14
días
han pasado desde el arresto de nuestro gerente Juan Lorenzo Holmann, y la toma de las instalaciones. Nuestra Redacción está hoy en el exilio. ¿Vas a permitir que la dictadura se salga con la suya?

Instalaciones de La Prensa tomadas por la Policía del régimen de Daniel Ortega desde el 13 de agosto de 2021.

Régimen acusa a cuatro trabajadores de LA PRENSA de “conspiración”

La acusación fue presentada por la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas. Dos de los acusados están detenidos desde hace tres meses

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó penalmente a cuatro trabajadores del Diario LA PRENSA, dos de ellos son los conductores que permanecen privados de libertad desde el pasado 6 de julio, cuando fueron secuestrados. La Fiscalía, a favor del régimen, los señala de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Eduardo Enríquez, Editor Jefe de LA PRENSA, rechazó y calificó la acusación como “criminalización de la labor periodística” independiente, que es recopilar la información y divulgarla en Nicaragua. Para él está claro que el régimen busca que “reine el silencio y que solo lo que tenga que decir Daniel Ortega y Rosario Murillo sea lo que se escuche” en el país.

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De acuerdo con la información disponible en el sistema electrónico del Poder Judicial, conocido como “Nicarao”, la causa contra los cuatro colaboradores de este Diario fue presentada a las 2:23 de la tarde del 29 de septiembre por la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas, presentando como víctima u ofendido al Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. El proceso judicial está actualmente en la fase inicial y en trámite.

Los acusados, además de los conductores, son una reportera y una trabajadora del área administrativa. Para estas dos últimas se conoce que la Fiscalía giró orden de captura.

La causa se encuentra radicada en el Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, a cargo de Nalia Nadezhda Úbeda Obando, funcionaria judicial reconocida por su labor de persecución contra los medios independientes, particularmente en el caso de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Los dos conductores de este medio fueron secuestrados el pasado 6 de julio, cuando el régimen a través de la Policía desató una cacería en contra del equipo periodístico del Diario.

Cabe destacar que los hechos específicos de la acusación penal son desconocidos como consecuencia del hermetismo con el que se manejan los casos. El supuesto delito es con el cual en el último año el régimen ha acusado y condenado a más de 40 opositores, entre ellos aspirantes presidenciales, líderes juveniles y campesinos y defensores de derechos humanos.

“Son personas que trabajan para ganarse la vida”

El editor en jefe de este medio aseguró que con esta acusación la dictadura orteguista “ha caído en el nivel más bajo contra el periodismo independiente”, e insistió en expresar que a los colaboradores de lo único que los pueden señalar es de trabajar y eso no es delito en ningún país.

“Es una barbaridad que están haciendo contra unas personas que lo único que lo pueden señalar es de trabajar, tenemos allá dos colaboradores que han sido injustamente detenidos sin ninguna razón, les están inventando delitos y los llevan en un proceso que si sigue la misma línea que ha seguido las otras personas, van a resultar condenados a largos años de prisión causándoles un daño indescriptible a sus vidas por un simple capricho de una dictadura”, sostuvo Enríquez.

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Los conductores detenidos cumplirán el próximo 6 de octubre tres meses de estar encarcelados. A ellos el Estado les otorgó defensores públicos, privándolos de su derecho de contar con un abogado privado, una de las innumerables arbitrariedades que se han presentando en el proceso. Estos abusos van desde la detención ilegal, la criminalización de su trabajo y la privación de recibir visitas.

Enríquez insistió en destacar que los cuatro colaboradores son personas que “no estaban organizadas en ningún partido político, ni ejercían cargos de decisión en un medio de comunicación, son trabajadores y no han cometido ningún delito de ningún tipo”. A su vez, recalcó que el mundo se tiene que dar cuenta que “en Nicaragua lo que hay en un sistema demencial, ahí no hay gobierno, ahí lo que hay es una dictadura regida por un par de dementes”.

Una vez que fue presentada la acusación el pasado 29 de septiembre, a los dos colaboradores privados de libertad se les realizó una audiencia preliminar “secreta” a eso de las 3:10 de la tarde de ese día. Se espera que para la audiencia inicial, prevista a realizarse el próximo 13 de octubre, los conductores asuman una defensa privada.

Los ataques contra LA PRENSA

Esta acusación contra los trabajadores del Diario se suma a una serie de ataques que tienen como objetivo silenciar al Diario de los nicaragüenses, con más de 90 años de existencia. El 13 de agosto de 2021, el régimen ordenó a la Policía tomarse las instalaciones de LA PRENSA e iniciar una supuesta investigación contra el Grupo Editorial LA PRENSA y sus directivos por los supuestos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero, bienes activos en perjuicio del Estado de Nicaragua.

El 14 de agosto, el gerente general del Diario, Juan Lorenzo Holmann fue privado de su libertad y en marzo de este año fue condenado a nueve años de prisión por supuesto lavado de dinero, e inhabilitado de ejercer su profesión, oficio o cargo durante nueve años, además de imponer una multa millonaria.

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El 23 de agosto pasado la dictadura oficializó la confiscación y robo de las instalaciones valoradas en 10 millones dólares, las cuales convirtió en un centro cultural y politécnico que lleva el nombre del poeta José Coronel Urtecho, bajo la administración del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).

A pesar de todos los ataques el régimen no ha podido silenciar al Diario LA PRENSA que continúa firme con su labor de informar a la población nicaragüense.

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