Una ciudadana ucraniana que tenía décadas de residir en Nicaragua, emigró por supuestas amenazas y denunció a las autoridades de Migración y Extranjería por “vigilar y controlar” a los residentes de ese país y hacer negocios con las cédulas de residencia.
“Irina”, quien oculta su verdadera identidad para evitar represalias contra familiares que siguen en Nicaragua, es una ciudadana de origen ucraniano que llegó a Nicaragua a finales de los años 80, al establecer una relación con un estudiante nicaragüense que estudiaba becado en Rusia.
Dice que hizo su vida en este país y aunque se separó de su pareja a los pocos años, se volvió a casar con otro nicaragüense con quien formó una familia.
Ella dice ser oriunda de Jarkov, uno de los principales óblast (región) de Ucrania, y se radicó en Managua desde 1989.
Delatada por comentar en WhatsApp
“Irina” cuenta que en mayo del 2022 ella cuestionó unas declaraciones del dictador Daniel Ortega a favor del dictador Putin y en contra de Ucrania, en un grupo de WhatsApp donde interactuaba con otras personas que forman parte de la comunidad de nicas y personas de la extinta Unión Soviética que se asentaron en Nicaragua desde finales de los años ochenta e inicios de los 90.
Según su denuncia, alguien del grupo filtró los mensajes y a ella la citaron a partir de junio del año 2022 a Migración bajo el argumento de revisar su status migratorio.
Ella era residente permanente y como madre de hijos nicaragüenses nunca tuvo problemas de tipo migratorio, sin embargo, en la cita lo primero que hicieron fue pedirle su cédula de residencia y amonestarla por opinar en contra de Rusia.
Además le entregaron un documento sobre “Causales de revocación de residencia o permanencia legal para ciudadanos de otras nacionalidades”, donde subrayaron la causal 8 para perder su status migratorio: “quien altere el orden y la seguridad ciudadana previo informe de la Policía Nacional”.
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Dice que siempre había ido a Migración y Extranjería a hacer sus gestiones y trámites y nunca la habían interrogado de la forma en que lo hicieron esa vez, donde le pidieron hasta los documentos de identidad de su familia.
Reclamo por “noticias falsas”
“Ellos me preguntaron si yo comentaba en redes sociales contra Daniel o contra Putin, yo les dije que no uso redes, pero ellos me mostraron una captura de pantalla de mi mensaje en WhatsApp y unas impresiones de una persona en Facebook y me preguntaban si yo me ocultaba desde esa cuenta para cuestionar a Rusia y Nicaragua”, comentó en San José, Costa Rica, a donde salió este año.
“Irina” cuenta que una oficial le dijo que “difundir noticias falsas sobre la guerra” era delito perseguible hasta fuera de Nicaragua si se confirmaba que lo hizo desde una cuenta falsa y le advirtieron que tuviera cuidado “porque controlamos todo lo que se publica en redes sociales”.
En Nicaragua la figura penal de “propagación de noticias falsas” se encuentra en la ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, promovida por la dictadura en 2020 para censurar a los medios de comunicación independientes.
Bajo esta figura han sido acusados y condenados decenas de personas consideradas opositoras en Nicaragua, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de cárcel por el régimen.
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El artículo 30 de dicha ley establece que “quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa”.
En el caso de que “la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada, perjudique el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y ciento cincuenta a trescientos cincuenta días multa”.
Y llega a cinco años de prisión y quinientos a ochocientos días multa en el caso de que “la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada, incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana”.
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Oficialmente, la dictadura de Ortega se ha declarado a favor de la invasión rusa, ha votado en foros internacionales en defensa del dictador ruso Vladimir Putin y ha calificado a los ucranianos como “nazis”.
Bajo control sistemático
“Irina” explicó que después de esa vez, en que le quitaron la cédula, la citaban cada dos, tres y cuatro meses a pagar una colilla de residencia temporal, sin darle explicaciones de por qué no regresaban la cédula original.
Dice ella que supo que a otra persona de su país, residente en Nicaragua, le hicieron el mismo reclamo por opinar en contra de la invasión rusa y que le quitaron la cédula y le hacen pagar cada cierto tiempo por un documento temporal.
Cuenta que tomó la decisión de irse del país cuando una amiga rusa, que tampoco está a favor de la guerra, le advirtió que había escuchado rumores sobre vigilancia policial contra “Irina” y su familia bajo sospechas de “instigar al odio contra Rusia desde las redes sociales”.
“Yo ahí mismo supe que había perdido la confianza en mi círculo de amigos y que debía salir del país para proteger a mi familia, porque esa policía es capaz de cualquier crimen”, dijo.
“No creo que sea solo contra los ucranianos”
LA PRENSA contactó a una persona de la antigua comunidad ruso-nicaragüense formada por exestudiantes nicas y personas rusas que se conocieron en la extinta Unión Soviética.
Esa persona dijo desconocer del caso específico de la señora ucraniana, pero sí confirmó que a los extranjeros residentes en Nicaragua “los están sangrando” con el cobro recurrente de los permisos de residencia.
“No creo que nadie quiera dar una entrevista mientras no le entreguen su cédula o sus documentos. Ahorita todos andan en alitas de cucaracha, porque están reteniendo las cédulas a todos los extranjeros, pero no creo que sea solo contra los ucranianos”, dijo.
Según su información, Migración y Extranjería está afectando por igual a todos los extranjeros, incluyendo cubanos, venezolanos y rusos.
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“Son cientos de casos así. Es una situación actual, real y de terror para muchísimas personas. Hasta los rusos aquí residentes tienen miedo del gobierno”, dijo la fuente.
El temor de la mayoría, dice, es que el régimen decida expulsarlos sin derecho a apelación si no pagan los permisos de residencia o que los deje indefinidamente sin identidad legal: “Pagás o quedás muerto civilmente, sin identificación”.
Cobros y citas arbitrarias a Migración
La fuente comentó que la residencia permanente se renueva cada cinco años y la temporal cada año, pero esos tiempos ahora los han variado arbitrariamente y no a todos les entregan la cédula sino una colilla de papel.
“Varía de caso en caso y no podemos identificar un patrón. A varios les llamaron antes de que se les vencieran y los hacen llegar cada 6, 3 o 1 mes. A otros que se han presentado a renovar por vencimiento solo les dan una colilla que no dice nada, pero según ellos hace constar que la cédula está en proceso”, dijo.
La denuncia de la extranjera ocurre en un contexto en que la dictadura de Nicaragua utiliza al Ministerio de Gobernación, instancia a la que pertenece Migración y Extranjería, como arma de represión contra nicaragüenses y extranjeros considerados “opositores” al régimen.
Migración se ha encargado de retener y anular pasaportes a ciudadanos nicaragüenses que han tratado de viajar por aeropuertos y puestos fronterizos; además los agentes de ese ente han impedido el retorno a Nicaragua de periodistas, empresarios y religiosos que han salido en misiones al extranjero, dándoles el carácter ilegal de apátridas.
De la misma manera, Migración ha expulsado, deportado y anulado los permisos de residencia de extranjeros miembros de órdenes religiosas a las que luego han confiscado sus bienes y propiedades.
