El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) presentó este 2 de noviembre una denuncia por delitos de lesa humanidad contra los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo y siete altos funcionarios del régimen, ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro, del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Los hechos se circunscriben en el contexto de las protestas cívicas de 2018, mientras que la denuncia incluye a la primera dama y cogobernante Rosario Murillo; el jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz; al comisionado Ramón Avellán, y a los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau y Sonia Castro, exministra de Salud.
También incluyen al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y rectora de la UNAN-Managua, Ramona Rodríguez, y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada Alba Luz Ramos.
“Calidh considera que estos funcionarios son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas entre otras”, indica el comunicado de la organización.
El organismo argentino constituido con el objetivo de defender los derechos humanos en América Latina basa la denuncia en el artículo 118 de la Constitución Política argentina, la cual reconoce el principio de jurisdicción universal y de la Ley 26:200 Ley para implementar el Estatuto de Roma.
“La Ley 26:200 permite la aplicación de la jurisdicción universal para los delitos de lesa humanidad”, argumenta, por lo que esperan que el Juez Federal y el Fiscal Nacional a cargo de la causa principal (CFP 2981/2022) “puedan continuar con el proceso hasta la emisión de una sentencia que establezca la responsabilidad penal y sanciones contra los denunciados” y que “contribuya junto con otras iniciativas de justicia en curso al derecho de memoria, verdad y reparación de las víctimas y sus familiares”.
“Y favorezca que los países democráticos del mundo abran procesos similares contra los responsables de estos delitos”, se lee en el documento.
Organismo presenta cuatro informes de violaciones de DD. HH.
Junto con la denuncia, Calidh indicó que elevó ante el Juzgado Federal cuatro informes que presentaron diversos organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde muestran su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
Adicionalmente le entregaron un resumen de los casos que lleva el organismo ante la CIDH, de las víctimas de estos delitos denunciados.
“El Centro está firmemente comprometido con aportar un grano de arena en el proceso de restablecimiento de la democracia y la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua”, agrega el organismo.
Desde su visita, el 17 de mayo de 2018 hasta la fecha, la CIDH ha documentado la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión violenta por parte del Estado a las protestas sociales iniciadas en abril de ese mismo año, que dejó al menos 328 personas fallecidas y unas 2 mil heridas, como consecuencia de la actuación de agentes estatales o de civiles, según datos de la CIDH.
En diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, ejecutaron “crímenes de lesa humanidad”, mediante una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado.
La primera denuncia contra la dictadura
Esta sería la segunda denuncia contra la dictadura de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad. A inicios de octubre, los abogados Darío Richarte y Diego Pirola presentaron la primera denuncia en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, Argentina, para que se inicie una investigación penal contra el régimen y al menos nueve funcionarios de su administración.
En la denuncia se solicita que se cite a una declaración indagatoria a los máximos responsables del régimen de “Daniel Ortega y que también puedan declarar como testigos las víctimas de la represión y sus familiares”.
El inicio de la investigación también se basó en el artículo 118 de la Constitución Política argentina. La Justicia federal argentina ya investigó otras denuncias por delitos de lesa humanidad ocurridos fuera del país.