El abogado argentino Darío Richarte —quien encabeza una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la justicia federal argentina contra el dictador Daniel Ortega y otras autoridades del régimen—, informó que podría abrirse la posibilidad para que la Corte Penal Internacional (CPI) tenga competencia sobre los hechos relacionados con el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la dictadura de Ortega.
Richarte explicó a través de su cuenta en Twitter que «Dante Mossi, quien podría ser responsable de estos hechos, es hondureño y la sede del BCIE está en Honduras, país miembro del Estatuto de Roma».
Por lo tanto anunció que van a incluir en la denuncia presentada el 5 de octubre de 2022 junto al abogado Diego Pirota para que se investigue el rol y la participación para el aparato represivo de la dictadura de su financista, hasta hoy Dante Mossi.
«La participación criminal en el financiamiento de la dictadura que realizó el BCIE está incluida en el art. 25 del ER (Estatuto de Roma) como cómplice, encubridor o facilitador y tiene antecedentes, por ejemplo, en la sentencia del tribunal de Sierra Leona, en el escrito de la Fiscal Fatou Bensouda (Colombia) y en el informe del grupo de expertos de DD. HH. sobre Nicaragua. Mientras tanto vamos a incluirlo en la denuncia realizada en Argentina», indicó el abogado argentino.
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Según Richarte, quienes sugirieron esta posibilidad fueron alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que «investigaron el tema y que están comprometidos en la defensa de los DD. HH.».
«Aclaro que esto es una posibilidad que surge del análisis técnico jurídico. Ojalá suceda. Por otra parte, algunos refieren que hay fuerzas paraestatales de la dictadura haciendo actividades de inteligencia y amenazando víctimas en otros países firmantes del ER», agregó y anunció que «habrá más novedades en los próximos días».
Sobre el financiamiento del BCIE
El BCIE es señalado de ser el soporte de la dictadura orteguista desde la crisis sociopolítica de abril de 2018, al facilitarle cientos de millones de dólares a Ortega. Sobre todo, desde que el hondureño Dante Mossi asumió la presidencia ejecutiva del banco regional, el 1 de diciembre de ese mismo año.
Mossi ha recibido serios cuestionamientos sobre su continuo apoyo al régimen, pese a las sanciones impuestas de Estados Unidos, Unión Europea, Suiza, Canadá y Reino Unido a funcionarios, entidades y empresas vinculada al círculo íntimo de Ortega.
Según un informe del observatorio independiente Urnas Abiertas publicado el mes pasado, el BCIE, bajo la dirección de Mossi, ha pasado de financiar el 21 por ciento del Programa de Inversión Pública en 2017 a más del 39 por ciento en 2022. Estos son los años que la dictadura ha endurecido la represión contra los nicaragüenses.