En las últimas 48 horas la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha comenzando a confiscar de facto las viviendas de nicaragüenses en el exilio a quienes despojó de su nacionalidad el 15 de febrero pasado. Entre ellos Gioconda Belli, escritora y poeta nicaragüense; Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos; Moisés Hassan, exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, entre otros.
Asimismo, las viviendas del excanciller Norman Caldera; la activista de derechos humanos Haydée Castillo; el periodista y cineasta nicaragüense Camilo de Castro Belli, hijo de la escritora Belli. El régimen también se tomó la casa y una finca ubicada en Chiquilistagua, Managua, del excanciller, Francisco Aguirre Sacasa, excarcelado político y desterrado a Estados Unidos.
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La escritora Belli, ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, confirmó la acción represiva desde su cuenta de la red social X (antes Twitter).
“Ayer (lunes) la dictadura Ortega Murillo consumó la confiscación de mi casa de habitación en Managua, enviando policías a ocuparla. Es una casa que para siempre contendrá el recuerdo de mi energía creativa, la huella de mis libros y el paisaje que más amaba. Lo que era queda en mí”, indicó.
Agregó que “los tiranos creen que pueden doblegar a las personas despojándolas de lo que les pertenece. Pierdo mi casa, ocupada ayer por la policía, pero ellos, sumidos en la paranoia y la mentira, han perdido sus valores, su historia, convertidos en malsanos tiranos dignos de repudio”.
Leonor Zúniga, esposa de Camilo de Castro, también denunció la ocupación de su casa. “Efectivamente hoy Ortega y Murillo, a través de la PGR (Procuraduría General de la República) y la Policía (Aka el escuadrón de ladrones) oficialmente se tomaron mi casa. Rieguen las plantas y no se coman los garrobos pinches bestias sin imaginación”, señaló.
En esa misma línea, Zúniga mencionó que el robo de su vivienda es “en castigo por ser defensores de derechos humanos y ayudar a la liberación de los presos políticos. Sin embargo, tendré para siempre el gusto de decir que los liberamos”.
Hassan confirmó a LA PRENSA que desde el domingo llegaron oficiales de la Policía a tomarse la vivienda ubicada en el reparto Belmonte, en Managua, valorada en más de 300 mil dólares.
“El domingo en la tarde entró la Policía en la casa, lo que ya había hecho en el papel ya consumaron las acciones. La vivienda estaba deshabitada”, dijo Hassan.
Denunció que esa acción represiva “lo ofende, lo golpea, lo hace sentir que Nicaragua es un país sin leyes donde no se respetan los derechos de la población”.
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El defensor de derechos humanos e integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Carrión dijo a este Diario que “desde el domingo se habían metido a la casa, y ayer (lunes) ya estaba una brigada de trabajadores dentro de mi casa, invadieron mi casa, consumaron el asalto”.
La vivienda de Carrión está ubicada en Altos de Nejapa, en Managua, valorada en 70 mil dólares. “Nosotros pagamos esa casa durante 15 años (…) yo confirmó la indignación de mi familia, los que ordenan y ejecutan las acciones son criminales de lesa humanidad y ladrones, como defensor de derechos humanos no van a lograr el propósito de silenciarnos. La confiscación es una acción de maldad”, denunció.
Despojados de su nacionalidad el 15 de febrero
Seis días después de haber excarcelado y desterrado a 222 personas presas políticos a Estados Unidos, la dictadura ordenó a Ernesto Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), despojar de su nacionalidad a 94 nicaragüenses acusados por el Ministerio Público como “traidores a la patria“. Con este grupo, la cifra de las personas declaradas “apátridas” aumentó a 317.
En la lista se encuentran periodistas, directores de medios de comunicación, activistas, políticos, religiosos, y defensores de derechos humanos. Los ciudadanos fueron declarados “prófugos de la justicia” y el magistrado Rodríguez ordenó la confiscación de los bienes inmuebles y sociedades que pasarán “a favor del Estado de Nicaragua”.
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Cabe mencionar que días después del retiró la nacionalidad a los 94 nicaragüenses, las casas de la periodista y activista feminista Sofía Montenegro y la opositora Azáhalea Solís fueron tomadas. Ambas residencias estaban ubicadas en el complejo Amazonia, ubicado en el Reparto San Juan de Managua. La dictadura además de confiscar sus vivienda se robó el edificio entero donde residían, afectando a un total de 16 casas.
El 18 de febrero, también fue tomada una propiedad de la excarcelada política y opositora Irlanda Jérez ubicada en el barrio Los Ángeles, en las cercanías del mercado Oriental, en Managua. Y en marzo, el régimen orteguista se apropió de la casa de Aníbal Toruño, dueño de Radio Darío.
