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Carlos Chamorro es el fundador de Confidencial, uno de los periódicos independientes más reconocidos de Nicaragua.

Carlos Chamorro: “Hay alternativa al periodismo libre en Nicaragua, pero con costos muy altos”

El máximo responsable de Confidencial vive exiliado en Costa Rica desde junio del año pasado por temor a represalias del Gobierno de Daniel Ortega tras imponerle una orden de captura.

Carlos Chamorro es el fundador de Confidencial, uno de los periódicos independientes más reconocidos de Nicaragua. Pero él, que reconoce ser un apasionado del periodismo, tiene que ejercer la profesión desde el exilio por temor a las represalias políticas del Gobierno del presidente Daniel Ortega. “Tengo una orden de captura en Nicaragua por hacer periodismo. No he cometido ningún delito y si regreso a mi país me llevan a la cárcel”, relata Chamorro durante una entrevista con la Voz de América.

Segundo exilio en Costa Rica

Es la segunda vez que tiene que huir, a escondidas, para evitar ser apresado por las autoridades nicaragüenses. “Tuve que salir por primera vez en enero de 2019, después de que la dictadura asaltara y tomara la redacción de Confidencial. Regresé a finales de 2019 a desafiar al régimen, a reclamar mi derecho, pero nunca me regresaron Confidencial, lo confiscaron”, dice. Después, en junio de 2021 tuvo que volver a abandonar la nación centroamericana “cuando se produjo la redada masiva de líderes políticos, cívicos y periodistas”. “Era inevitable para mí. Si me quedaba en Nicaragua, iba a parar a la cárcel y estaría silenciado, como todos los presos políticos”, sostiene.

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Con motivo del Día Internacional de Prensa, el reconocido periodista viajó hasta el sur de la Florida para participar en unas jornadas para defender la libertad para ejercer el periodismo en todo el mundo, pero especialmente para defender la grave situación que hay en su país. “Nicaragua es un caso extremo, igual que en Cuba y Venezuela, y en cierta medida de los países en los que ha sido desmantelado el Estado de Derecho y hay una persecución contra la libertad de prensa y la libertad de expresión”, expone.

Recuerda que actualmente, además de su periódico, otros dos importantes medios de comunicación más están “ocupados” por la policía nicaragüense tras una orden del Gobierno de Ortega. Se trata de La Prensa y 100% Noticias.

Pero la cosa no termina ahí, según denuncia Chamorro. “Hay periodistas en la cárcel, hay ciudadanos procesados y condenados por opinar, por ejercer el derecho de la libertad de opinión”, agrega al respecto.

Organizados desde el exterior para seguir informando

Cuenta que hay “más de 100 periodistas en el exilio” que se han organizado para poder relanzar esos medios de comunicación gracias a la oportunidad de las plataformas digitales, para seguir informando al público de manera independiente y “vencer la censura en Nicaragua”.

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“Esa alternativa es posible pero con costos muy altos, empezando por tener que exiliarse para poder preservar la libertad. En segundo lugar, con mucho riesgo, con colegas que están trabajando también desde Nicaragua porque ahora no solamente es informar, sino que hay que proteger a las fuentes en Nicaragua. No podemos citar a un ciudadano que va a dar información o dar opinión. Hay que proteger su identidad y por lo tanto hay que hacer un periodismo mucho más responsable y más rigoroso”, sostiene.

En su opinión, ante “un momento de gran polarización política” como el que vive su país es esencial que haya “esa prensa independiente”, a pesar de estar perseguida, porque “ha logrado preservar la credibilidad y la confianza del público frente a la otra cara de moneda, que es la prensa de propaganda del régimen, son los medios de comunicación de la familia Ortega Murillo, que son los que están diciendo que en Nicaragua todo está normal, que no hay dictadura, que no hay presos políticos y que no hay persecución”.

“Las redes sociales no son la alternativa al periodismo”

Sin embargo, defiende que “las redes sociales son un medio de difusión que no sustituyen ni deben sustituir al periodismo” si no que “son la alternativa tecnológica para compartir información”. “Ahora el periodismo tiene que seguir haciendo su labor rigurosa. El periodismo tiene que seguir haciendo su labor de investigar y de fiscalizar al poder, y eso no lo hacen las redes sociales”, insistió en declaraciones a la VOA.

Su objetivo, como máximo responsable de Confidencial, no es ser los primeros en dar una información sino poder dar noticias “confiables”. “Nosotros publicamos información que está verificada y eso tiene que pasar por diferentes filtros de verificación profesional de los periodistas”, explicaba sobre el proceso de publicación.

¿Cómo solucionar esta crisis?

Chamorro asegura que hay una salida a esta grave crisis política que hay en el país y es a través de la “vía diplomática” porque, a su juicio, “esta dictadura totalitaria está fracasando”. “No le ofrece una salida a la población, ni política, ni económica, ni social. Ortega ha iniciado un proceso de radicalización. Es un salto al vacío porque no va para ninguna parte. No está solucionando ni los problemas económicos ni sociales del país. Está produciendo un callejón sin salida en el que está incrementando de manera exponencial la migración de los nicaragüenses a Estados Unidos y Costa Rica”, comenta.

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Daniel Ortega y la ley de ciberdelitos

La situación en Nicaragua se agravó a finales de 2020, cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley especial de ciberdelitos, cuyo objetivo era el de prevenir y sancionar los delitos cometidos “por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de las personas naturales o jurídicas”.

El artículo 30 de esa legislación, por ejemplo, señala que aquellos que perjudiquen “el honor, el prestigio o la reputación” se enfrentarán a una pena de entre uno a tres años de prisión y deberán abonar entre 150 y 300 días de salario.

También “si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada incita al odio o a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana” será castigada con penas de entre 3 y 5 años de prisión y una multa de entre 300 y 800 días de salario.

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