En medio de la incertidumbre y el silencio de las máximas autoridades de la Iglesia católica de Nicaragua, hoy se cumplen 47 días del traslado forzado de monseñor Rolando Álvarez a la casa de su familia en Managua, tras el allanamiento de la Policía orteguista a la Curia Episcopal de Matagalpa. Allí, sin ninguna justificación legal, la Policía lo mantiene bajo arresto domiciliario, medida que el régimen pretende disfrazar como “resguardo domiciliar”.
Aunque en total ya son 62 días de encarcelamiento, ya que antes del traslado a la capital monseñor permaneció durante 16 días bajo retención policial junto con otras personas.
“No se sabe absolutamente nada, todo esto se está manejando de una manera anómala. El cardenal Brenes dejó bien claro que cuando él tenga una información la va a pasar, a través de los vicarios foráneos”, dijo una fuente ligada a la Iglesia católica de Nicaragua, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias del régimen.
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“Pero hasta el momento solo se sabe que a monseñor Álvarez se le está permitiendo ver a sus hermanos, que está bien, pero no se sabe nada de su situación judicial, porque en la práctica él es un reo”, añadió la fuente religiosa.
Un experto en temas eclesiásticos, que también demandó el anonimato, opinó sobre la situación de monseñor Álvarez que “hay incertidumbre porque el cardenal Brenes y algunos otros miembros de la Conferencia Episcopal están entumecidos y no se atreven a denunciar”.
A la vez el experto señaló que las autoridades religiosas “siguen tal vez con la esperanza de que manteniéndose blandos, sumisos y mansos van a lograr algo y no se está logrando absolutamente nada, más bien el Gobierno sigue reprimiendo más a la Iglesia”.
No hay caso judicial abierto contra Álvarez
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó el pasado 22 de septiembre la acusación contra el grupo de seis religiosos (tres sacerdotes y tres seminaristas) y un laico que acompañaron al obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, en la Curia Episcopal de Matagalpa.
La acusación fiscal no precisa los delitos por los cuales se acusa a los sacerdotes, los seminaristas y el laico, solo que el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense son la “víctima”. Sin embargo la acusación no incluye a monseñor Álvarez.
Las autoridades policiales y judiciales también mantienen total hermetismo. Aunque cuando el obispo fue confinado en la Curia, la Policía dijo a través de un comunicado que lo investigaban por un supuesto intento de crear grupos violentos para actuar en contra del Gobierno.
El costo de tocar a un obispo “es más alto”
El experto en temas eclesiásticos dijo que “esta es una incoherencia”. “Saben que el costo político de tocar a un obispo es más alto, entonces le van a dar más duro a las personas más débiles”, lamentó.
El abogado Yader Morazán, experto en administración de la justicia, indicó que monseñor Rolando Álvarez “está en una condición de desaparición forzada, que es un crimen de lesa humanidad”.
“Habría que ver qué grado de conocimiento o participación ha tenido el cardenal, porque podría ser incluso estar encubriendo un delito que se está cometiendo en contra de monseñor Rolando Álvarez, bajo la salvedad de que hay que hacer un análisis de qué tipo de participación tiene él en todo esto”, cuestionó el abogado.
¿Y el diálogo con el Vaticano?
En medio del contexto de persecución contra líderes de la Iglesia católica en el país, el papa Francisco aseguró el pasado 15 de septiembre que ha mantenido comunicación con la dictadura Ortega-Murillo.
“Las noticias son claras: hay diálogo. Se ha hablado con el Gobierno, hay diálogo”, dijo el máximo representante de la Iglesia católica el pasado 15 de septiembre. No obstante, el régimen no cesa la represión y violación de derechos humanos en el país.
Por lo tanto, si hubo diálogo entre el Vaticano y el régimen este “fracasó”, concluyeron los expertos consultados por LA PRENSA.
“Los diálogos, si no tienen resultados, quiere decir que en este caso el Gobierno no hizo caso de las peticiones que probablemente el papa le hizo. El papa seguramente intercedió a favor de la Iglesia en Nicaragua y si no se ven resultados, quiere decir que el Gobierno hizo caso omiso, y que ya el diálogo entre el Vaticano y Gobierno es capítulo cerrado, ya fracasó”, expresó el experto en temas eclesiásticos.
A criterio de la experta en temas de gobernabilidad y de corrupción, Martha Patricia Molina, “Ortega no ha demostrado interés de dialogar con nadie, menos con el Vaticano que representa la Iglesia católica, una institución que ha sido gravemente atacada por el sandinismo. La respuesta al diálogo por parte de Ortega ha sido seguir vulnerando derechos humanos a obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosas y laicos. Es difícil dialogar bajo esta condiciones hostiles con un régimen de un Estado criminal como es Nicaragua”.
“Los derechos humanos no son negociables”
Para Morazán, es claro que la Iglesia busque resolver la situación a través del diálogo, sin embargo, “la pregunta aquí es dialogar qué y con quién, porque los derechos humanos no son negociables, bajo ningún término. Negociar derechos humanos sería ser cómplices de arbitrariedades”, opinó.
El experto considera que “no hay más que esperar” del régimen para solucionar la violación de derechos humanos en Nicaragua. “Es un gobierno que no tiene límites en cuanto a restricciones o preocupaciones a la opinión internacional del papa, ni de nadie. Él siente que tiene vía libre para seguir apretando. Lo que podemos esperar es más represión”, dijo.