Aunque en Nicaragua los espacios de lucha por la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres han sido cercenados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las nicaragüenses en medio del destierro, el exilio, la impunidad y la persecución, resisten en su lucha y conmemoran este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.
Defensoras de los derechos de la mujer afirman que desde el 2018 a la fecha ha habido “un fuerte retroceso” en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la existencia de “una deuda histórica” por parte del Estado de Nicaragua.
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Las activistas coinciden en señalar que a pesar de las campañas temporales del régimen y los discursos floreados sobre la restitución de los derechos de las mujeres en boca de la cogobernante designada, Rosario Murillo, la violencia machista e institucional contra la mujer nicaragüense se ha intensificado en la última década en el país.
Es el quinto año consecutivo en que las mujeres de Nicaragua no pueden salir a marchar un 8 de marzo.
Deuda histórica
La feminista nicaragüense, docente e investigadora, María Teresa Blandón, insiste en remarcar en que el Estado de Nicaragua tiene una deuda histórica con las mujeres, pero señala particularmente al régimen Ortega-Murillo que ha proclamado durante los últimos 16 años que lleva en el poder “un supuesto compromiso con la equidad de género y con los derechos de las mujeres”, que es desmontado por la realidad que se vive en el país.
“Hay brechas salariales y digitales muy grandes entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen los trabajos más precarios”, denuncia.
Enseguida enumera, que dentro de esta deuda histórica se encuentra el creciente deterioro de la salud de las mujeres. “Solo el año pasado, según datos del Ministerio de Salud (Minsa), 37 mujeres murieron en el proceso del embarazo, del parto y el puerperio, la mayoría murieron en centros hospitalarios públicos, y eso nos demuestra el deterioro creciente de la salud reproductiva de las mujeres”, sostiene Blandón.
“Seguimos siendo uno de los países con las tasas más altas de embarazos y todo eso habla de una ausencia de política que garantice los derechos sexuales y reproductivos”, dice Blandón.
Agrega que, sin duda “hay un retroceso total en materia de derechos políticos, porque ni siquiera las mujeres que son afines al régimen pueden ejercer libremente sus derechos políticos, y ya no digamos aquellas mujeres que están dentro de grupos críticos de la oposición”.
El trato “inhumano” y “nefasto”
Para la representante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, quien pidió no revelar su identidad por temor a represalias, el trato del Estado de Nicaragua a las mujeres ha sido “inhumano” y que no respeta la vida ni la salud de las mujeres y niñas nicaragüenses.
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Considera que las nicaragüenses se enfrentan ante “un escenario complejo” debido a que “muchas voces de mujeres han sido calladas, estamos en un contexto que permite a los agresores perpetuar la violencia, condiciones que les favorece a estos agresores ante un sistema fallido, en donde no se cumple con la ruta de acceso a la justicia”.
En esa misma línea, Sharityn, activista feminista nicaragüense del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo (CM8M), asegura que el trato del régimen ha sido “nefasto”.
“Lo que ha venido haciendo es retrocediendo los derechos que de alguna manera habíamos alcanzado, esto incluye la reforma a la Ley 779, la penalización del aborto terapéutico, el cierre de las comisarías y organizaciones feministas”, describe.
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A su vez, manifiesta que el escenario al que se enfrente es “tétrico”, porque “no hay salida mientras el gobierno sea antidemocrático que no respeta las leyes y reforma la Constitución Política a su antojo”.
Madres sin justicia
Tal como ha sido documentado por organizaciones internacionales de derechos humanos, las mujeres también han sido víctimas directas del régimen, ya que siguen exigiendo justicia ante los asesinatos de sus familiares en los meses más álgidos de la represión estatal. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las protestas cívicas de 2018 fueron asesinados 355 nicaragüenses.
Muchas de estas mujeres por demandar justicia fueron hostigadas y perseguidas por el régimen, fueron obligadas al exilio forzado, en particular las que conforman la Asociación Madres de Abril (AMA).
“Las madres, hermanas, esposas de los asesinados, continúan demandando justicia a un Estado que no las reconoce, irrespetado, perseguido, y amenazado. Las mujeres también han sufrido esa violencia y represión. Muchas han tenido que irse al exilio para no ser encarceladas e incluso para salvar a sus hijas e hijos. Otras continúan reclamándole al Estado conocer la verdad y que se haga justicia por las víctimas mortales de la represión de 2018 y los años consecutivos”, comenta Blandón.
Cierre de oenegés
La guillotina del régimen en contra de las organizaciones no gubernamentales alcanzó también a las que defendían los derechos de las mujeres. Desde noviembre de 2018 hasta febrero de este año, el régimen de Ortega ha cancelado, a través de la Asamblea Nacional, la personería jurídica de más de 200 organizaciones como la Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka, la Fundación Entre Volcanes o el Movimiento María Elena Cuadra.
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“Nos han imposibilitado en gran medida poder apoyar a las víctimas de la discriminación y a las víctimas de la violencia. Los bienes de estas organizaciones que tenían más de cuatro décadas defendiendo derechos de las mujeres, han sido confiscados y en muchos casos las representantes de estas organizaciones también han sido obligadas al exilio o al destierro”, indica Blandón.
Encarceladas y desterradas
El régimen también arreció su ofensiva al encarcelar y desterrar a mujeres. El pasado 9 de febrero, desterró a 222 presos políticos entre los que figuraban mujeres como: Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Cristiana Chamorro, María Oviedo, María Fernanda Flores, Suyén Barahona, Evelyn Pinto, Samantha Padilla, Nidia Barbosa, Tamara Dávila, entre otras.
Dávila, feminista nicaragüense y activista política desde su destierro en EE.UU., no duda en señalar que “el odio contra las mujeres y feministas nicaragüenses está también vinculado, a mi juicio, en relación al enorme apoyo que las mujeres feministas le dieron a Zoilamérica Ortega en su denuncia por violación contra Ortega”.
Remarca que “las feministas han sido frontales en denunciar que Daniel Ortega es un violador de mujeres, violador de derechos humanos. Entonces él ha tenido una saña particular contra las mujeres y contra el Movimiento Feminista Nicaragüense, que representa un sector importante en la sociedad nicaragüense en términos de lo que es el activismo de calle”.
Ante el cierre de espacios ¿qué queda?
Ante el cierre de los espacios cívicos, las defensoras y feministas sostienen que no se van a doblegar o dejar arrebatar las convicciones.
“Yo creo que hay una lucha cotidiana dentro de Nicaragua, aún y cuando haya persecución por parte del régimen Ortega-Murillo. Yo creo que no nos pueden quitar las convicciones, no nos pueden quitar nuestra aspiraciones, no nos pueden arrebatar las luchas que hemos emprendido desde hace tanto tiempo”, afirma Blandón.
Para la feminista nicaraguense aún estando fuera de Nicaragua hay oportunidades para continuar organizándose. “Es importante aprovechar las condiciones que da el exilio para poder construir estas redes de solidaridad y aprendizaje, porque un día vamos a regresar a Nicaragua y se va a necesitar de hombres y mujeres que estén comprometidos con los valores democráticos y con la equidad de género”, finaliza.