Como un “crimen cultural” será recordada en la historia de Centroamérica la confiscación ejecutada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (Ihnca) —ubicado en las instalaciones robadas a la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua—. Para muchos historiadores de la región este lugar era un centro al que acudían para discutir la historia de Centroamérica y tratar de plantear una visión crítica de la historia de Nicaragua.
“Era una maravilla visitar el Ihnca que no puedo creer que esta dictadura sea tan sanguinaria que lo único que le faltaba destruir era el patrimonio nicaragüense (y ahora) lo esté haciendo de manera más impune”, opinó David Díaz Arias, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, de la Universidad de Costa Rica (UCR), a LA PRENSA.
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El historiador, catedrático y profesor emérito de la UCR, Víctor Hugo Acuña Ortega, manifestó que lo que había en el Ihnca “es un tesoro que está en gravísimo peligro y que no solo es útil para Nicaragua, sino para todos los países de Centroamérica y para todas las personas de distintas partes del mundo que se interesan en el estudio de la realidad centroamericana”.
Una fuente cercana a la administración del Ihnca, bajo la condición de anonimato, contó a este Diario que las raíces del Instituto datan desde 1934, “mismo año en el que la Compañía de Jesús empezó a acopiar en un solo sitio numerosos documentos antiguos, siendo un tesauro religioso del siglo XVI, el más antiguo de todos. De ahí, gracias al prestigio de los jesuitas, varias familias empezaron a donarle los documentos de sus pariente fallecidos, los que tienen un valor histórico de por sí”.
Fundado en 1987 gracias al esfuerzo de los sacerdotes jesuitas Manuel Ignacio Perezalonso y Álvaro Argüello Hurtado, el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la UCA construyó su patrimonio con donaciones particulares y los archivos de la Biblioteca del Instituto Histórico Centroamericano (BIHCA) en 1934, y el Instituto de Historia de Nicaragua (IHN) 1990. En abril de 2010, el Instituto recibió el premio Príncipe Claus otorgado por Holanda, convirtiéndose en la primera institución nicaragüense en recibir este galardón.
Instituto de Historia “Héroes de Nicaragua”
El golpe final al Ihnca lo concretó la dictadura orteguista el miércoles 23 de agosto —en medio de los ataques a la Compañía de Jesús en Nicaragua que va desde la acusación de “terrorismo” hasta la confiscación de sus bienes— cuando ordenó al Consejo Nacional de Universidades (CNU) inaugurarlo como el Instituto de Historia “Héroes de Nicaragua”, donde se instaló el “Museo de la Cruzada Nacional de Alfabetización”, en ocasión de su 43 aniversario.
La vocera gubernamental y cogobernante, Rosario Murillo, previo a la inauguración del Instituto de Historia “Héroes de Nicaragua” dijo que el museo de la revolución “estaba cerrado por los enemigos de la patria bendita y siempre libre. Hoy se reabrió y ahí está el espejo de lo que somos, adónde vamos, de dónde venimos”.
Murillo sentenció que rebautizar al Instituto “evidencia de todo lo que somos capaces de hacer y todo lo que nos ilumina, como sol que no declina, en la creación del porvenir”. En la inauguración del museo colocaron la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La fuente cercana a la administración del Instituto lamentó la forma en que se expropió y hasta la falta de un traspaso formal de un acervo de tal calidad y dimensiones, y mencionó que siguiendo los discursos oficiales todo sugiere que lo que quede del Ihnca “va a ser dedicado a una suerte de culto a la memoria del FSLN”.
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Apuntó que tras la confiscación “se exhibe el interés en destacar solo aquello que respalde la narrativa oficial. Esto sugiere que no se dará tal trato a información referente a otros temas, lo que sería un retroceso al enfoque democrático con que este instituto se condujo”.
Describió que en el Ihnca se cuidaba con esmero todo el material producido por la Revolución Sandinista de los 80 del siglo pasado; la documentación de otros períodos históricos y de diferentes enfoques políticos como las colecciones de audiovisuales producidos por el Sistema Sandinista de Televisión y de casi todas la ediciones de Novedades, propiedad de la familia Somoza. También información de producción textual durante los 30 años conservadores del siglo XIX y del período del presidente José Santos Zelaya.
“Este enfoque democrático no surgió del Ihnca, sino que este buscaba ser consecuente con postulados de la Pedagogía Ignaciana”, resaltó.
“Un crimen cultural para toda Centroamérica”
Díaz Arias apuntó que lo que ha hecho el régimen Ortega-Murillo con el Ihnca es “un crimen cultural no solo para Nicaragua sino para toda Centroamérica”. El Instituto albergaba cerca de 70 mil volúmenes y otros recursos de gran valor para los investigadores de la historia desde el siglo XVI.
El director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la UCR describió que desde la década de 1990 el instituto se había encargado de reunir una gran cantidad de fuentes primarias, entre las que estaban archivos personales tanto de personajes políticos como culturales “singulares y muy importantes en la historia de Nicaragua del siglo XX”.
