Jairo José Castillo Rojas, de 25 años, admitió ante un judicial haber secuestrado a su sobrino de 15 años, acción por la cual recibió 30 mil dólares.
Junto a Rojas también se declaró culpable su cómplice, Marlon Antonio Ojeda Cruz, de 36 años. Ambos hombres raptaron al menor de edad y pidieron 30 mil dólares por su libertad.
La víctima, el adolescente Reynaldo Mendoza, fue secuestrado el pasado 9 de diciembre cuando salió a trabajar en un potrero de la finca de su mamá, adonde su tío sabía que iba a llegar.
El rapto ocurrió en la finca San Antonio, en la comarca Tapalwas número 3, jurisdicción del municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales.
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Los dos sujetos que llegaron con los rostros tapados y armados, amenazaron al menor y se lo llevaron, para luego llamar por teléfono a la madre de la víctima y pedir 30 mil dólares de recompensa.
Al pagar la cantidad —8,000 dólares y 792,595 córdobas— el quinceañero fue dejado abandonado en un basurero en la comarca Los Chinamos, en la carretera a Santo Domingo, Chontales, el pasado 11 de diciembre.
Los secuestradores fueron detenidos dos días después y la Policía les decomisó el dinero que habían cobrado por el secuestro. También les hallaron los celulares con los que llamaban a la mamá de la víctima para pedirle dinero por la libertad de su hijo.
Fiscalía pide distintas penas
El 16 de diciembre los señalados fueron llevados a los juzgados de Juigalpa, donde se les acusó de los delitos de secuestro extorsivo y portación ilegal de armas.
En la primera audiencia, que es la preliminar, los sujetos admitieron los hechos ante la jueza Distrito Penal de Juigalpa, Alba Marina Báez Espinoza, quien los declaró culpables.
Para Jairo José Castillo la Fiscalía pidió 11 años por el secuestro por las agravantes que la víctima era sobrino de uno de los acusados. “Se cometió el delito aprovechando la confianza que este tenía porque es tío de la víctima, que estuvo en la finca trabajando, conocía perfectamente la finca, aparte de ello es hermano de la madre de la víctima, estas son agravantes específicas”, explicó el fiscal Juan Carlos García.
También solicitó 8 meses de cárcel por el delito de portación ilegal de armas, para un total de 11 años y 8 meses de prisión.
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Mientras que para el otro inculpado pidió 8 años por el secuestro extorsivo y 8 meses por tenencia ilegal de armas.
La Defensoría Pública por su parte solicitó para ambos 5 años por el secuestro y seis meses de cárcel por portación ilegal de armas por haber admitido hechos en la primera audiencia.
La jueza anunció que dará a conocer la sentencia por medio de una cédula judicial.