La lista de presos políticos se amplió este viernes 8 de julio, cuando, a petición del Ministerio Público el Juez Séptimo Penal de Audiencias de Managua, Abelardo Alvir Ramos, decretó 90 días de detención para investigar a los dos trabajadores del Diario LA PRENSA secuestrados por el régimen Ortega Murillo el pasado miércoles 6 de julio. El Fiscal que lleva el caso es Manuel Rugama, el mismo que estuvo a cargo de la acusación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), en cuyo proceso interrogó a decenas de periodistas.
Los trabajadores de LA PRENSA permanecen en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como nuevo Chipote y se desconoce de qué los acusan.
La audiencia de tutela de garantías para los dos conductores del Diario, cuyos nombres omitimos a petición de sus familias, se realizó el viernes 8 de julio a las 5:00 p.m.; y en ella decretaron 90 días de detención judicial para seguir investigando. Ante la ausencia de pruebas para armar una acusación, el Ministerio Público amplió el plazo de la investigación para poder armar un caso contra los detenidos.
Como ha ocurrido en las audiencias de tutela de todos los presos políticos, en esta tampoco se permitió el ingreso de defensores. Se supone que a ambos reos los acompañaron abogados de la Defensoría Pública.
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Cobertura de la expulsión de religiosas desata cacería
Ambos trabajadores son las primeras víctimas de una cacería que el régimen Ortega Murillo desató desde el pasado miércoles 6 de julio contra los trabajadores del Diario LA PRENSA. Esta surgió en respuesta a la cobertura que este medio realizó de la expulsión hacia Costa Rica de cerca de veinte monjas de la orden de Misioneras de la Caridad, fundada por Madre Teresa de Calcuta.
La persecución inició con el equipo periodístico que cubrió la salida de las religiosas. En las primeras horas de la noche del miércoles, secuestraron al conductor que se movilizó con el equipo periodístico durante la salida de las religiosas. Más tarde, secuestraron al otro conductor que no participó en dicha cobertura.
Luego, patrullas de la policía estuvieron en la casa de la reportera que cubrió la expulsión de las monjas; y durante las primeras horas del jueves, allanaron la casa de un fotógrafo del Diario.
LA PRENSA exige el respeto a las leyes, la liberación de los detenidos y el cese de la persecución del personal del Diario que únicamente realiza su trabajo, sin cometer delito alguno.
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