En otro juicio secreto realizado en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), este viernes 29 de abril, declararon culpables al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy Lacayo, y al vicepresidente del organismo empresarial, Álvaro Vargas.
Ángel Jeancarlos Fernández González, juez Cuarto de Distrito Penal de Juicios, estuvo a cargo de este juicio que inició el jueves 28 de abril. Luego de dos días de proceso, a Healy el juez lo declaró culpable de menoscabo a la integridad nacional; mientras que el fallo de culpabilidad contra Vargas fue por el delito de conspiración para menoscabo a la integridad nacional.
La próxima semana se dictará la sentencia, pero como ha ocurrido en todos los juicios contra los presos políticos, es prácticamente seguro que se imponga la pena solicitada por el Ministerio Público. Este pidió 13 años de prisión para Healy y 9 años para Vargas, y para ambos la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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¿Mensaje a los empresarios?
Healy representa a los empresarios del sector agropecuario y Vargas al sector ganadero. Ambos dirigían la principal organización empresarial de Nicaragua y están detenidos desde el pasado 21 de octubre en las celdas del complejo de la DAJ, conocido como nuevo Chipote. A Healy lo capturaron luego de asistir a una entrevista en el Ministerio Público, la cual fue pospuesta, y a Vargas, quien también estaba citado, lo capturaron antes de la hora prevista para la entrevista.
Luego de la captura la Policía emitió un comunicado en el que informó que la detención era motivada por una supuesta investigación por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos. También por «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación; incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos; pedir intervenciones militares; organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización; proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones; demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación».
Sin embargo, ellos, al igual que más de 40 presos políticos que permanecen en el Chipote, solo fueron juzgados por conspiración para menoscabo a la integridad nacional.
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De aliados a enemigos de Ortega
En el caso de Healy, el juez Fernández consideró que concretó el delito, por eso lo declaró culpable de cometer menoscabo. Este delito se castiga con penas de entre 10 y 15 años de prisión. Pero a Vargas le mantuvo el de conspiración para cometer menoscabo, que se castiga con penas de entre 5 y 10 años de cárcel.
Healy fue electo presidente del Cosep en septiembre de 2020. Su antecesor, José Adán Aguerri, también está preso en la DAJ y condenado a 13 años de prisión por el delito de menoscabo a la integridad nacional. Aguerri estuvo al frente de la organización durante 13 años, en dicho periodo sirvió de interlocutor entre el gremio empresarial aglutinado en Cosep y Daniel Ortega, con quien mantenían una buena relación bajo el modelo de “diálogo y consenso”.
Pero, tras el estallido social de 2018 la relación se rompió y Healy, Vargas y Aguerri se integraron a la Alianza Cívica. Los tres participaron en la primera versión del diálogo nacional y eran miembros de comisiones encargadas de gestionar la liberación de los presos políticos.
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Con este juicio concluyen los procesos contra los presos políticos
Con el juicio conjunto contra Healy y Vargas concluyen los procesos contra 48 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre pasado. A todos los condenaron y les impusieron penas de entre 7 y 13 años de prisión, así como multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
A algunos ya los trasladaron a cárceles del Sistema Penitenciario Nacional; ocho permanecen bajo el régimen de casa por cárcel y 31 siguen en las celdas del nuevo Chipote y hasta ahora se desconoce dónde cumplirán sus condenas. A este grupo pertenecía el general en retiro y exguerrillero, Hugo Torres, quien falleció bajo custodia policial el pasado 12 de febrero.