A menos de una semana de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU), inauguró la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro en el campus robado a la Universidad Centroamericana (UCA), ha quedado al descubierto que los funcionarios orteguistas no pueden administrar ni propiciar el funcionamiento del centro de estudios.
En este período se han presentado una serie de irregularidades y controversias entre el discurso de la cogobernante de facto, Rosario Murillo, y la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, que van desde que la universidad sería gratuita hasta la fecha del inicio de clases del segundo semestre del año escolar. Todo esto demuestra la incapacidad operativa de las autoridades del régimen tras la confiscación de la UCA a los jesuitas.
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La UCA, con más de 60 años en Nicaragua, fue confiscada el pasado 16 de agosto tras haber recibido un oficio en que se le acusa de ser «un centro de terrorismo», una acusación que la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús ha rechazado contundentemente.
Dos días después, la dictadura por medio del Ministerio de Gobernación (Migob) le canceló la personalidad jurídica y delegó a la Procuraduría General de la República realizar el «traspaso» de sus bienes al Estado. Ese mismo día, el CNU anunció que el inicio de clases en la montada Casimiro Sotelo sería el 28 de agosto, por lo que invitó a los universitarios a matricularse.
La mentira de la universidad gratuita
Murillo, vocera gubernamental, en su alocución acostumbrada de mediodía del 18 de agosto anunció que la Casimiro Sotelo sería gratuita, como las estatales.
«La mejor educación al menor costo posible, para las familias, para los padres de familia, para los estudiantes, que, estamos seguros, van a continuar desarrollando sus propósitos y metas en educación, para el futuro de todos y todas», mencionó la cogobernante.
Más tarde, en pleno acto de inauguración donde participaron funcionarios orteguistas de otras universidades y simpatizantes, la titular del CNU afirmó que «esta universidad será gratuita para garantizar la formación y el futuro de los jóvenes, hombres y mujeres, hijas e hijos de las familias de escasos recursos económicos de esta Nicaragua bendita (…) no habrá ningún arancel o pago en esta universidad».
Sin embargo, este 24 de agosto, a través de la certificación del CNU publicada en el diario oficial La Gaceta se confirmó que la universidad operará «de forma autofinanciada», lo que significa que no será gratis y de alguna forma deberá cobrar aranceles a los estudiantes, ya que no recibirá el 6 por ciento del presupuesto estatal.
Acusan a los jesuitas de haberse robado el dinero
Otra de las mentiras y la falta de organización de las autoridades impuestas sucedió el reciente 22 de agosto. Desde el portón principal de la universidad un orteguista, aparentemente trabajador de la Casimiro Sotelo, les dijo a un grupo de estudiantes que por orientación del rector Alejandro Genet los que están matriculados podían llegar el lunes 28 de agosto a clases en horario normal.
«El lunes todos a clases normal», señaló. Y afirmó que las inscripciones serían en línea debido a que en ese momento iban a reactivar el Power Campus para que se inscribieran. Aunque ni él mismo recordaba el nombre del sistema.
También les dijo a los estudiantes que el dinero que habían pagado no se les iba a regresar debido a que «se lo llevaron los jesuitas», pero no mencionó que la dictadura días previos a la confiscación le congeló las cuentas y los bienes inmuebles a la universidad. Es decir, que los jesuitas no se robaron el dinero, sino que este quedó en manos del régimen.
Retrasan el inicio de clases
Tanto Murillo como la presidenta del CNU indicaron que las clases iban a iniciar el 28 de agosto.
«Las actividades académicas del II Semestre Académico del Año Lectivo 2023 iniciarán este próximo 28 de agosto del año en curso, por lo que se les hace el llamado a todos los estudiantes a integrarse a los procesos educativos», decía el comunicado N. 01-2023.
Este jueves 24 de agosto, en el comunicado 02-2023 se retractó y pospuso el inicio de clases del segundo semestre para el 25 de septiembre.
Moisés Ignacio Palacios, secretario de la universidad, emitió un comunicado en el que argumentó que el retraso de las clases se debe a que están en «revisión exhaustiva de los expedientes académicos” para identificar a los estudiantes «que provienen de familias de escasos recursos económicos».
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Así, el CNU nuevamente se contradijo porque en el comunicado indicó que la Universidad Casimiro Sotelo es «pública y gratuita». Y aunque no queda claro en la comunicación, se sugiere que será a los estudiantes de «escasos recursos» a quienes se les otorgará beca, ya que afirmaron que la revisión de expedientes es para «asegurar la continuidad educativa en esta universidad del pueblo». Con el resto de la comunidad educativa no se sabe qué pasará.
