Tomando en cuenta que el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha atendido seis resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y a las medidas provisionales adoptadas en favor de opositores privados de libertad, el panorama no es alentador para el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien enfrenta una condena de 26 años de prisión por supuestos delitos políticos, creados por el régimen contra sus críticos.
La Corte IDH ordenó este miércoles 28 de junio al Estado de Nicaragua liberar de forma inmediata a monseñor Álvarez, que en agosto próximo cumple un año de estar ilegalmente privado de libertad. Además, estableció un plazo de nueve días para que informe sobre la situación del obispo.
De no acatar esta nueva orden, la vida del obispo corre peligro, advierten abogados y defensores de derechos humanos.
“En un Estado democrático las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen carácter obligatorio para los Estados y las decisiones contenidas en las mismas exigen a los Estados adoptar acciones específicas para proteger la vida de personas que están en riesgo, (como es) en el caso concreto la del obispo Rolando Álvarez”, señaló la abogada e investigadora Martha Patricia Molina.
Sin embargo, agregó que “Nicaragua es un Estado criminal que no acata ninguna norma del derecho internacional”.
El defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, coincide en que en un Estado democrático una resolución de esa índole se cumple a lo inmediato, pero no es el caso de Nicaragua, “porque nosotros estamos desgobernados por una familia tiránica que oprime los derechos de los nicaragüenses”.
No obstante, Carrión espera que en esta ocasión el régimen acate la orden porque “la vida, seguridad e integridad del obispo están en riesgo”.
En desacato permanente
A finales de noviembre pasado, la Corte declaró a Nicaragua en “desacato permanente” a las numerosas órdenes de liberar a opositores encarcelados y elevó la situación a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ese momento, la Corte IDH detalló que el Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo a las medidas provisionales adoptadas en favor de 75 opositores al régimen detenidos en la oleada de represión en el contexto electoral de 2021, resoluciones que tienen fechas de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021, así como del 25 de mayo y 4 de octubre de 2022.
Lea también: Resolución condenatoria del Foro de Sao Paulo contra Ortega tendría “efecto desmoralizador” para las bases del FSLN
Al respecto, Molina indicó que “si el presidente inconstitucional Daniel Ortega hace caso omiso a la orden de la Corte, lo que procede es lo que ha sucedido en el pasado: declarar en desacato al Estado de Nicaragua y posteriormente se orientará al presidente de la Corte para que presente ante el Consejo Permanente de la OEA un informe sobre la situación de desacato”.
A criterio del secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez Ayérdiz, la situación del obispo y demás presos políticos es preocupante, ya que cuando Nicaragua se ha negado a cumplir todas las órdenes de la Corte IDH, la situación termina en la OEA, instancia que también es ignorada por Ortega.
En noviembre de 2021 la dictadura de Daniel Ortega anunció su retiro de la OEA, lo que se tendría que cumplir en noviembre de este año.
“Lamentablemente el Estado de Nicaragua va a retirarse del organismo, lo que quiere decir que quedamos en una situación de orfandad mucho mayor porque no tenemos otro foro más cercano internacional al que acudir”, alertó Ramírez.
Más de tres meses sin información del obispo
Monseñor Álvarez es uno de los líderes de la Iglesia católica de Nicaragua más críticos contra el régimen de Ortega y Murillo, que resistió dentro del país hasta su encarcelamiento en agosto de 2022.
Álvarez fue trasladado a la cárcel La Modelo de Tipitapa el pasado 9 de febrero, luego de rehusarse a ser desterrado a Estados Unidos junto con 222 presos políticos. Al día siguiente fue condenado a más de 26 años de prisión por ciberdelitos y delitos ligados a “traición a la patria”.
Desde el 25 de marzo pasado, cuando los medios de propaganda oficialista mostraron fotografías y un video del jerarca católico luciendo el traje azul de preso durante una visita familiar, nadie afuera del penal lo ha vuelto a ver.
“No se sabe cuáles son las condiciones del obispo Álvarez, porque ya han pasado tres meses desde que lo exhibieron en este contexto de privaciones”, denunció Carrión.