“La situación general de los derechos humanos se ha agravado” en Nicaragua, afirmó Jean-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren), quien reiteró que en Nicaragua “se han cometido crímenes de lesa humanidad de persecución por motivos políticos”.
Durante la actualización oral sobre la situación de Nicaragua, en el 54 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el presidente del Grupo de Expertos recordó que en marzo pasado presentaron su primer informe sobre los crímenes perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril de 2018, en el que también concluyeron que en Nicaragua se cometieron delitos de lesa humanidad, cuyos crímenes “gozan de total impunidad y que todo el aparato del estado está al servicio de este fin”, dijo este martes.
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Simón sostuvo que desde la presentación de ese informe la situación ha continuado. Por lo que recomiendan a la comunidad internacional “ampliar las sanciones contra instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales”.
Los expertos pidieron al gobierno de Nicaragua, que permita el acceso de organismos de verificación neutrales e independientes, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, a los centros de detención donde se encuentran retenidos opositores reales o supuestos. El Grupo reiteró su llamado al Gobierno de Nicaragua para que coopere con el Grupo y le conceda acceso al país.
En esta segunda presentación, tras la extensión del mandato efectuada en abril de este año, el Grupo de Expertos investigaría otras líneas como las cadenas de mando, en la que incluirían a todas las instituciones que podrían estar involucradas como el Ejército de Nicaragua.
Describe el panorama actual en Nicaragua
Simon expuso que “los actores religiosos, en particular la Iglesia católica, son cada vez más el blanco de ataques. Esto ha llevado a muchas personas defensores y opositores a abandonar el país. Una vez en el extranjero, se han enfrentado a la privación arbitraria de su nacionalidad, la confiscación de bienes y sus familiares en Nicaragua han sido expuestos a intimidación”.
Además, dijo que “el gobierno ha intensificado su persecución de las universidades como espacios para el pensamiento crítico e independiente. Se ha cancelado la personalidad jurídica de 27 instituciones y se han confiscado sus bienes. Esto se ha hecho invocando supuestas infracciones de la normativa, lo que refleja la instrumentalización del aparato del Estado para suprimir la libertad y la diversidad académicas”.
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Asimismo indicó que el estudiantado percibido como disidentes u opositores a las autoridades han pagado un alto precio. “Muchos han sido expulsados, y se enfrentan a hostigamientos que incluyen la denegación de sus expedientes académicos y documentación, lo que contribuye a que no puedan continuar sus estudios en Nicaragua o en el extranjero. La persecución se extiende también a las autoridades académicas y a los profesores. El estudiantado y el personal en estas circunstancias se han visto obligados a abandonar el país, y a algunos se les ha privado de su nacionalidad una vez en el extranjero”.
Por lo tanto, el grupo recomendó también evaluar la cooperación al desarrollo actual y futura hacia Nicaragua con el objetivo de fortalecer una gama plural y diversa de actores en la educación superior, para garantizar el derecho a la educación y la libertad académica.
El equipo experto instó a la comunidad internacional a garantizar un acceso justo y efectivo a los procedimientos de identificación, remisión y determinación del estatus de las personas privadas de su nacionalidad u obligadas a abandonar Nicaragua; y, en la medida de lo posible, facilitar su asimilación y naturalización.
Nicaragua rechaza y descalifica al Ghren
La respuesta del régimen, a través de Rosalia Bohórquez, embajadora de Nicaragua ante la ONU, fue en rechazo y descalificación al Grupo de Expertos.
“El gobierno de reconciliación y unidad nacional reitera nuevamente la no aceptación y desconocimientos a las labores de este mal denominado Grupo de Expertos sobre Nicaragua. A la vez recordamos que la resolución que los creo es una resolución impuesta unilateralmente que no goza ni gozará de nuestra aceptación ni del consenso de la mayoría de los miembros de este Consejo, al contrario esta forma parte de de la vil estrategia y manipulación que pretenden algunos países imperialistas en su afán decadente de interferir en los asuntos de estados soberanos dignos y libres como Nicaragua”, dijo Bohórquez.
Bohórquez agregó que rechazan rotundamente “la sola insinuación de injerencia o intento de menoscabar la soberanía de nuestra identidad nacional. Este foro debe encausarse a los principios por los cuales fue creado, la imparcialidad y la no selectividad debe ser premisa para sus labores, y no servir de caja de resonancias de políticas rancias, intervencionistas de algunos miembros de este Consejo”.
Agregó que “al igual que reciente informe del alto Comisionado esta actualización está plagado de mentiras y desinformación, que solo justifican las inhumanas sanciones en contra de Nicaragua. Sus fuentes carecen de legitimidad e imparcialidad, obviando deliberadamente la realidad, la verdad verdadera del pueblo nicaragüense”.