La intervención policial en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a cargo del comisionado general en retiro Horacio Rocha, asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional, continúa. Este jueves, la magistrada orteguista Yadira Centeno fue desalojada de su oficina en el alto tribunal y enviada a su casa, confirmó el abogado Yader Morazán, exfuncionario del poder judicial.
El martes 24 de octubre fue desalojada de la misma forma de su oficina y enviada a su casa, la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ.
«¡Incrédulos! Es real que desalojaron a las magistradas Alba Luz Ramos como también a Yadira Centeno», reafirmó Morazán a través de sus redes sociales.
Centeno es presidenta de la Sala Civil y de Familia de la Corte Suprema. Tiene 27 años siendo magistrada.
La presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, está bajo casa por cárcel y «con la inmunidad en el bolsillo», añadió el abogado.
Despidos administrativos
De acuerdo con fuentes de confianza de Morazán, la Corte y otras sedes judiciales están sitiadas e intervenidas por la Policía.
Hay colaboradores despedidos y suspendidos a los más «altos niveles», incluyendo algunas «vacas sagradas intocables que se sostenían por el servilismo o historia dentro del FSLN desde tiempos de las guerrillas», dijo.
Entre los directivos despedidos, según Morazán, está Sergio Lazo, quien fue teniente coronel; fue secretario de una de las Unidades de Victorias Electorales (UVE) y responsable de la División de Administración de Personal a nivel nacional.
Además, señaló que despidieron a todos los directivos de la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DGTIC) de ese poder del Estado, que va desde su director, hasta las dependencias a su cargo: División de Sistemas Jurisdiccionales y Administrativa, División de Sistemas Registrales, División de Soporte Técnico y División de Redes y Comunicaciones. «Esas áreas se encargan de los servicios informáticos, redes, telefonía IP, desarrollo web y soporte técnico a nivel nacional», dijo Morazán.
Imponen restricciones
Por otro lado, denunció que los trabajadores son intervenidos en sus labores, hay denuncias de arrestos, investigaciones e interrogatorios.
Estas medidas fueron impuestas tras la intervención policial del martes 24 de octubre. Cuando Ramos fue desalojada de su oficina se reactivaron las restricciones de ingreso a la CSJ, ubicada en Carretera Norte, en Managua.
«De nuevo revisarán vehículos, documentos, identificación, bolsos y equipos de trabajo o aparatos tecnológicos personales y se interrogarán en la entrada», lo que ha aumentado la zozobra entre los trabajadores.
