El régimen de Daniel Ortega comenzó el proceso de liquidación del sector privado desde el año pasado, por tanto lo ocurrido esta semana solo formó parte de una barrida en masa de varias cámaras que aún sobrevivían al arrebato del orteguismo, que también decidió liquidar al principal paraguas de estas: el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde), que se definía como “el brazo social de la empresa privada”, semanas atrás se había despedido de los directivos del Cosep, aduciendo que Gobernación les había informado de manera verbal que no les iban a convalidar la personería jurídica y que se mantenía la decisión tomada por la Asamblea Nacional en junio del año pasado de despojarlos de ese aval.
El 9 de junio del 2022, la Asamblea Nacional publicó el decreto 8802, donde además del Inde aparecía la cancelación de la personería jurídica de la Asociación de Internet de Nicaragua, que es el nombre original de la actual Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones (Canitel), la Federación de Asociaciones de Profesionales de Nicaragua (Conapro) y posteriormente la Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad (ONAP).
Tanto la ONAP como Inde emitieron comunicados en su momento aduciendo que dicha derogación realizada por la Asamblea Nacional no afectaba sus operaciones porque las mismas estaban registradas ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), sin embargo, en una reforma relámpago en octubre el régimen ordenó que todas las cámaras regresaran a Gobernación, donde el Inde no pudo comenzar su proceso.
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No está claro si este mismo tropiezo experimentó Canitel, pues este lunes no apareció en la lista de organizaciones empresariales decapitadas. Eso sí, pese a que en junio fue despojada de su personería, todo apuntaría a que seguía operativa, al igual que el Inde.
Hasta el 21 de febrero de este año, Canitel, donde están las mayores empresas de telecomunicación del país, publicaba en sus redes sociales comunicados emitidos por la Empresa de Telecomunicaciones de Nicaragua (Telcor), donde se anuncian las cadenas nacionales de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Otra que habría sobrevivido a la barrida es la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros, integrada por 23 empresas, que se unió a Cosep en junio del 2016. El pasado 25 de enero las autoridades de esta organización aparecieron inaugurando el festival junto con autoridades sandinistas de Estelí, donde asistieron representantes de 25 países.
Una tercera organización empresarial que también pareciera haber salido ilesa al “terremoto” empresarial es la Federación de Cámara Nicaragüense de Parques Industriales de Zona Franca, que asocia a los parques que albergan las más de 187 empresas que operaban bajo este régimen arancelario.
Cabe mencionar que de este gremio fue liquidada la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), que agremia a las maquilas, las cuales generan gran parte de los 130 mil trabajadores de zona franca.
Una cuarta cámara que se retiró de Cosep antes de la sacudida del pasado lunes, fue la Asociación Nacional de Reforestadores de Nicaragua (Confor). Y aunque su sitio web está fuera de servicio, lo cierto es que cuando se retiraron de la cúpula principal adujeron que tenían problemas financieros, según explicó en su momento una fuente empresarial. Hasta ahora esta organización no ha aparecido en la lista de cancelación de personería jurídica.
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Todos los bienes de las cámaras empresariales quedaron expuestos a confiscaciones, luego que el régimen de Daniel Ortega ordenara cancelar la personería jurídica por supuesto incumplimiento administrativo ante la Dirección General de Registro y Control del Ministerio de Gobernación, en virtud de la Ley 1115, que desde agosto del año pasado también regula a las organizaciones empresariales.
La Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de lucro, Ley 1115, aprobada el 21 de marzo del 2022, establece en el artículo 47 que “cuando la cancelación (de la personería jurídica) se derive de las causas establecidas en los numerales del 2 al 9 de este artículo, el patrimonio del OSFL pasará a ser propiedad del Estado”.
Entre los argumentos que usa la dictadura para invalidar la personería jurídica de estas organizaciones figura que estas no completaron el proceso de convalidación de registro, esto pese a que LA PRENSA conoció que Gobernación llevaba semanas negándose a recibir la documentación de las organizaciones empresariales, aduciendo inconsistencias en los reportes, que aunque se corregían, los funcionarios insistían en no recibir los documentos.
LA PRENSA conoció de fuentes extraoficiales que tras la cancelación de la personería jurídica, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) —una de las más grandes y que se estima empleaba a unas 50 personas—, entregó los frigoríficos que eran de su propiedad a las autoridades del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, donde está como directivo el hijo de Daniel Ortega, Laureano Ortega Murillo.