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monseñor Rolando Álvarez

El obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, fue condenado el pasado 10 de febrero de 2023, a 26 años de cárcel por la dictadura de Daniel Ortega. LA PRENSA/Medios oficialistas

Corte IDH ordena a Ortega liberar a monseñor Rolando Álvarez

El obispo nicaragüense es uno de los presos políticos que mantiene la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado de Nicaragua liberar de forma inmediata al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien está preso desde agosto de 2022 y fue condenado a 26 años de encierro por delitos políticos, entre estos “traición a la patria”. Además, estableció un plazo de nueve días para que informe sobre la situación del obispo.

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La Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica, notificó este miércoles 28 de junio al Estado de Nicaragua la “Resolución de Medidas Provisionales adoptada en favor de monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, en la que ordenó su liberación inmediata”.

“Requerir al Estado de Nicaragua para que de forma inmediata proceda a la liberación de monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, asimismo para que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, su salud e integridad personal”, manifiesta la Corte IDH en una nota de prensa.

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Plazo de 9 días

La Resolución de la Corte IDH otorga un plazo “hasta el 7 de julio para que el Estado de Nicaragua le informe sobre la situación de monseñor Rolando Álvarez Lagos, a la luz de las medidas adoptadas, para dar cumplimiento a esta decisión”.

El obispo Álvarez es uno de los líderes de la Iglesia católica de Nicaragua más críticos contra el régimen de Ortega, que resistió dentro del país hasta su encarcelamiento en agosto de 2022.

En los últimos años, la dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha radicalizado sus ataques contra la Iglesia católica, encarcelando sacerdotes y prohibiendo todas las actividades religiosas que se realicen fuera de los templos. También ha cancelado numerosas organizaciones sociales, caritativas, albergues de la Iglesia católica, centros académicos, medios de comunicación de línea católica, además ha expulsado congregaciones de monjas y sacerdotes del país.

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