El Consejo Supremo Electoral (CSE), conformado por magistrados afines al partido del régimen de Daniel Ortega, publicó este lunes en La Gaceta el Reglamento de Ética Electoral para las votaciones municipales, programadas para el primer domingo de noviembre, en donde entre la lista de delitos electorales menciona a quienes realicen actividades que los califica como «traidores de la patria», mismo argumento con el que encarceló a decenas de presos políticos.
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«Los y las nicaragüenses que encabecen o financien un golpe o intento de golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, soberanía y autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos… aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los instrumentos supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán «Traidores de la patria», indica el reglamento en uno de los incisos del artículo 6.
Agregando que «por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los ‘actos de traición’, los ‘delitos que comprometen la paz’ y los ‘delitos contra la Constitución de la República de Nicaragua’, en concordancia con el artículo 1 de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la paz».
La Ley 1055, conocida como la «Ley Guillotina», fue aprobada en diciembre de 2020 y consta de solo dos artículos.
Fue publicada en La Gaceta y entró en vigor el 22 de diciembre del año 2020 y según los analistas fue creada con el fin de inhibir de optar a cargos de elección popular a todo nicaragüense que la dictadura acuse de dirigir o financiar golpes de Estado, así como negociar y solicitar sanciones a gobiernos extranjeros en contra de funcionarios afines al gobierno de turno.
La publicación del reglamento se da en un contexto de denuncias de arrestos a miembros del partido Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), en varios departamentos del país.
El organismo de observación independiente, Urnas Abiertas, criticó la publicación de este Reglamento al ser consultado por LA PRENSA.
«Desde Urnas Abiertas sentimos consternación ante la publicación realizada por el CSE. El objeto del reglamento según la Institución estatal es aportar a un clima de paz, justicia, que pueda contribuir a procesos democráticos. El reglamento publicado el día de hoy no garantiza la legitimidad y transparencia de los próximos comicios a celebrarse en Nicaragua».
Para el organismo, establecer dentro del reglamento de ética de los próximos comicios la citada Ley 1055, «demuestra la urgencia que existe a lo interno por validar una normativa que surgió en 2021, en un momento represivo y electoral, con el fin de inhibir de optar a cargos de elección popular a todo nicaragüense que la dictadura acuse de dirigir o financiar golpes de Estado».
«Parece ser que al mencionarla dentro del reglamento de ética el régimen busca regularla de una manera u otra, siendo que en esa normativa únicamente constan dos artículos; lo cual es completamente inconstitucional. Ya lo dice el Artículo 183 de la Constitución Ningún Poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”, agrega el organismo.
«Prohíben» propaganda con recursos del Estado
El Reglamento, publicado en La Gaceta, firmado por los siete magistrados propietarios del CSE y el secretario de Actuaciones del ente electoral, consta de 10 artículos.
En otra de sus partes, señala que «se prohíbe el uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política», refrendando lo establecido en la Ley Electoral, la que además establece que «en las oficinas no podrá hacerse proselitismo político».
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La misma Ley señala al Artículo 168, numeral 8 que será sancionado con arresto inconmutable de 1 a 2 años «El o la que usare bienes del Estado con fines de propaganda política».
Y en el numeral 9 indica la misma sanción a «El o la que hiciere proselitismo político en las oficinas públicas».
No obstante, en reiteradas ocasiones organismos independientes han denunciado el uso de bienes del Estado en campañas proselitistas del partido del régimen y es notorio la presencia de símbolos y propaganda partidaria en los edificios de instituciones públicas.
Al respecto, Urnas Abiertas señala que el régimen de Ortega vive en una campaña partidaria permanente, en la cual hacen uso de vehículos, combustibles, personal, entre otros bienes del Estado en caminatas y actos alusivos al quehacer propagandístico del FSLN.
«Este año en Urnas Abiertas registramos que a partir de julio de 2022 inició una activación de caravanas y caminatas de carácter político que han sido auspiciadas por recursos y bienes públicos, incluso se obliga a los trabajadores estatales a ser parte de ellas».
De acuerdo al organismo, este tipo de actividades se registra en más del 77 % de municipios y en ellas se utilizan recursos que son propiedades del Estado, al menos 10 instituciones estatales participan de forma continua, entre ellas: Policía Nacional, Ministerio de Educación (Mined), Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua (Magfor), Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ministerio de Gobernación (ambulancias de Bomberos), Empresa Portuaria Nacional (EPN), Instituto Tecnológico Nacional (Inatec), Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca) y el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom).
Asimismo el reglamento hace referencia a otras leyes aprobadas por el régimen es el caso de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como «Ley Putin» y la Ley de Seguridad Soberana.
Las votaciones municipales están programadas para el domingo 6 de noviembre en los 153 municipios de Nicaragua. En las anteriores votaciones el Frente Sandinista, partido del régimen, se asignó 135 alcaldías en un proceso de credibilidad cuestionada por organismos y analistas independientes.
