El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, dijo que las empresas en Nicaragua están manos atadas, porque no tienen dónde entablar demanda contra abusos e invasiones de propiedades, debido a que los que deben ejecutar las leyes están controlados por el Gobierno y muestra de ello es que aún varias propiedades siguen tomadas.
Healy reaccionó así al ser consultado sobre la demanda esta semana de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica), que reclama al Gobierno transparencia en el proceso de expropiación de Tomza, de capital guatemalteco y que había invertido en el país cuatro millones de dólares en una planta procesadora de gas licuado.
“Exhortamos al Gobierno y las instituciones de justicia nicaragüenses a que se garantice el debido proceso y la aplicación de ley, que conlleve a la certeza jurídica para legitimar la protección de la inversión extranjera, la libre empresa y la propiedad privada”, dijo Fecaica. Esta a su reveló que el Gobierno ya traspasó a nombre del Estado la propiedad de Tomza, sin notificar al grupo de inversionistas.
En esa línea, Healy dijo que la Corte Suprema está alineada al Gobierno, al igual que la Procuraduría General de la República y la Fiscalía. “Cuando vos tenés todos los órganos nacionales o las diferentes entidades de Gobierno sesgadas, eso no permite y quita la seguridad jurídica que busca el inversionista”, reiteró. Cosep considera que definitivamente el Gobierno actúa de mala fe.
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Healy, quien aclaró que no conocían la situación de Tomza, cuya disputa data desde 2016, indicó que las violaciones jurídicas contra las empresas se han arreciado tras abril del 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega ordenó la invasión de decenas de propiedades, algunas de las cuales aún siguen tomadas a la vista y paciencia de las instituciones jurídicas del país.
“El problema que nosotros tenemos es que no hay a quién demandar, porque la gente que está metida en esas propiedades no puede ser demandada, porque esa gente recibe una orden y quién va a garantizar la reparación de las pérdidas de esa propiedad”, se cuestionó.
Inversiones están en veremos
Healy afirma que hay inversionistas que les han llamado porque tienen interés de invertir en Nicaragua, pero van a esperar a ver qué ocurre con el tema de las elecciones presidenciales.
“La inversión dependerá de la voluntad del gobierno que quede a partir de noviembre de 2021, porque al final de cuentas lo que el inversionista quiere es asegurarse de que si él va a demandar a un Estado por lo que le están haciendo en su contra, tratará con unas entidades que no estén sesgadas”.
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Healy dijo que desde antes del 2018 ya había quejas de invasiones de propiedades, pero los empresarios no encontraban justicia ni respuestas a sus demandas. “Había productores quejándose de que gente se estaba metiendo en sus tierras y los casos pasaron a la Procuraduría General de la República, porque nosotros le dábamos seguimiento desde Upanic (Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua) y esta entidad no emitía respuesta”, afirmó.
Recordó que tras el estallido sociopolítico, se tomaron unas 10,000 manzanas de más de 40 productores, de las cuales aún 4,900 siguen sin ser devueltas y pertenecen a productores nacionales y extranjeros.
“Nosotros siempre hemos sido firmes, no solo como Upanic (Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua), sino también como Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada) con todo lo que hemos visto, porque nos dimos cuenta que desde antes del 2018 había empresas que también tenían mil problemas”, sostuvo.
Más abusos
Healy declaró que también otra situación enfrentada por los empresarios ha sido la presión tributaria y aduanera de parte de la Dirección General de Impuestos, la Dirección General de Aduanas y las alcaldías. “También han hecho cosas que perjudican lo que es la seguridad jurídica de las empresas, entonces nosotros estamos totalmente en contra de esas situaciones”, señaló.
“El inversionista busca en principio la seguridad jurídica, pero también la facilitación de la tramitología. Cuando se recibe asedio o se está usando a las instituciones estatales para perjudicar empresas, eso es un mensaje negativo para el inversionista y estamos totalmente en contra de esa actitud que el Gobierno ha tomado en contra del sector privado”, precisó.
“La gente es bien delicada con sus inversiones y por eso es que has visto que la inversión se ha disminuido desde el 2017 hasta la fecha, que actualmente anda por los 117 millones de dólares. Hoy tenemos prácticamente entre el ocho y el diez por ciento de inversión extranjera directa, comparada con la que teníamos en el 2017, y eso es por la señal negativa de la crisis sociopolítica por un lado, pero también porque el inversionista no siente que hay seguridad jurídica en este país”, declaró.