También en el siglo XIX recordó que había reunido periódicos nicaragüenses y tenía “una gran cantidad de documentación sobre la Revolución Sandinista, el periódico Barricada y testimonios orales de una gran cantidad de personas que participaron en la Alfabetización de Nicaragua, y tenía miles de fotografías históricas. Esto que está haciendo la dictadura de Nicaragua no tiene nombre en términos de daño patrimonial para Nicaragua y Centroamérica”.
Acuña Ortega coincidió con Díaz Arias al denunciar que la confiscación de las instalaciones del Ihnca es “un crimen y evidentemente me recuerda la novela Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Me recuerda cuando los nazis (en 1933) hacían las pilas de libros que quemaban de toda la gente que consideraban enemigos del régimen. Esa es la trágica realidad para Centroamérica en donde la institución privada más importante que había en la región en el campo de la historia y ciencias sociales ha sido destruida”.
A su vez, Acuña Ortega subrayó que la confiscación es una pérdida internacional, pues no solo es para Nicaragua, sino para América Latina y para “todas las personas que en distintos lugares del mundo hacen estudios latinoamericanos. Esta es la gran tragedia, la inmensa expresión de barbarie que significa haber expropiado y convertirlo en otros fines que son absolutamente congruentes con lo que hace y deshace la dictadura en Nicaragua”.
La fuente en anonimato calificó la experiencia de haber trabajado en el Instituto como “un privilegio y una oportunidad de aportar al conocimiento de la Historia de Nicaragua. El Equipo Ihnca trabajábamos claros de que gestionar el acervo documental era una responsabilidad con Nicaragua, no solo con la UCA, y trabajábamos en consecuencia de ello”.
Destacó que el Ihnca también era un centro de referencia para estudiosos locales y extranjeros, incluyendo estudiantes de otras universidades como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). “Era uno de los mejores, sino el mejor, de su tipo en Centroamérica. Su pérdida parcial o total sería un gran daño para Nicaragua y los países del istmo. La UCA siempre invirtió en el sostenimiento del Ihnca, desde el pago del personal, el mantenimiento de las instalaciones, hasta el clima artificial para ralentizar su deterioro”, subrayó.
Riesgos de perder la documentación
El director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la UCR —un ente hermano del Ihnca— mencionó que el centro se había encargado por décadas de recolectar fuentes primarias de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica.
“Se había convertido en un centro muy importante al que acudimos muchas veces a discutir la historia de Centroamérica y a tratar de plantear una visión crítica de la historia de Nicaragua. Y esta confiscación representa el peligro de que esa documentación tan valiosa e irremplazable pueda ser destruida por los vicios de un dictador”, puntualizó Díaz Arias.
No dudó en señalar que es una “catástrofe cultural” que sin duda debe ser señalada y denunciada ante organismos culturales internacionales por “el tremendo impacto que va a tener ahora y en el futuro cercano que se quiera tratar de construir nuevas visiones sobre la historia de Nicaragua y Centroamérica”.
Por su parte, Acuña Ortega destacó que el Ihnca ha sido un espacio de generación de pensamiento innovador y crítico en el campo de la ciencia social y de la historia. “Lo mejor de la historia nicaragüense que se ha producido en los últimos años, en las últimas tres décadas, ha sido publicada por el Ihnca y ha sido escrita por personas que de alguna u otra manera han tenido vinculación con el Instituto, como investigadores o historiadores que han llegado a investigar ahí”, apuntó.
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También recordó que en Nicaragua no hay ningún otro lugar que presente esas características. “El Ihnca ha sido una casa de ediciones que ha publicado diversos trabajos, es un centro de enseñanza universitario de alto nivel, cursos, seminarios, diplomados y posgrados, formación que no ha sido solo para nicaragüenses, sino para otros centroamericanos y otras partes del mundo”, señaló.
Con la expulsión de bibliotecarias y otros especialistas del centro, “se pierden muchos años de experiencia de gente que dedicó su vida al Instituto. Es prioridad de los pretendidos manipuladores de la historia eliminar narrativas alternativas de eventos pasados. El Ihnca era guardador de todo tipo de narrativas”, dijo la fuente cercana al Instituto.
“Adalid del resguardo de fuentes de la historia”
Un total de 36 historiadores de Costa Rica, Estados Unidos, Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, Alemania, México y Canadá firmaron y emitieron un manifiesto conjunto en el que reprocharon la confiscación del Ihnca al que destacaron como “adalid del resguardo de fuentes de la historia de ese país y de la región”.
Los profesionales catalogaron la acción como un nuevo acto de represión a quienes cuestionan la voluntad del dictador, por lo que señalaron que “es inadmisible y lo denunciamos como un vil montaje que pretende desmoronar una de las instituciones de educación superior más importantes de Nicaragua y, ciertamente, una de las que ha liderado la investigación en ese país por décadas”.
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Asimismo, los académicos condenaron que la confiscación “representa un nuevo esfuerzo de la dictadura por borrar a quienes se le oponen o cuestionan sus fantasías autoritarias”.
Declararon que “este paso es el mismo que en el pasado latinoamericano ha pretendido linchar a jóvenes estudiantes por su actitud crítica frente a los autoritarismos políticos”.