Una veintena de estados republicanos interpusieron este martes una demanda ante la Corte de Distrito del Sur de Texas, en Victoria, en contra de la nueva política humanitaria establecida por la Administración de Joe Biden bajo el “parole humanitario” que permite la entrada legal al país de hasta 30,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, reportó Univision Noticias.
De acuerdo con la información, la demanda consta de 39 páginas y fue presentada ante la Corte de Distrito del Sur de Texas, en Victoria, en la que se alega que el gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “bajo el pretexto de impedir que los extranjeros crucen ilegalmente la frontera entre puertos de entrada, ha creado efectivamente un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso”.
Lea más en: La historia de una de las primeras nicaragüenses beneficiadas con el parole humanitario de EE. UU.
El parole humanitario, mecanismo establecido por la Administración de Biden a inicios de enero, permitirá que cada mes entren de forma legal y por vía aérea un total de 30 mil ciudadanos de las cuatro naciones mencionadas. Los beneficiados podrán vivir y trabajar legalmente en ese país durante dos años. El programa nace en la urgencia del gobierno norteamericano de frenar la migración irregular de miles de ciudadanos que llegaban hasta la frontera de México.
Esto dicen los demandantes
Los demandantes, según reportó Univision, señalan en el escrito que el poder de libertad condicional del DHS es “excepcionalmente limitado” y ha sido restringido por el Congreso “varias veces y puede usarse solo caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo”.
A pesar de estas limitaciones, los estados contrarios al programa señalan que “el plan del DHS permite que extranjeros en sus países de origen puedan obtener una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no haya otra base legal para que lo hagan”.
En el escrito se lee también que “el programa de libertad condicional establecido por el DHS falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es para urgencia por razones humanitarias y no promueve ningún beneficio público significativo”.
A su vez, insisten en alegar que el plan de Biden “equivale a la creación de un nuevo programa de visas que permite a cientos de miles de extranjeros (unos 36,000 al año) a entrar a Estados Unidos que de otro modo no tienen ninguna base para hacerlo. Esto es una burla y no sigue los límites establecidos por el Congreso”.
A lectura de Astrid Montealegre, abogada supervisora de NAHRA (Nicaraguan American
Human Rights Alliance), la demanda era de esperarse debido a que “la política limita los derechos de solicitantes de asilo obligándoles a utilizar CBPone y los deportan automáticamente solo a ciertas nacionalidades”.
Montealegre agrega que los estados están “alegando que no se está valorando caso por caso, pero sí porque se hace aplicación y revisión individual no es algo automático”.