Esta semana varios periodistas y otros trabajadores de LA PRENSA han sido víctimas de la represión y el asedio policial. En los últimos días, ha sido sobre todo contra el equipo que dio cobertura a la expulsión de las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta.
Según la información publicada por este mismo Diario, el miércoles 6 de julio por la noche varios agentes de la Policía se llevaron preso al chofer del equipo que cubrió el hecho noticioso antes mencionado. Otro conductor, que también presta su servicio profesional a LA PRENSA, fue capturado más tarde, esa misma noche
Además, dos patrullas policiales se presentaron en la vivienda de la reportera que cubrió la expulsión de las monjas, al parecer para capturarla, lo mismo que en casa del fotógrafo que la acompañó para hacer la cobertura gráfica. Afortunadamente ellos no estaban en sus viviendas y no fueron capturados.
Las autoridades no informaron previamente que la salida de las monjitas de Managua hacia Costa Rica era una operación de seguridad con restricción o prohibición de cobertura periodística. De manera que los integrantes del equipo de LA PRENSA fueron confiadamente a cubrir el hecho, como se hace con cualquier otro acontecimiento que tenga valor periodístico.
Los medios de comunicación y los periodistas existen y trabajan para llevar la información al público. Ellos no son ni deben ser la noticia, solo son testigos de los hechos de interés público que transmiten como información.
Pero por las circunstancias políticas de Nicaragua, a menudo los periodistas y los medios de comunicación independientes son convertidos en víctimas, y por tanto en noticia, contrariando la lógica del periodismo y la voluntad de los mismos profesionales de la información.
En el caso de LA PRENSA, tres miembros de su Junta Directiva son noticia permanente, porque están en la cárcel como presos políticos condenados a varios años de prisión. Ellos son: Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, y Juan Lorenzo Holmann Chamorro, quien además es gerente general de este Diario.
Las instalaciones de LA PRENSA fueron tomadas por la fuerza policial el 13 de agosto de 2021, y no han sido devueltas. Y ahora, como si fuera poco el martirio que se hace sufrir a la familia de LA PRENSA, sus dos choferes han sido encarcelados de manera tan arbitraria como injusta.
La Constitución Política de Nicaragua protege y garantiza la libertad de información y el ejercicio profesional del periodismo. De igual manera garantiza la seguridad personal y los derechos de los ciudadanos, incluyendo no ser detenidos sin causa justa y previa orden judicial.
Con base en los mencionados derechos constitucionales, y de los consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Estado de Nicaragua es parte, demandamos que cese el hostigamiento a LA PRENSA y demás medios de comunicación independientes.
Y que se ponga en libertad a los presos de este Diario, a sus choferes y sus directivos, y a todos los prisioneros políticos y de conciencia que están injustamente encarcelados.