La exjefa de la Policía de Nicaragua, Aminta Granera, también será investigada por la denuncia de crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la represión policial contra las protestas civiles de 2018, según publica el medio Infobae.
La acusación presentada ante el Poder Judicial de Argentina, que en un inicio solo incluía a los dictadores Daniel Ortega, su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, y siete altos funcionarios activos de ese gobierno, fue ampliada e incluye ahora a Granera, quien en su momento gozó de altos índices de popularidad y aceptación en Nicaragua.
“El accionar de la Policía Nacional durante la represión de abril de 2018 requiere de la investigación de la responsabilidad de la Sra. Aminta Granera Sacasa y, además, justifica la responsabilidad criminal del Presidente de la República de Nicaragua sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por acción o por omisión a través de la Policía Nacional, de acuerdo con la denuncia oportunamente presentada”, manifiesta el documento de la ampliación de la denuncia.
Agrega que “durante el mes de agosto de 2018 se produjo la detención de más de 20 estudiantes universitarios, algunos de ellos miembros del Movimiento 19 de Abril y otros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia. Entre ellos se encontraban Byron Estrada, Luis Muñoz, Nahiroby Olivas, Luis Rugama, Yaritza Mairena y Victoria Obando”.
Granera fue jefa de la Policía Nacional desde el 5 de septiembre de 2006 hasta el 27 de abril de 2018, aunque los últimos años de facto, debido a que se le había vencido su tiempo constitucional para ese cargo.
En el contexto de las protestas civiles de 2018, la dictadura Ortega Murillo ordenó una brutal represión policial contra las manifestaciones, que dejaron más de 300 personas muertas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La ampliación de la investigación exige que se considere la vulneración al derecho a la educación como parte del plan sistemático de represión, que se refleja en el control de las universidades y las restricciones a su funcionamiento, “acompañadas de la privación de la libertad de estudiantes y opositores al régimen”, como se puede leer en el documento presentado.
El pasado 2 de noviembre, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) presentó la denuncia por delitos de lesa humanidad contra Ortega, su esposa y los siete funcionarios, ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro, del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Los otros imputados son: el actual jefe de la Policía y consuegro de Ortega, primer comisionado Francisco Díaz; comisionado Ramón Avellán, y los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau y Sonia Castro, exministra de Salud.
También incluyen al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y rectora de la UNAN-Managua, Ramona Rodríguez, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrada Alba Luz Ramos.