La organización de observación electoral Urnas Abiertas denunció en un segundo informe que verificaron que la presión por parte de personeros del régimen de Daniel Ortega para movilizar a gente a los centros de votaciones no solo se limitó a trabajadores del Estado, sino también a estudiantes universitarios, comerciantes y transportistas, a los que amenazaron con quitarles beneficios estatales o permisos si no se presentaban a los centros de votación.
“La presión por llenar las urnas, además de alcanzar a familiares de trabajadores del Estado, llegó a estudiantes de universidades públicas, médicos residentes de hospitales públicos, comerciantes, transportistas y familiares de los caídos de guerra, quienes fueron amenazados con perder las becas, beneficios y permisos de operación si no acudían a votar”, dijo Ivania Álvarez, de dicha organización.
Al respecto, Ligia Gómez, de Urnas Abiertas, señaló que con base a los reportes recibidos de la red de observadores en los distintos centros de votación, el abstencionismo alcanzó el 82.7 por ciento de la población y apenas el 17.3 por ciento participó. Esto tiene un nivel de confiabilidad de 95 por ciento.
Álvarez afirmó que los operadores del régimen en su desesperación por llevar gente intensificaron sus presiones incluso pasada las 6 de la tarde, cuando los centros de votación habían cerrado. Esto se vio reflejado con el envío de mensajes de trabajadores públicos que hasta esa hora no habían ido a votar a los que se les envió mensajes por WhatsApp.
“Los amenazaban con despidos y les insistían si ya habían ido a votar y que les estaban esperando, porque necesitaban que el total de los trabajadores fueran a votar. Incluso les señalaban que sus puestos labores eran gracias al comandante Daniel Ortega”, denunció Álvarez.
La organización dijo que los niveles de coacción observados en este proceso es uno de los peores de los últimos años, precisamente porque la gran mayoría de los nicaragüenses optó por quedarse en casa en rechazo de un proceso que carece de credibilidad.
En este segundo reporte informaron que desde el 1 de noviembre y hasta ayer verificaron un total de 19 detenciones, un poco mayor respecto al primer reporte presentado la tarde de ayer. Estos ocurrieron en Rivas, Río San Juan, Masaya,Carazo, Nueva Segovia y en Managua.
“Se dio una coacción sin precedentes casa a casa, en las viviendas de trabajadores del Estado, beneficiarios de programas sociales, entre otros perfiles, y esto lo hicieron para intentar engrosar las filas”, dijo Valle.
Lo que informaron en el primer reporte
En un primer reporte de las votaciones municipales de este domingo 6 de noviembre que el aparato represivo del régimen de Daniel Ortega ejecutó “un absoluto control territorial” y vigilancia a través de sus estructuras oficiales en todo el país, pero aún así las Juntas Receptoras de Votos (JRV) lucieron vacías.
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“La característica principal en la que se han dado estos comicios es bajo un absoluto control territorial. Trabajadores públicos, personas opositoras y ciudadanía en general está siendo vigilada por el oficialismo cuadra a cuadra, ya sea para obligarlos a votar o bien para asediarlos y evitar cualquier expresión ciudadana”, manifestó la directora de Urnas Abiertas, Olga Valle, en una conferencia de prensa virtual por las redes sociales.
Urnas Abiertas realizó su proceso de observación electoral en 563 Centros de Votación (CV), con la participación de más de 1,600 observadores. La observación indica una abstención de entre el 79 por ciento como mínimo, y el 84 por ciento como máximo; con un promedio nacional del 81.5 por ciento de abstencionismo.
Valle manifestó que en el 63 por ciento de los CV observados se reportó la instalación de “puestos de control” en las afueras, “desde donde los operadores políticos del Frente Sandinista estaban vigilando y controlando a quienes han llegado a votar”. Estos “puestos control” estuvieron ubicados en casas vecinas o bajo toldos cercanos a los CV.
Control de trabajadores públicos
Gómez precisó que la principal presión oficial recayó sobre los trabajadores públicos, a quienes se les obligó a permanecer en los CV después de votar.
“Se recibieron denuncias que indican que los trabajadores del Estado se vieron obligados a permanecer por un período más extendido de tiempo en los Centros de Votación, para simular mayor participación, así como hacer labores para el traslado de votantes”, dijo Gómez.
Urnas Abiertas reportó además la presión que recibieron los trabajadores del Estado, para enviar fotos con el dedo manchado tras la votación de ellos y de todos sus familiares en edades de votar.
“Mediante el envío de mensajes por Whatsapp, los secretario políticos y jefes de áreas de las diferentes instituciones públicas indicaron a los trabajadores que estarían realizando un control de participación y solicitaron enviar evidencia del voto”, agregó Gómez.
17 detenciones en la víspera electoral
El reporte de Urnas Abiertas detalló que desde el 1 de noviembre hasta este domingo a las 04:00 p.m., se confirmaron 17 detenciones en el contexto electoral, en siete departamentos del país, entre estos: Rivas, Río San Juan, Masaya, Carazo, Nueva Segovia y Managua.
Otros datos
En el 42 por ciento de los CV observados por Urnas Abiertas, la ciudadanía tuvo inconvenientes por no encontrarse en el Padrón Electoral, en algunos casos las personas que no aparecieron en el padrón fueron agredidas y expulsadas de los CV, porque les indican que son “golpistas” pues solamente los opositores no aparecen en el padrón.
Esto se da en un contexto donde más de un millón 300 mil personas han sido eliminadas de este catálogo de electores.
En el 41 por ciento de los CV se reportó proselitismo político en el interior de los mismos. Además, se recibieron reportes de usurpación de funciones, donde todo aquel funcionario que no sea ciento por ciento sandinista o colaboracionista (miembros de mesa o fiscales) no logran ejercer sus funciones y se imponen las decisiones de los jefes de ruta o secretarios políticos del FSLN.
Las votaciones municipales son para elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales en los 153 municipios del país, pero en Nicaragua no tienen credibilidad, porque el Consejo Supremo Electoral (CSE) que las dirige es una institución integrada por militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que tienen como único objetivo mantener en el poder a Ortega y a su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.
El proceso de votación de este año es considerado por los críticos el “peor” de los últimos años, porque se dio en un contexto de represión contra todo tipo de crítica y oposición al régimen de Ortega; sin participación de observadores nacionales e internacionales; sin transparencia electoral, con la exclusión de los partidos rivales; con más de 200 personas presas por expresar su oposición a Ortega y miles en el exilio por la persecución y amenazas de detención.