La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), dirigida por el obispo de Jinotega, monseñor Carlos Herrera, y el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, emitió este jueves un mensaje de adviento (tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Jesús), en el que expresaron la alegría que sienten por la recuperación creciente de las actividades pastorales, que les ha permitido, entre otras cosas, celebrar Semana Santa, las fiestas patronales, reuniones, retiros y otras actividades religiosas.
En su mensaje la CEN también hace referencia escuetamente a las problemáticas sociales que viven los nicaragüenses, principalmente al éxodo migratorio. Sin embargo, evita referirse a la persecución de la dictadura Ortega-Murillo contra la Iglesia católica y sus líderes religiosos, en momentos en que el tema está siendo discutido en foros internacionales.
“Los motivos de alegría no nos impiden reconocer las preocupaciones que tenemos sobre el acontecer social, político y económico de nuestra patria. Sobre todo, entre otros, la crisis migratoria, que es reflejo de un drama humano que nos interpela”, se lee en el mensaje de adviento 2022.
Los obispos celebraron esta semana su reunión anual, esta vez sin la participación de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagala, quien hoy cumple 106 días secuestrado por la dictadura.
Además de monseñor Herrera y el cardenal, presidente y vicepresidente de la CEN, respectivamente, el documento está firmado por monseñor Jorge Solórzano, obispo de la Diócesis de Granada; el obispo de Juigalpa, monseñor Humberto Guzmán Saballos; monseñor René Sándigo de la Diócesis de León; monseñor Francisco Tijerino, obispo de la Diócesis de Bluefields y monseñor Isidoro Mora Ortega de la Diócesis de Siuna. Pero no lo firma monseñor Silvio Báez, quien sigue siendo Obispo Auxiliar de Managua aunque esté en el exilio, pero sus «hermanos obispos» no lo toman en cuenta.
En diciembre pasado, el Papa Francisco ratificó a monseñor Báez como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua y miembro pleno de la Conferencia Episcopal, aunque siga radicado en Estados Unidos.
EE.UU. debate sobre el deterioro de la libertad religiosa en Nicaragua
Esta semana la Comisión de Estados Unidos para Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) analizó el deterioro de las condiciones para la libertad de religión en Nicaragua y la campaña de persecución que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene contra sacerdotes de la Iglesia católica.
En una sesión virtual, cuatro expertos de la región y de EE. UU. en temas de desarrollo, derechos humanos y libertad religiosa denunciaron la represión sistemática del régimen contra los líderes religiosos, que ha dejado a al menos 11 sacerdotes y un obispo detenidos por su posición crítica a la dictadura.
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El congresista Mario Díaz-Balart calificó la campaña de persecución de Ortega-Murillo contra la libertad religiosa como «agresiva», al reseñar la expulsión del nuncio apostólico del Vaticano de Nicaragua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, en marzo, y las sucesivas capturas de sacerdotes a mediados de este año.
“Esta persecución religiosa en Nicaragua es sistemática y está dirigida a aquellos que apelan a la libertad”, sostuvo el congresista en su presentación.
Diplomacia estadounidense preocupada por la situación
El director de la Oficina para Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, señaló que los reportes del centro de la diplomacia estadounidense han alertado sobre la situación «que abarca no solo motivaciones religiosas, sino que impacta a todas las personas que muestren apoyo a la democracia y a la defensa de derechos humanos».
“La situación de Nicaragua es crítica, por los abusos del régimen de Ortega-Murillo, sus ataques a la democracia y las violaciones a derechos humanos. Ahora se ha agudizado con la persecución a religiosos”, dijo Ventrell.
El presidente del USCIRF, comisario Nury Turkel, manifestó que este examen sobre libertad religiosa en Nicaragua surte efecto al ver las denuncias sobre violaciones a derechos humanos, el alarmante número de presos políticos, entre ellos “líderes nacionales y periodistas”, que intentaron desafiar a Daniel Ortega en su reelección en 2021 y que ahora están en la cárcel.
“Y más recientemente esa represión ha sido dirigida a líderes religiosos de la Iglesia católica, con acciones claramente notables”, explicó Turkel.
Piden aplicar Ley Renacer
El politólogo nicaragüense Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano —un centro de análisis en Washington DC, especializado en América Latina—, describió al régimen de Ortega como un “Estado canalla” en que se impone el miedo, la violencia y el clientelismo.
“Nicaragua se ha convertido en el Estado totalitario que Daniel Ortega quiso imponer en la década de 1980 y no pudo. Ahora, desde 2018 y 2022, el régimen ha logrado el control efectivo de la vida de sus ciudadanos, su futuro. Su poder dinástico utiliza el miedo, la violencia, el odio y el clientelismo para gobernar. Esta no es la primera vez que persigue a las autoridades religiosas y a las personas de creencias religiosas”, denunció Orozco.
En su intervención, el politólogo demandó que se aumenten las sanciones contra todos aquellos que faciliten la represión y la corrupción, así como asegurar que las instituciones financieras internacionales rindan cuentas sobre los préstamos que otorgan a Nicaragua, continuar la presión multilateral y cabildear para la implementación de la Ley Renacer.
Sanciones al IPSM
Por su parte, Ryan Berg, director del Programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) —otro organismo que ha dado seguimiento a la crisis del país—, demandó sanciones internacionales para el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el brazo financiero del Ejército de Nicaragua, por su complicidad con la represión y la dictadura.
“En pocas palabras, los eventos dramáticos significan que el momento de las sanciones individuales ha terminado. Los Estados Unidos debería sancionar al Ejército de Nicaragua bajo la misma lógica utilizada para sancionar a la Policía Nacional. El Ejército ha estado involucrado en algunos de los abusos contra los derechos humanos del país y está acusado de armar a grupos paramilitares. Los Estados Unidos también deben apuntar al Ejército de Nicaragua”, sostuvo Berg.
Documentan 396 agresiones contra la Iglesia católica
En tanto, la abogada e investigadora, Martha Patricia Molina, presentó este miércoles la segunda entrega del informe Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida? donde muestra que en el período de 2018 a 2022 la Iglesia católica ha sufrido 396 agresiones durante el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De estos ataques, 127 fueron realizados en lo que va del 2022.
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El estudio agrega más agresiones a la Iglesia católica, en comparación con la primera entrega del informe en mayo pasado y tipifica las mismas en categorías como hostilidades a: los templos, medios de comunicación y proyectos, religiosos, pintas y mensajes de odio, procesos penales y laicos.
Al corte de la segunda entrega, Molina indicó que se habían cerrado cerca de 2,242 organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, de las cuales 10 eran religiosas.
