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CONTENIDO EXCLUSIVO.Como si se tratara de una venganza porque en 2018 una fallida reforma a la Seguridad Social encendió la chispa de la rebelión que tras casi cinco años mantiene al país en crisis, Daniel Ortega le dio la estocada final a los jubilados al congelar sus pensiones.
La reforma del 2019 incluyó un primer amago, al no dejar claro si las seguirían ajustando anualmente en la misma proporción del deslizamiento, pero al final lo hicieron. Sin embargo, el ajuste del próximo 30 de noviembre será el último, ya que partir de 2024 la tasa de deslizamiento será del 0 por ciento, por lo que las pensiones quedarán congeladas.
A eso hay que sumarle que la inflación que se encuentra en niveles altos seguirá restándoles poder adquisitivo que no podrán recuperar. Esto afectará a más de trescientos mil pensionados, ya que el último dato publicado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) es del 2021, cuando 257,847 trabajadores estaban dentro de la planilla de pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que es el más numeroso de la institución.
Segun datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el 2023 estimaba que el INSS alcanzaría las 333,622 pensiones, las que quedarían a merced de la inflación, que de por sí es mucho más alta que el deslizamiento, pero que al menos esta última venía dando un cierto alivio a los retirados.
La afectación ocurre mientras el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, insiste en que la reducción a 0 por ciento de la tasa de deslizamiento no provocará perdedores. Aunque también ha tenido que admitir que tendrán que seguir trabajando para moderar el alza generalizada de precios para que los salarios no pierdan valor. Sin embargo, economistas independientes han explicado que la medida aunque es antinflacionaria, no impactará en la inflación.
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Es la estocada final
Este nuevo golpe a las raquíticas pensiones que entrega el INSS es la estocada final tras un largo proceso de reducciones que bajó desde 12 hasta 0 por ciento la tasa de deslizamiento del córdoba. A esto se suma que antes de la reforma a la Seguridad Social aprobada en diciembre de 2013, las pensiones mínimas (que son mayoría) se ajustaban tres veces al año.
En febrero y agosto les aplicaban el ajuste semestral aprobado para el salario mínimo al sector manufactura y al final del año el porcentaje correspondiente a la tasa de deslizamiento vigente. Este último se aplicaba a todas las pensiones, sin excepción.
Eso permitió que en la última década las pensiones promedio crecieran en 75 por ciento. En 2011 la pensión promedio del régimen IVM era de 3,497.6 córdobas mensuales y en 2021, que es el último dato publicado por el INSS, se ubicó en 6,106.8 (Ver infografía).
Un ejemplo del empuje que provocaban ambos ajustes eso es lo que ocurrió en 2011 cuando recibieron un ajuste anual de 18 por ciento. Según el anuario estadístico del INSS de ese año, “ajustaron los montos de las pensiones en 7 por ciento en febrero y 6 por ciento en agosto, para acumular el 13 por ciento correspondiente al ajuste del salario mínimo”. Además, en diciembre les aplicaron el 5 por ciento de mantenimiento de valor que estuvo vigente desde 2004. Entre 1992 y 2004 la tasa de deslizamiento fue de 6, 9 y 12 por ciento.
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Recortes a ajustes empezaron en 2014
Sin embargo, en la reforma aprobada en diciembre de 2013 al reglamento de la Ley de Seguridad Social eliminó el ajuste relacionado con el salario mínimo. A partir de ese año dicho artículo estableció que el monto de las pensiones en curso de pago sería actualizado al 30 de noviembre de cada año, aplicando el mantenimiento de valor con relación a la tasa cambiaria oficial del córdoba establecida por el Banco Central de Nicaragua con relación al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.
Dicho artículo también estableció que “en el mes de julio de cada año, las pensiones cuya base de cálculo inicial fue una remuneración base mensual menor o igual a dos salarios mínimos, tendrán un ajuste de la cuantía, que será calculado aplicando a la pensión existente del mes de julio del año anterior el porcentaje de aumento del salario promedio de los asegurados acumulados en los doce meses previos”.
