Los pueblos indígenas y afrodescendientes, pese a su lucha continua por el respeto de sus territorios y autodeterminación, siguen siendo víctimas de sistemáticas vulneraciones a sus derechos. La Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (Inana-IAP) denunció, a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto, la “violencia sistemática” que enfrenta este sector, resaltando que esto “constituye un verdadero genocidio”.
La organización señala que en Nicaragua, en los últimos años, “se ha intensificado” la violencia “por las invasiones y ataque de colonos armados a comunidades, con el consentimiento del Gobierno y en total impunidad”.
“Condenamos la violencia sistemática que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, en sus tierras y territorios ancestrales, lo que constituye un verdadero genocidio”, apuntó.
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En la misiva, Inana también expresó su preocupación por la situación que siguen enfrentando los pueblos indígenas en el mundo, vinculada sobre todo a amenazas a sus tierras, territorios y recursos, que “pone en riesgo sus formas de vida y supervivencia como pueblo”.
“La vulneración a sus derechos individuales y colectivos, la marginación, la exclusión y el empobrecimiento es una constante en los diferentes pueblos indígenas en el mundo”, resaltó la organización.
Además, reconoció el papel de la juventud de los pueblos indígenas que en los últimos años, pese a los constantes ataques, se han destacado como «agentes de cambio, junto a los saberes ancestrales, para seguir impulsando, desarrollando y liderando cambios hacia la consecución de los derechos humanos colectivos e individuales, la igualdad, justicia social y climática».
Muertes, desplazamiento forzado y extractivismo
La organización Prilaka, a través de un comunicado, afirmó que en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas “no hay nada que celebrar”, aunque resaltó que conmemoran la “resistencia” y permanente lucha de estos pueblos frente a las graves violaciones que siguen sufriendo, algunas incluso en aquiescencia del Estado de Nicaragua.
Detalló que desde 2004 en el país “las invasiones de territorios indígenas han ocupado de forma ilegal y violenta alrededor de 1.7 millones de ha de bosques en territorios indígenas y áreas protegidas como Indio Maíz y Bosawas”; más de 87 indígenas han sido asesinados por colonos; centenas de hectáreas de cultivos han sido tomadas; centenas de familias han sido desplazadas de sus territorios, áreas de cacería, de pesca, de recolecta de medicina tradicional; y los gobiernos regionales s e han convertido en “los principales órganos de represión y negación de derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes”.
Los defensores apuntan que el Estado de Nicaragua, en este contexto de sistemática violencia contra los pueblos indígenas, ha hecho caso omiso a las denuncias y protestas contra las invasiones, el avance de la minería, del aprovechamiento de resina de pino y de la explotación de recursos marinos, y la circulación de colonos por sus territorios y sus comunidades.
“Hay criminalización de la protesta y la organización comunitaria. Se imponen autoridades comunales y territoriales contra la voluntad de las asambleas comunitarias. Se niega el avance de las invasiones como un grave problema que afecta el futuro no solo de los bosques sino también de las comunidades indígenas como las conocemos. Entre políticos y colonos se defiende a las invasiones como parte del desarrollo económico que Nicaragua necesita, cuando sabemos que aparte de la colonización cultural, las invasiones no hacen más que profundizar el extractivismo, modelo económico insostenible a largo plazo”, agrega la misiva.
Desprotección estatal
Inana extendió un llamado «urgente a los estados del mundo, al Estado de Nicaragua y a la comunidad internacional a cumplir con los compromisos internacionales que reconocen los derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes».
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Recordó que es deber del Estado de Nicaragua «garantizar la vida e integridad, la libre determinación de sus derechos económicos, sociales y culturales, el pleno y efectivo goce de su derecho sobre la tierra, territorios y recursos naturales, apoyando la participación de la juventud de los pueblos indígenas en los espacios de diálogos de construcción y de la toma de decisiones a nivel comunitario, nacional, regional e internacional».
En el último año, las comunidades indígenas han denunciado —según reportes de medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil— ataques de colonos armados que han dejado víctimas mortales. En marzo pasado, la comunidad de Wilú, territorio mayangna Sauni As, en Bonanza, Caribe Norte, fue atacada por un grupo de 60 colonos fuertemente armados.
El ataque, denunció el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil), dejó como resultado el asesinato de al menos cinco comunitarios mayangnas de entre 20 y 45 años de edad, y al menos una persona herida de gravedad. En julio pasado, a pocos meses del ataque, se reportaron dos asesinatos de guardabosques del territorio mayangna.
Las organizaciones de la sociedad en reiteradas ocasiones han llamado la atención del Estado de Nicaragua a garantizar la vida, seguridad y recursos de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
