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CONTENIDO EXCLUSIVO.En las últimas semanas, algunos propagandistas de la dictadura de Daniel Ortega, como William Grigsby, han amenazado a grandes empresarios con recibir represalias por parte del régimen y a criterio de algunos analistas, el gran capital corre el riesgo de que sus bienes y empresas sean confiscadas.
“De esta gente cualquier cosa podemos esperar porque tienen una actitud demencial y destructiva del país”, valora el economista Enrique Sáenz, mientras que un analista político y un abogado que solicitan anonimato, coinciden en que en Nicaragua no hay garantías ni seguridad para nadie, ni siquiera para el gran capital.
En una ocasión, el propagandista William Grigsby dijo que los empresarios Carlos Pellas y Ramiro Ortiz sufrirán las represalias del régimen de Daniel Ortega porque, según él, financian el centro de pensamiento Diálogo Interamericano, el cual ha criticado las violaciones a derechos humanos por parte de la dictadura.
De igual manera, acusó a los empresarios Roberto Zamora, José Antonio Baltodano, Piero Coen y a la familia Sacasa de supuestamente comprar armas durante las protestas de abril. “Financiaron compra de armas, sostenimiento de los tranques, campañas de desinformación y de calumnias”, dijo.
Riesgo real
Para el analista político que nos solicita anonimato, el riesgo de que los bienes del gran capital sean confiscados es “bastante real porque nadie tiene seguridad de nada en Nicaragua y aunque afecte a la economía del país, a Ortega no le importa con tal de hacer daño”.
En Nicaragua, el gran capital tiene bancos, ingenios de azúcar, mataderos, granjas avícolas, cafetaleras, empresas licoreras, automotrices, supermercados, entre otros negocios más. “Ortega talvez pueda tener la intención de adueñarse de esos negocios y administrarlos, o repartirlos entre sus adeptos”, comenta el analista.
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Desde febrero de este año, Ortega ha empezado a despojar de su nacionalidad a sus detractores, y el analista no descarta que pueda aplicarles lo mismo a los grandes empresarios, y junto a ello, confiscarles sus bienes.
El analista menciona que, desde el estallido social de 2018, Ortega ha utilizado las confiscaciones como una acción de “castigo y venganza”, y en el caso del gran capital, podría ser perjudicial para la economía si se les llegara a confiscar.
“Como los empresarios no tienen una buena relación con el régimen y hasta apoyaron paros nacionales en 2018, Ortega ya los tiene entre ceja y ceja como decimos, pero no se atreve porque eso tendría efectos catastróficos en la economía del país”, comenta.
Por su parte, el economista Enrique Sáenz dice que todo es posible en la dictadura de Ortega, pero cree que el dictador en lugar de confiscar esas empresas, lo que busca es presionar a los grandes empresarios para que le den una participación en esos negocios.
“Me parece que estas amenazas tienen que ver más con forcejeos para participar y apropiarse, como mafia privada”, detalla. Sáenz cree que, a cambio, Ortega puede ofrecer a los empresarios garantías de seguridad, facilidades de impuestos y demás cosas.
El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua dice expresamente que “se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
Esta norma está vigente desde una reforma constitucional que se hizo en 1995 y que precisamente buscaba evitar que volvieran las confiscaciones como las que hicieron los sandinistas en los años ochenta. A pesar de lo que diga la Carta Magna, Ortega ya ha confiscado propiedades a opositores y organizaciones no gubernamentales.
Consecuencias negativas
El analista menciona que confiscar a los grandes empresarios podría empeorar el clima de inversiones en el país, y los pocos inversionistas que están en Nicaragua podrían tomar la decisión de retirarse y llevarse su capital.
“Si yo como inversionista veo que a otros empresarios los están confiscando, que no hay seguridad ni respeto a la propiedad y que mi capital no está a salvo, lo más seguro es que me vaya. Eso, en este momento, haría mucho más daño a la economía y también habría más desempleo”, señala el analista político.
Por su parte, el economista Sáenz advierte que una confiscación al gran capital “sería devastador para la economía del país”, y menciona que en caso de que se confisquen las grandes empresas, el régimen no tendría la capacidad técnica para ponerlas a producir.
“No es descartable que los confisquen, pero sería devastador. La economía de Nicaragua quedaría destruida en un dos por tres”, señala Sáenz.
De igual manera, el abogado que solicita anonimato considera que el régimen de Ortega podría nacionalizar estas empresas y hacerlas estatales, pero en un futuro, se tendrá que indemnizar a los afectados. “Imaginemos que confiscan un banco. Eso sería un montón de plata la que habría que pagar en indemnizaciones, y el afectado incluso podría pedir otra cantidad de dinero por el tiempo en que ese banco dejó de funcionar y de generar ingresos”, explica el abogado.
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En los años ochenta, cuando los sandinistas llegaron al poder, aprobaron tres decretos con los que confiscaron a cientos de personas, incluidos grandes empresarios. Esas propiedades pasaron a ser del Estado y antes de que Violeta Barrios de Chamorro asumiera la Presidencia, los sandinistas aprobaron un combo de leyes para ponerlas a nombre de un particular que sería el nuevo dueño de esa propiedad. A esta operación es lo que hoy conocemos como «la piñata”.
Investigaciones periodísticas revelaron tiempo después que unas 20,000 viviendas fueron entregadas por los sandinistas a igual número de familias simpatizantes. Otros 125,000 lotes de tierras fueron entregados a personas que durante los años ochenta se tomaron decenas de predios baldíos en la capital. También se emitieron 10,200 títulos de Reforma Agraria para cooperativas sandinistas y otros 16,000 títulos para personas particulares.
Entre estas propiedades había casas en lugares exclusivos de Managua, como Los Robles o Las Colinas, además de empresas comerciales, restaurantes, haciendas ganaderas y cafetaleras, ingenios de azúcar, fincas bananeras, empresas radiales, comercializadoras de carne y de banano, y empresas financieras.
En los años noventa, el gobierno de Violeta Barrios llegó a un acuerdo con los confiscados y empezó a indemnizarlos. El pago de esas indemnizaciones le costó al Estado unos 2,200 millones de dólares que los nicaragüenses seguimos pagando hasta la fecha.
Esa mala experiencia de «la piñata» podría repetirse, advierte el abogado. “Si llegaran a confiscar a los grandes empresarios, al final todas esas propiedades van a quedar en manos de un tercero, igual que en los ochenta, y también va a tocar indemnizarlos”, comenta. De hecho, una vez que Ortega salga del poder, el Estado deberá responder a las personas, organizaciones y empresas que a partir de 2018 han sido confiscadas, explica el abogado.
Hasta la fecha, el régimen ha cerrado cerca de 4,000 organizaciones no gubernamentales y a muchas de ellas las ha despojado de sus bienes y las ha traspasado a instituciones del Estado. Lo mismo ha hecho con medios de comunicación. Los edificios del canal 100% Noticias y Confidencial fueron confiscados y entregados al Ministerio de Salud en 2021 y lo mismo sucedió con las instalaciones del Diario LA PRENSA, las cuales fueron tomadas por la Policía en agosto de 2021 y posteriormente entregadas al Instituto Tecnológico Nacional (Inatec).
