La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está viviendo un ciclo de paranoia, persiguiendo a sus propios «leales» en un intento desesperado por asegurar el poder absoluto. La más reciente «purga» ejercida por el régimen es en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde ha destituido —sin aún hacerlo oficial— a tres magistrados, incluida la presidenta de este poder, Alba Luz Ramos.
El politólogo y ex preso político, Félix Maradiaga, y el exfuncionario judicial, Yader Morazán, especialista en administración de justicia, consideran este un momento clave para que la oposición nicaragüense ofrezca alternativas a los trabajadores del Estado y a la disidencia sandinista, ante el debilitamiento interno de la dictadura.
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«Resulta fundamental que toda estrategia de oposición política tenga dentro de sus pilares tácticos algún tipo de mecanismo que permita que la disidencia del Frente Sandinista pueda encontrar puentes en las alternativas opositoras. Además, una efectiva estrategia de oposición debe procurar estimular la diferencia interna dentro de la dictadura», manifestó Maradiaga.
Sin embargo, como señaló Morazán, hasta el momento «no ha habido una sola propuesta hacia los trabajadores del Estado» de parte de la oposición que «de alguna manera les garantice estabilidad y continuidad en una situación de transición para aquellas personas que realmente no se han visto involucradas en actos de represión o de corrupción significativo que hayan dañado a la población».
En la Corte Suprema hay más de cuatro mil trabajadores, de acuerdo con el exfuncionario, que «no necesariamente ocupan cargos de dirección o cargos de tomas de decisiones, de juzgar o sancionar, o cargos que toquen dinero que pertenece al pueblo de Nicaragua. Por consiguiente, es importante dirigirse a ellos, ya sea para prometer estabilidad en una transición democrática».
Además de los despidos de magistrados, administradores y altos cargo de la CSJ en los últimos días, se ha conocido que decenas de empleados de la Corte Suprema de Justicia se encuentran bajo investigación y bajo estrictas medidas de revisión en sus puestos.
Sin mucho qué ofrecer
A corto plazo, los grupos opositores no podrían ofrecer nada a los trabajadores estatales, debido a que la dictadura tiene un control total del país. En Nicaragua no quedan articulaciones políticas o estas operan bajo total discreción por miedo a ser encarcelados, desnacionalizados y expulsados del país.
No obstante, el ex preso político Maradiaga señaló que en términos de proyecto de país y de visión de futuro es importante que la oposición nicaragüense logre comunicar un proyecto de reconstrucción de la democracia que sea inclusivo.
«Eso quiere decir que aquellas personas que tienen las manos limpias y que en algún momento han sido parte del aparato del Estado, no tienen por qué ser excluidas de un evento al proceso de reconstrucción nacional. A eso me he referido cuando he dicho que las enfermeras, médicos, técnicos, personal administrativo, en fin, los funcionarios del aparato del Estado que no han participado en ninguna forma de represión, deberían tener la certeza de que no serán víctimas de revanchas innecesarias», expresó Maradiaga.
A criterio de Morazán, el poder judicial no es un cuerpo homogéneo, por lo que no se debería polarizar a todos las personas que trabajan en esta institución y recordó que la CSJ «no nació en 2007 con el retorno de Ortega (al poder). Todavía hay trabajadores que entraron con el gobierno de doña Violeta (Barrios de Chamorro), con Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños (q.e.p.d.), y otros que han entrado por diferentes vías» que no han tenido ningún papel que los involucre en la represión del régimen contra el pueblo nicaragüense.
Abrir canales de comunicación
A este segmento, según Morazán, la oposición debe ofrecerle seguridad y confianza en estos momentos, «ya sea para buscar canales de comunicación efectivos y seguros para filtrar información, para archivar documentos sensibles a los que hasta este momento la oposición no ha tenido acceso, o resguardar información sensible o documentación que pueda involucrar a los perpetradores de actos en contra de los derechos humanos de los nicaragüenses para un futuro escenario. Por ejemplo hablarles sobre la justicia transicional, cómo funciona, cuáles serían los mecanismos para hacer una reestructuración o refundación de sistemas», recomendó.
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Maradiaga coincidió en este punto con Morazán por separado en que «la mayoría de los trabajadores del Estado no tienen una responsabilidad directa en los crímenes de lesa humanidad» y que «la reconstrucción de Nicaragua va a requerir un liderazgo de muchísima madurez y de gran capacidad de fomentar la cohesión nacional. El lenguaje excluyente y de odio solo sirve para alimentar la polarización que a su vez es algo que ayuda a la dictadura», dijo.
Sin embargo, el exreo afirmó que «la democracia se construye sobre la justicia, no sobre la venganza», por lo tanto, «los perpetradores de crímenes de lesa humanidad deberán responder ante la justicia porque esos crímenes no prescriben».
Héctor Mairena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dijo que «en todas las instituciones del Estado los funcionarios son rehenes del orteguismo y esto se ha manifestado con mayor claridad en el poder judicial, donde hay una combinación de purgas por razones políticas, por actos de corrupción, no aprobados por los Ortega Murillo».
La paranoia de la dictadura
Sobre la actual «purga» judicial, Maradiaga planteó que «a lo largo de la historia, las dictaduras han seguido un patrón inquietante: después de eliminar la oposición externa, surge una fase de paranoia que lleva a la persecución del propio círculo interno del dictador».
«Este ciclo de purgas dentro del régimen es un testimonio de la inseguridad siempre presente y la despiadada búsqueda de poder que caracteriza a este tipo de regímenes» y «la dictadura sandinista no es la excepción», señaló.
«Cuando el enemigo está cometiendo errores», dijo el opositor «no hay que interrumpirlo. La paranoia de Ortega se ha convertido en una amenaza para muchos de los cuadros internos del Frente Sandinista».