Por tanto, a partir de 2014 las pensiones solo recibían el ajuste del 5 por ciento de mantenimiento de valor vigente en ese momento. Con la reforma aprobada en enero de 2019 el artículo 96 volvió a cambiar. Desde entonces solo dice que “el monto de las pensiones en curso de pago, será actualizado al 30 de noviembre de cada año, aplicando lo establecido en el artículo 50 del Decreto número 974 Ley de Seguridad Social”.
Pensión promedio crecerá menos
Sin embargo, el artículo 50 de ese decreto emitido en 1974 no dice nada relacionado con el ajuste de las pensiones. Pero según economistas, en una reforma aprobada en 2006 sí lo mencionaba. Por lo que las siguieron ajustando en relación con la tasa de deslizamiento, que bajó en 3 por ciento en 2019, a 2 por ciento en 2020, a 1 por ciento en 2023 y a 0 por ciento en 2024.
Eso significa que a partir del próximo año, el crecimiento de las pensiones promedio dependerá exclusivamente del ajuste que reciba el salario que se utilice como base de cálculo para las nuevas jubilaciones. Es decir una vez que el trabajador se retire y caiga en la pensión mínima, una vez que esta se actualice con el salario mínimo vigente, no volverá a ser actualizada, tras el fin del deslizamiento y empezará a perder valor al ritmo de la inflación.
“El efecto no es contundente porque solo es 1 por ciento, pero definitivamente las pensiones se quedan estancadas. Las pensiones son las que van a sufrir el mayor efecto. En el caso de los salarios como el ajuste depende de negociaciones tripartitas esa flexibilidad les beneficia ya que ahora el ajuste dependerá exclusivamente de la negociación, de no ser así también los salarios sufrirían, especialmente los que están indexados al deslizamiento. En el caso de los salarios de los empleados públicos este se designa ocasionalmente”, explica un economista que por temor a represalias solicita anonimato.
Además, añade que el mayor problema radicará en los efectos que provoque la inflación sobre las pensiones, ya que las hará perder un valor adquisitivo que no podrán recuperar.
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Daño más grave lo provocará la inflación
El economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro, coincide en que el mayor deterioro sobre las pensiones lo provocará la inflación. Ya que incluso, al ser únicamente de 1 punto porcentual la reducción, el ahorro para el INSS y otras entidades del Estado que dejarán de pagar el ajuste de los instrumentos indexados, no será significativo.
“Para mí lo más relevante de todo esto es un tema relacionado, pero no directamente, y es la inflación que se mantiene alta en Nicaragua. Además, es mayor que en el resto de países de Centroamérica por la protección a los precios de los combustibles que deberían bajar”, señala Chamorro.
En una entrevista en un medio de propaganda del orteguismo, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, aseguró que la cláusula de mantenimiento de valor continuaría vigente, pero no explicó si esto se iba a aplicar a las pensiones.
“Si tiene su cuenta en dólares, tiene dólares, no le afecta en nada, y si tiene su cuenta en córdobas está el mantenimiento de valor, cláusula que sigue vigente, no ha pasado nada. Entonces ahí no se ve afectado, por eso te decía, nadie pierde, no hay afectación”, se limitó a afirmar.
El congelamiento de las pensiones ocurre mientras las finanzas del INSS pasan por su peor momento. En el anuario estadístico del 2021 publicado recientemente, la institución reveló que sus reservas técnicas se agotaron. Dicha situación seguramente se agudizó en 2022 cuando la entidad acumuló una década de números rojos que empezó en 2013 con un déficit de 201.1 millones de córdobas.
Esta situación alcanzó su pico en 2018 cuando tras las crisis política que provocó una fuga masiva de asegurados el déficit se elevó hasta los 4,739.9 millones de córdobas. Desde ese año, el hueco financiero se ha mantenido entre los 2,500 y 3,600 millones de córdobas anuales.