El grupo de los 222 ciudadanos opositores y excarcelados políticos denunció la última acción del régimen de Daniel Ortega en contra de la Universidad Centroamericana (UCA), a la que ordenó el cierre «arbitrario e ilegal» de sus cuentas bancarias e inmovilización de sus bienes.
A través de una carta firmada, por los también desterrados y desnacionalizados, expresaron su rechazo a la «vulneración al artículo 125 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que consagra la tutela de los derechos de las comunidades educativas universitarias y de otros centros de educación técnica superior».
Los opositores aseguraron que esta decisión en contra de la UCA es parte del desmantelamiento de la autonomía universitaria, que se viene ejecutando por el régimen orteguista desde 2007 y que se intensificó a partir del 2018, con la confiscación de universidades privadas.
Para el grupo opositor, la universidad no solo ha formado a miles de profesionales «con alta calidad», también, aseguran, «ha sido consecuente con el papel evangélico de la Compañía de Jesús; promoviendo el irrestricto respeto a los derechos humanos; sirviendo como centro de promoción del pensamiento libre y crítico, como base para el desarrollo de conciencias que permitan la transformación de las
sociedades».
También recordaron que los egresados de esa casa de estudios han sido parte de procesos
históricos que ha experimentado el país, lo que ha desencadenado que estos sean víctimas de persecución, cárcel, represión, exilio y muerte durante las dictaduras que ha enfrentado el pueblo nicaragüense.
Instan a un cambio democrático
En el comunicado, los nicaragüenses agradecieron al personal académico y administrativo de la UCA e instaron al pueblo a mantener los anhelos de libertad y democracia.
Al mismo tiempo, hicieron un llamado a la comunidad internacional a que tomen medidas para lograr un cambio democrático en Nicaragua.
- Lea aquí: Organizaciones juveniles ven “alarmante y repudiable” el congelamiento de cuentas de la UCA
El régimen orteguista congeló las cuentas bancarias de la UCA el pasado miércoles y ordenó, este jueves, al Registro Público, la inmovilización de todos los bienes inmuebles a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), según informó el medio Divergentes.
Monteverde califica como «una medida represiva»
El proceso Monteverde también se pronunció sobre los más recientes ataques del régimen a la universidad jesuita, y expresó su profunda solidaridad con el alma mater y calificó la cancelación de las cuentas bancarias como «una medida represiva llevada a cabo por la dictadura como una venganza por el compromiso de denunciar los asesinados perpetrados por el régimen desde 2018».
A su vez destacó que la UCA ha sido un referente en la formación de liderazgo para la «transformación de Nicaragua».
Monteverde se solidarizó con la comunidad universitaria, cientos de estudiantes, docentes y trabajadores afectados, así como con sus autoridades y la comunidad jesuita en Nicaragua.
