La Justicia argentina inició este 5 de octubre una investigación penal contra el dictador Daniel Ortega y otras autoridades del régimen de Nicaragua para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad, como lo han denunciado organismos de derechos humanos internacionales.
El medio de comunicación Infobae detalla en una nota publicada en su sitio web este 6 de octubre, que “el juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a la Justicia de ese país para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas, o torturas”.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota contra el dictador Ortega, su pareja Rosario Murillo, y todos aquellos funcionarios que integren el aparato represivo que persiguió a disidentes políticos, especialmente desde abril de 2018.
En diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, ejecutaron “crímenes de lesa humanidad”, mediante una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado.
Infobae explica que al momento de impulsar la investigación en Argentina, el fiscal Eduardo Taiano explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos con base en el artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal, y los compromisos internacionales “asumidos por nuestro país que establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”.
La Justicia federal argentina ya investigó otras denuncias por delitos de lesa humanidad ocurridos fuera del país. La denuncia menciona las causas judiciales por la persecución a los practicantes de la disciplina “Falun Gong” en China, los crímenes del Franquismo en España, y el genocidio denunciado por el pueblo Rohingya en Myanmar.
La denuncia, impulsada a partir de una nota publicada en Infobae sobre la situación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, retenido por el régimen de Ortega, apunta contra el presidente de Nicaragua, su vice, pero también menciona a otros funcionarios.