El dictador Daniel Ortega multiplicó los ataques contra la Iglesia católica en este segundo período que lleva en el poder desde 2007, en comparación con el primer gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los años ochenta.
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La investigadora y abogada Martha Patricia Molina, quien se ha especializado en el registro de los ataques a la Iglesia católica en el país, recordó en un mensaje de Twitter que el 7 de julio de 1986 la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) informó en una carta pública que dos religiosas y 16 sacerdotes habían sido expulsados de Nicaragua en los últimos siete años, en el contexto de ataques contra la Iglesia católica durante el primer régimen sandinista (1979-1990), encabezado también por Daniel Ortega.
Los sandinistas dejaron el poder tras el triunfo electoral de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, pero en 2007 lograron volver al gobierno por la vía electoral.
En este segundo régimen sandinista, que lleva más de 15 años consecutivos en el poder, también recurrieron a la violencia armada para reprimir a sus opositores y críticos, entre estos autoridades religiosas. Según el conteo de Molina, en los últimos cinco años han sido expulsadas 32 monjas y 39 religiosos están en el exilio, en el contexto de represión sandinista contra todo tipo de crítica y oposición, al igual que en los años ochenta.
“En estos últimos 7 años, la Iglesia se ha visto privada de 2 Religiosas y 16 sacerdotes que han sido expulsados del país por el Gobierno Sandinista.”
CEN Managua, 7/07/1986
Entre 2018 y 2023:
32 monjas han sido expulsada.
39 religiosos en el exilio. pic.twitter.com/NIPEMqqknH— Martha Patricia M (@mpatricia_m) June 5, 2023
Número de monjas puede ser mayor
La investigadora apuntó que el número de monjas expulsadas o que no lograron entrar al país puede ser hasta dos veces mayor, porque estos casos no son denunciados y su ausencia es menos notable que la de un sacerdote en las comunidades católicas.
“La dinámica de las religiosas es diferente, porque como en cada congregación son cantidades elevadas, entonces no se nota que una o dos religiosas falten en la congregación, mientras que si un cura falta en su parroquia, lógicamente todo mundo se va a dar cuenta. Y las religiosas no denuncian, se quedan con ella, se la guardan y creo que le ofrecen a Dios ese silencio”, explicó Molina.
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La investigadora valoró que la comparación de las expulsiones de los años ochenta con la actualidad refleja que esta nueva etapa es más agresiva contra la Iglesia católica, sin embargo, reconoció que en el pasado no existía la tecnología ni las redes sociales para tener mayor difusión de los hechos ni acceso a conocer con inmediatez las agresiones.
“En el pasado le prohibieron al Diario LA PRENSA que publicara las homilías o los mensajes del papa Juan Pablo II, ahora con el avance tecnológico no pueden hacer eso, pero los datos expuestos en el presente son extremos, son demasiados, no hay palabras para describir tanta injusticia y tanto ataques contra la Iglesia. Posiblemente en el pasado hayan sido iguales, pero no hay una sistematización como hoy. En el pasado tampoco habían estas comunicaciones, yo estoy en el exilio y estoy más informada que cualquiera que esté en Nicaragua, en el pasado no teníamos eso”, manifestó Molina.
A inicios de mayo, Molina presentó la tercera entrega de su informe “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”, que registra al menos 529 ataques de la dictadura de Ortega contra la Iglesia católica desde 2018; 90 de ellos cometidos en lo que va de este 2023.
Los ochenta
Desde que el FSLN llegó al poder por primer vez en 1979 avaló las agresiones y ataques contra la Iglesia católica, para reprimir las denuncias de sacerdotes y obispos. Además, con la entrada de los sandinistas llegó una nueva corriente cristiana llamada la “iglesia popular” —o los llamados “cristianos marxistas”—, que era una corriente político-religiosa, basada en la teología de la liberación, que se inclinaba más por servir a los pobres y desfavorecidos. Bajo esa doctrina, simpatizantes del sandinismo cometieron actos de violencia contra la Iglesia católica en los años ochenta.
Una de las expulsiones más recordadas en los años ochenta fue la del obispo de Juigalpa, monseñor Pablo Antonio Vega.
En 1986, monseñor Vega viajó a Estados Unidos donde denunció las agresiones de los sandinistas. A su regreso a Nicaragua, el 4 de julio de 1986, Vega fue detenido y montado en un helicóptero; lo dejaron tirado en medio de la nada, en una montaña ubicada en la frontera con Honduras, donde unos miembros de la contrarrevolución lo encontraron y lo salvaron de morir. Regresó al país en los años noventa, falleció en noviembre de 2007.
Actualidad
En los últimos años, la dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha radicalizado sus ataques contra la Iglesia católica, encarcelando sacerdotes, expulsando religiosos del país, prohibiendo que las actividades religiosas se realicen afuera de los templos. También ha cancelado numerosas organizaciones sociales, caritativas, albergues de la Iglesia católica, centros académicos, medios de comunicación de línea católica, expulsado monjas y sacerdotes del país.
Uno de los casos más emblemáticos actualmente es el del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra preso en el Sistema Penitenciario conocido como La Modelo de Tipitapa. Fue condenado a más de 26 años de prisión por “traición a la patria”, “propagación de noticias falsas”, “menoscabo de la integridad nacional”.
Al menos nueve religiosos que acompañaron a monseñor Álvarez durante el asedio policial que vivió antes de su encarcelamiento fueron detenidos junto a él. El pasado 9 de febrero estos nueve religiosos, entre ellos sacerdotes y seminaristas, fueron desnacionalizados y expulsados del país. Monseñor Álvarez se negó a subir en el avión en el que fueron expatriados más de 200 presos políticos, con rumbo a Estados Unidos, todos sin nacionalidad nicaragüense.
Otro caso emblemático es la expulsión de las monjas Misioneras de la Caridad, de la Orden Madre Teresa de Calcuta, en julio de 2022, tras la cancelación de la personalidad jurídica de su asociación.
El sacerdote jesuita José Alberto Idiáquez, exrector de la Universidad Centroamericana (UCA); el sacerdote Guillermo Blandón, párroco de la iglesia Santa Lucía, de Boaco, y el sacerdote panameño Donaciano Alarcón son otros casos que han sobresalido.
La guerra de Ortega contra la Iglesia católica lo llevó a suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano, tras una crítica del papa Francisco por la detención de sacerdotes en Nicaragua.