionalizar a todos los nicaragüenses apátridas, lo que ha ocurrido gradualmente. También México, Chile, Colombia y otros países de la región latinoamericana ofrecieron nacionalizar a los nicaragüenses apátridas.
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En el acto de aniversario estuvieron presentes el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, el jefe de la Policía y consuegro de Ortega, Francisco Díaz, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y otros directivos de la Asamblea, magistrados de la Consejo Supremo Electoral (CSE), entre otros funcionarios, la mayoría sancionados por Estados Unidos, por colaborar con las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.
