El catedrático y exrector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina, advirtió que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con el congelamiento de las cuentas bancarias y la inmovilización de bienes inmuebles de la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, de la Compañía de Jesús, busca crearle más problemas al funcionamiento del alma mater, que ha resistido las embestidas represivas.
Medina, en el exilio, dijo a LA PRENSA que la dictadura pretende que las autoridades de la UCA “tiren la toalla, que se rindan, que cierren”, o incluso que el régimen esté preparando las condiciones y argumentos que utilizan bajo la figura del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) para inventar que “hay problemas de calidad y que por lo tanto hay que cerrar la universidad. Eso podría ser el siguiente paso, que ojalá no se llegue hasta ahí, porque el cierre de la UCA sería una tragedia para Nicaragua”.
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El académico afirmó que el régimen ha tenido a la UCA en la mira desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018 por haber mantenido una posición y actitud crítica frente a lo que estaba pasando en el país. “La UCA como institución nunca envió a los muchachos a las calles, los estudiantes y profesores hicieron uso de sus libertades como ciudadanos establecidas en la Constitución Política, les permitieron expresarse libremente”, apuntó.
Antes de 2018, sostuvo el catedrático, Ortega pensaba que tenía controlados a los principales sectores que le podrían representar algún tipo de oposición en el país.
“Tenía arreglo con empresarios, a los partidos políticos los había hecho desaparecer y con las universidades pensó que todo lo tenía controlado y que UNEN (Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua) tenía todos los espacios bajo su control y nunca esperó que los muchachos salieran a las calles y se sumaran en la protesta con los jubilados, con la famosa reforma a la Ley del Seguro Social y la represión con la que Ortega respondió”, recordó.
Las consecuencias las vivirán los nicas
A lectura de Medina, la Compañía de Jesús no pierde nada, sin embargo, “Nicaragua va a perder a una institución que es fundamental para el desarrollo del país”, algo que a Ortega no le ha importado.
El académico insistió en que la dictadura, con el cierre de la UCA, haría daño a los nicaragüenses porque “estarían dañando la mejor universidad que hay en Nicaragua, lo que quedaría en el país son (…) centros de adoctrinamiento, lugares donde impera la corrupción y la mediocridad, eso es lo que nos va a quedar en el país como universidades”.
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Medina, también exrector de la UNAN-León, aseveró que las consecuencias de un eventual cierre son inimaginables porque “cerrar una universidad tan importante como la UCA va a tener un precio para Nicaragua altísimo”. También valoró que si la universidad pasa a manos del Estado “significa que los universitarios que están en la UCA, que piensan que ahí hay educación de calidad que les permita tener garantías en el futuro como profesional, van a buscar como irse del país”.
Desde finales de 2021 a julio de este año, la dictadura ha clausurado al menos 25 universidades privadas en todo el territorio nacional en su ataque permanente a la autonomía universitaria. El pasado 28 de julio, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), canceló la personalidad jurídica de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr. (Uenic) y de la Universidad de Occidente (UDO), que funcionaban como organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG).
El académico indicó que la dictadura sabe muy bien que no tiene la capacidad de mantener las universidades confiscadas. “El hecho de que hayan cerrado universidades para convertirlas en universidades públicas y que los estudiantes sigan pagando es un reconocimiento de que no las pueden mantener, el 6 por ciento tampoco resolvía el problema de las universidades que existían antes, si se quiere tener una buena universidad ese por ciento apenas ajustaría para mantener solamente una”, recalcó.
Las embestidas del régimen contra la UCA
La UCA ha estado bajo ataque permanente del régimen orteguista desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018 en Nicaragua, por haberse convertido en uno de los bastiones de los manifestantes opositores y por haber servido de refugio cuando eran reprimidos por las fuerzas policiales y paramilitares de la dictadura.
10 de agosto de 2023, la Procuraduría ordena al Registro Público inmovilizar los bienes inmuebles de la universidad, según dio a conocer el medio Divergentes. Las autoridades universitarias no fueron notificadas de la acción.
9 de agosto de 2023, la dictadura, a través del Migob, ordenó congelar las cuentas bancarias de la UCA y las de sus más altos directivos.
Recientemente Confidencial reveló que en la actualidad existen 13 universidades que están a la espera de la acreditación del CNEA, entre ellas la UCA.
El 27 de septiembre de 2022, el régimen impidió que el vicerrector de la UCA, Jorge Huete, retornara al país y así se sumó a la lista de nicaragüenses desterrados de su patria. Él viajó a Argentina para participar en una actividad de la Academia de Ciencias de Nicaragua.
En junio de 2022, el exrector jesuita José Alberto Idiáquez tampoco pudo regresar a Nicaragua, cuando se encontraba en México atendiendo problemas de salud. Él intentó asistir al traspaso de la rectoría que ahora se encuentra bajo la dirección del padre Rolando Alvarado López.
El 6 de abril de 2022, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) le quitó a la UCA el espacio que por décadas ocupó en representación de las universidades privadas del país. En su lugar incorporó a la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso (Uniav), de Rivas.
Fue en 2019, cuando se concretó el castigo con un primer gran recorte con que le asignaron a la UCA solo 184.5 millones de córdobas. Es decir, 67.3 millones de córdobas menos con respecto a los 251.8 que le entregaron en 2018.
En 2020, 2021 y 2022 los recortes siguieron hasta llegar en ese último año a apenas un millón de córdobas, es decir menos del 1 por ciento de lo asignado en 2018.
El 1 de julio de 2018, el padre jesuita Idiáquez, en ese momento rector de la UCA, fue amenazado de muerte debido a su participación en la mesa de Diálogo Nacional como miembro de la sociedad civil.
