El secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez-Ayérdiz, denunció mediante sus redes sociales que ha recibido amenazas y ofensas por simpatizantes del Frente Sandinista e incluso de la derecha nicaragüenses, tras la denuncia por delitos de lesa humanidad interpuesta en Argentina por el organismo contra los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, y un grupo de altos funcionarios.
“Sigo recibiendo amenazas y ofensas de todo tipo por simpatizantes del FSLN y, aunque no se crea, de la ultraderecha nicaragüense. Sepan que no les tengo miedo. Que me digan que saben dónde vivo, vengan los invito a un café. Cobardes”, colgó en su cuenta de Twitter el abogado y defensor de derechos humanos, este domingo.
Por su parte, la abogada y defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez, expresó su solidaridad con Ramírez. “Es un hecho que los obstáculos vendrían y es una buena señal que están haciendo bien su trabajo y que no solo a los sapos les duele. La envidia es muy mala. Debemos alegrarnos de que tenemos a alguien que nos acuerpa. Usted siga que le necesitamos. Un abrazo”, respondió Martínez al tuit del secretario ejecutivo de Calidh.
La denuncia de Calidh contra la dictadura Ortega-Murillo y sus allegados fue presentada el 3 de noviembre, radicada ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del poder Judicial con sede en Buenos Aires, y es la segunda presentada en el país en un mes.
Los hechos se circunscriben en el contexto de las protestas sociales de 2018. La denuncia apunta contra el jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz; al comisionado Ramón Avellán, y a los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau y Sonia Castro, exministra de Salud.
También contra el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrada Alba Luz Ramos.
“Calidh considera que estos funcionarios son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas, entre otras”, dice el comunicado.
La primera denuncia contra la dictadura en Argentina
El miércoles 5 de octubre, la Justicia argentina inició una investigación penal contra el dictador Daniel Ortega y otras autoridades del régimen de Nicaragua para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad.
El juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a la Justicia de este país para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas o torturas.
La causa comenzó a partir de la primera denuncia, presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, contra el dictador Ortega, su esposa Rosario Murillo, y todos aquellos funcionarios que integren el aparato represivo que persiguió a disidentes políticos, especialmente desde abril de 2018.
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Al momento de impulsar la investigación, el fiscal Eduardo Taiano explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos con base en el artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal, y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”, informó Infobae.
Taiano también destacó que la Corte Penal Internacional no podría juzgar eventuales crímenes de lesa humanidad en Nicaragua porque ese país no ratificó el Estatuto de Roma.