El Gobierno de Estados Unidos, bajo la Administración del demócrata Joe Biden, publicó a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el Aviso de Reglamentación Propuesta (Notice of Proposed Rulemaking, NPRM, por sus siglas en inglés) con el que podrá acelerar el proceso de denegación de asilo y deportación en la frontera entre México y EE. UU. de aquellas personas que considere que representan una «amenaza para el país».
El Aviso de Reglamentación Propuesta fue publicado en el Registro Federal este 13 de mayo y hay un período de 30 días de consultas que finaliza el 12 de junio próximo. A pesar de ello, Harold Rocha, abogado y académico de Derecho Internacional y presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (Naldef) explicó a LA PRENSA que podría entrar en vigencia pronto.
«Si la intención fuera que esta norma entre en vigencia a finales de año, no la hubieran publicado a mediados de mayo y el período de observaciones y comentarios sería más largo», mencionó Rocha.
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Con el Aviso de Reglamentación Propuesta se autorizará a los funcionarios de asilo (AO en inglés) a aceptar o rechazar solicitudes de protección de los migrantes poco después de que crucen la frontera, evitando así los tribunales de inmigración, donde normalmente los casos suelen tardar años en ser resueltos por los jueces.
«Los AO estarían autorizados a considerar ciertas prohibiciones durante las evaluaciones de miedo creíble y razonable, incluidas las evaluaciones de miedo creíble donde se aplica la regla de elusión de vías legales. La regla propuesta tiene como objetivo mejorar la flexibilidad operativa y ayudar al DHS a expulsar más rápidamente a ciertos no ciudadanos a quienes se les prohíbe el asilo y la retención legal de deportación», indica el Aviso de Reglamentación Propuesta.
Por ello, Rocha indicó que «los oficiales de migración van a tomar nota de historial delictivo o designaciones por participación en actividades de terrorismo, incluyendo alertas rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que son impedimentos jurídicos para obtener estatus migratorio en EE. UU., y así acelerar su remoción del territorio nacional».
¿A qué responde la medida?
En un comunicado, el DHS indicó que aunque la cantidad de migrantes que están sujetos a estas prohibiciones «es pequeña, esta regla permitiría al DHS expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública».
En ese sentido recordó que la Ley Federal prohíbe el asilo a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente a «aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos».
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El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, indicó que la regla propuesta «es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí».
A lectura de Rocha, la raíz del problema es el «uso o abuso del asilo como medio para migrar cuando se carece de caso bien fundamentado. No existe el derecho al asilo económico, ni medioambiental, ni por desacuerdo con el rumbo político del país de origen. Se debe siempre poder sustentar una persecución diferenciada, y la enorme cantidad de casos denegados precisamente son por este motivo».
En ese sentido mencionó que, sin lugar a duda, la medida previsiblemente «preocupa a los defensores de los derechos de las personas migrantes» frente a que «el Gobierno de los Estados Unidos tiene la difícil tarea de velar por el cumplimiento de sus obligaciones procesales hacia los demandantes de asilo y, a la vez, de salvaguardar la viabilidad y capacidad del sistema que atiende esas solicitudes».
Rocha recordó que en los últimos años, sobre todo tras el fin de la pandemia, el número de migrantes que intentan acogerse a la figura jurídica de asilo político «ha aumentado exponencialmente, causando un grave rezago administrativo y judicial, lo que perjudica a las autoridades en el cumplimiento de su deber, como a las personas que verdaderamente tienen casos meritorios de asilo».
¿Cuál es la situación de los nicaragüenses?
La crisis sociopolítica y económica que agobia a los nicaragüenses, como consecuencia de la permanencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha provocado una oleada migratoria en los últimos años, alcanzando cifras récords de cruces hacia EE. UU.
Para frenar la migración irregular, EE. UU. extendió en enero del 2023 el programa del parole humanitario que permite que nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos viajen de manera legal a suelo norteamericano donde pueden vivir y trabajar por dos años.
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Hasta finales de marzo, según cifras de las autoridades norteamericanas, 77,000 solicitudes de nicaragüenses fueron examinadas y autorizadas para viajar, de ellos 69,000 ya están en suelo norteamericano. En total a 404,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos les aprobaron el parole.
El activista y experto en leyes migratorias, Ronmell López, por su parte indicó que con esta nueva reglamentación «nadie está exento porque nadie está encima de la ley, aunque tengamos dictadura en nuestro país, por ser nicaragüense no están exentos».
López afirmó que independientemente de que la persona esté buscando asilo y si cometió una falta en los EE. UU. «tiene que comparecer ante la ley, pagar la condena, y después va a ser deportado de inmediato, todo si los delitos son considerados graves en este país, entre ellos venta de droga y abuso domésticos. Esto no es solo las personas que entraron y no tienen un estatus legal todavía, esto va para residentes».
En ese sentido, López advirtió que a raíz de la norma se van a intensificar las deportaciones. «Ahorita lo que van a hacer es acelerar, si la persona no tiene méritos para el caso de asilo, esa persona está expuesta a ser deportada», aclaró.
Por su parte, Rocha señaló que ante la publicación de la normativa, pese a que aún no está en vigencia, los nicaragüenses que estén contemplando migrar «deben informarse bien, de fuentes fidedignas y autorizadas, antes de emprender el viaje y valorar otras vías legales más seguras como el parole humanitario. Las autoridades a todo nivel serán más y más duras y estrictas con los migrantes irregulares».
En el documento del Aviso de Reglamentación Propuesta se específica que existen cuatro categorías de migrantes que no podrán solicitar asilo y serán rechazados, devueltos o deportados. Esas son aquellos ciudadanos que hayan presentado sin éxito una solicitud anterior, quienes posean historial delictivo, quienes sean identificados como terroristas o miembros de organizaciones de delincuencia organizada y familiares de migrantes inadmisibles por cualquier motivo.
Por lo anterior, Rocha aseveró que los nicaragüenses «si están en suelo americano y presentan solicitud de asilo, esto aplicaría si entran en las cuatro categorías mencionadas. En caso de cualquiera de esas cuatro condiciones, el solicitante no superará la etapa de entrevista de temor fundamentado o miedo creíble y será deportado».
