Han pasado seis meses desde que los pobladores y líderes indígenas de las comunidades de Musawas y Alal del territorio Sauni As en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua detuvieron y entregaron a la Policía a 24 colonos que se dedicaban a atacar las comunidades. Hasta la fecha se desconoce si existe un proceso penal en contra o cuál es la situación jurídica de los señalados.
«Desde la fecha de detención en enero (pasado) no se conoce que se ha hecho ningún tipo de audiencia ni en los juzgados de la jurisdicción del Caribe Norte ni tampoco en Managua, no se conoce ningún tipo de audiencia, ni ningún tipo de investigación ni por qué delitos, ni las propias víctimas conocen que ha pasado con sus denuncias», dijo a LA PRENSA un abogado nicaragüense bajo la condición de anonimato por temor a represalias del régimen de Daniel Ortega.
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La falta de información en torno al caso de los 24 colonos que, portando armas de fuego, invadieron, saquearon y destruyeron las parcelas de las familias indígenas, con el objetivo de asentarse en la comunidad de Musawas de manera ilegal, en enero pasado, representa a lectura del jurista una clara violación al derecho de acceso a la información pública y la negación al acceso a la justicia.
«No se le da la tramitación de ley a la denuncia que realizan los indígenas, no tienen acceso a la justicia, aunque denuncien la recurrencia de delitos en su contra, en su territorio en perjuicio de su integridad, las autoridades informan de la detención y después se desconoce la tramitación legal que se les está dando a los acusados. No hay acceso a la justicia, no hay celeridad, no hay información, no son citados por ninguna autoridad competente, ni policial, ni judicial para acceder a la justicia», afirmó.
Un líder comunitario, que pidió no revelar su identidad por temor a represalias, denunció el hermetismo que siempre ha caracterizado en los casos de los invasores. «No comunican a nadie de lo que realmente están haciendo ya sea a nivel de prevención de la violencia o atención a la impunidad, y este caso es una muestra más de esto», mencionó.
Presentaron recurso de exhibición a favor de 12
El Poder Judicial de Nicaragua, bajo la dictadura orteguista, mantiene sin revelar cuál es la situación jurídica de los detenidos según muestra el registro oficial del sistema de causas Nicarao, pero el 3 de febrero de 2023, se interpuso un recurso de exhibición personal, donde se menciona al señor Florín Sánchez Alaniz conocido como el Barbón e identificado por los comunitarios como líder de la banda.
El recurso de Exhibición por detención ilegal a favor de los detenidos fue radicado en la Sala Dos del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua «recibido fuera de sistema, por problemas técnicos».
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De acuerdo a la ficha el estado del asunto aparece como «terminado» el pasado 7 de febrero. Cabe mencionar que en el reporte judicial no aparecen los nombres de los 24 detenidos, solamente de 12.
«Los colonos son personas que llegan a apropiarse de bienes que son de las comunidades indígenas, existe la probable condición de algunos delitos como usurpación de dominio, delito de amenazas, lesiones graves y homicidio frustrado que son delitos que deberían de tramitarse como indica la ley», indicó el abogado.
El jurista recalcó que los indígenas están siendo «víctimas de delitos por parte de colonos, están siendo restringidos de su propiedad, de su libertad, de su derecho al trabajo y ellos están denunciando y las autoridades no le están dando trámite de ley correspondiente, no tienen acceso a la justicia y ellos quedan en inseguridad jurídica».
Por su parte, el líder comunitario aseveró que «hasta ahora las comunidades desconocen de si hay proceso en contra de los agresores y muchos comunitarios suponen que ya varios fueron liberados y que probablemente menos de la mitad están detenidos. Es una manera de generar más incertidumbre, más confusión y más inseguridad en los territorios porque la gente no sabe si hay un proceso en contra de ellos o no, para acceder a la justicia».
A su lectura, el silencio y hermetismo del Estado en el caso de los invasores manda un mensaje a otros colonos «de que no van hacer gran cosa para frenar las invasiones en cuanto a la aplicación de justicia y violación de derechos humanos lo que es un mensaje muy negativo y muy perverso contra las comunidades indígenas».
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Enseguida manifestó que la falta de acceso a la información pública propia de la dictadura es una práctica de discriminación, exclusión y de poca valoración de los pueblos indígenas.
«Si uno lo compara con el nivel de comunicación cuando detienen a los opositores, pareciera que el opositor detenido no había ni llegado a la celda cuando ya tenían comunicados por todos lados y delitos, a eso se le da mucha visibilización, pero a este tipo de procesos de justicia no se le da y la negación del Estado en su narrativa de las causas profundas de la violencia porque señalan como móvil a ajuste de cuentas, rencillas personales como si decir eso va a eximir al Estado en la aplicación de justicia, y más bien generan un sistema de impunidad», reprochó.
Comunicado de la Policía y la Fiscalía
La institución policial el pasado 27 de enero emitió un comunicado en el que indicó que recibió denuncias de los pobladores de la comunidad indígena Alal, informando la presencia de colonos armados. Sin embargo, en la misiva la Policía solo mencionó que portaban objetos cortopunzantes y contundentes, como machetes, palos y piedras; y omitió que también usaban armas de fuego.
El documento también señala que se «capturó a 24 personas» (22 varones y 2 mujeres), pero no menciona que estas personas fueron entregadas por los comunitarios indígenas.
A los implicados los trasladaron al Centro Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, en Managua, y los juzgarán por los delitos de crimen organizado, usurpación al dominio privado y delitos ambientales.
Previo a la captura y entrega de los colonos armados, los comunitarios y líderes indígenas tras un enfrentamiento entre colonos e indígenas nativos, por tierras comunales del territorio Sauni As, que dejó dos personas heridas con armas hechizas, insistieron a las autoridades de la Comisión Interinstitucional para la Defensa de la Madre Tierra «activar» dicha instancia para trabajar en conjunto en el saneamiento de propiedad de esas tierras.
El enfrentamiento ocurrió la tarde del 19 de enero, cuando los colonos buscaban adueñarse de tierras comunales para parcelas. El Gobierno Territorial Mayangna Sauni As en su momento no detalló cuántas personas estuvieron implicadas en la invasión.
Ese mism, 27 de enero, el Ministerio Público informó que los 24 colonos fueron puestas a la orden de la autoridad judicial para el control de las garantías constitucionales, e indicó que se les celebró una audiencia especial donde se dictó la detención judicial por 90 días para que fueran investigados.
